Solicita Coddehum medias cautelares para líderes de UPOEG y sus familias

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) solicitó ayer al gobernador Ángel Aguirre Rivero su intervención para brindarle medidas cautelares a los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a sus respectivas familias, así como a los policías
ciudadanos integrantes de los grupos de autodefensa en el municipio de Ayutla de los Libres. La solicitud de la Coddehum hacia el gobernador Aguirre Rivero obedece a una petición expresa de los dirigentes de la UPOEG, organización que es encabezada por Bruno Plácido Valerio, quienes, según el documento que entregaron en el organismo defensor de los derechos humanos, consideran que sus vidas están en peligro a partir de los levantamientos armados en las comunidades de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villareal, Cuautepec y San Marcos. Por tal motivo, el presidente de la Coddehum solicitó formalmente al gobierno estatal proporcionar medidas cautelares consistentes en la implementación de medidas administrativas y legales necesarias para garantizar la protección del derecho a la vida e integridad física, moral, mental, patrimonial y social, así como a sus familiares con el fin de evitar algún daño de irreparables consecuencias. Asimismo, Alarcón Hernández solicitó al mandatario estatal que gire instrucciones a la procuradora general de Justicia del Estado, Martha Elva Garzón Bernal a efecto de que en el ámbito de su competencia se aboque a la investigación de los hechos que motivan la adopción de estas medidas cautelares, sobre todo en lo concerniente a las amenazas perpetradas en agravio de los dirigentes de la (UPOEG), con el fin de identificar a los responsables para que sean puestos a disposición del juez correspondiente para el deslinde de las responsabilidades penales, imponiendo las sanciones correspondientes. Alarcón Hernández pide también al gobierno estatal se brinde tratamiento médico y psicológico especializado que sea requerido por las víctimas directas e indirectas, de los hechos presuntamente delictivos por las personas aseguradas o resguardadas por los integrantes del movimiento ciudadano. (Baltazar Jiménez Rosales)