Desacata Consejo Estatal de Seguridad Pública una orden de la justicia federal

Desde hace dos años, el gobierno del estado, a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública ha incurrido en desacato a una orden del Tribunal Colegiado de Circuito al negarse reiterada y sistemáticamente a pagar un laudo laboral a favor de dos ex trabajadores de esa dependencia por un millón 300 mil pesos. La
denuncia la presentaron ayer en conferencia de prensa Pablo Cué Varela y Gonzalo Muñiz Rodríguez, quienes acompañados de su abogado, Rogelio Garay Campos, quienes señalaron que para evadir el pago del laudo, el Consejo Estatal de Seguridad Pública ha contado con la complicidad del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Los afectados con esta situación explicaron que fue en septiembre de 2005, en el periodo gubernamental de Zeferino Torreblanca Galindo que fueron despedidos de manera injustificada del Consejo Estatal de Seguridad Pública y en noviembre de ese mismo año interpusieron una demanda laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en contra de ese organismo. El proceso jurídico se llevó cinco años y en noviembre del 2010, el Tribunal Colegiado de Circuito falló a favor de los ex trabajadores, aunque a dos años y tres meses de distancia, aproximadamente, el Consejo Estatal de Seguridad Pública ha evadido el pago del millón 300 mil pesos correspondientes al laudo, a pesar de que se les ha cobrado tanto de manera amistosa como jurídica. Señalaron que como el Consejo Estatal de Seguridad Pública se niega a pagarles el laudo laboral, recurrieron a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), la cual después de analizar el caso dicto su recomendación 087/2012, en la cual “recomienda” al organismo pagarles a los ex trabajadores, aunque persisten en su actitud de no pagar. Incluso, indicaron a través de una orden judicial se ordenó el embargo de una cuenta bancaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública que contaba con un depósito de 80 millones de pesos, aunque en esa ocasión, el organismo estatal contó con la complicidad del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje toda vez que si bien hizo tal requerimiento al banco, envió el oficio de ejecución cinco días después, con lo que el Consejo Estatal de Seguridad Pública tuvo tiempo para retirar el dinero. En este sentido, el abogado de los ex trabajadores señaló que jurídicamente las etapas del proceso laboral están concluidas, por lo que el gobierno estatal está obligado a pagar el laudo, porque de lo contrario incurre en desacato a una orden federal. Finalmente, el abogado señaló que en unos días más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitirá una recomendación al respecto y evidenciará al gobierno, porque de nueva cuenta se ordenará el pago del laudo laboral. (Baltazar Jiménez Rosales)