60 Legislatura debe cimentar un marco jurídico acorde a la realidad: Gaspar B.

El diputado Antonio Gaspar Beltrán aseguró que actualmente la 60 Legislatura tiene la tarea de construir un nuevo marco jurídico que contribuya a fortalecer las acciones para concretar el estado de derecho que merecen los guerrerenses con mayor justicia, capacidad productiva, sin pobreza, ni marginación y, sobre
todo, con seguridad y paz social. Al ser cuestionado sobre los trabajos de reforma a la Constitución Política local, que realiza el Congreso, el legislador se pronunció por una reforma constitucional que garantice el respeto, oportunidades de trabajo, salud y educación para los guerrerenses, acorde a la realidad que se vive en la entidad. El legislador consideró que se necesita una transformación total a la Constitución en la que se incluyan las obligaciones que tiene la familia de formar ciudadanos de bien y el gobierno se comprometa a promover los valores humanos en la sociedad. El también presidente de la Mesa Directiva dijo que todos anhelan un país seguro, sin violencia y con oportunidades de una vida mejor, por eso, dijo, trabaja en las reformas necesarias para fortalecer las instituciones de acuerdo a la realidad de los guerrerenses, así como de la situación económica del Estado. “Para ello, los tres poderes del Estado y la sociedad en su conjunto trabajan para generar una dinámica que permita responder a las demandas más sentidas y los anhelos de los guerrerenses”, dijo. Agregó que la Constitución “nace de los anhelos de las clases populares como la justicia, igualdad y democracia y a pesar de sus múltiples reformas nuestra realidad la está rebasando por eso urge una nueva Constitución donde prevalezca lo más avanzado y se renueve aquello que no corresponde a los Sentimientos de la Nación”. En ese sentido, precisó que es urgente elevar a rango constitucional el derecho a la seguridad pública recogiendo las aportaciones y la opinión ciudadana que sobre este tema han dado los últimos acontecimientos, porque refirió que “defender la vida, la familia y el patrimonio no sólo es un derecho sino una obligación del Estado pero también del ciudadano”. Por eso aplaudió la iniciativa del Ejecutivo Estatal de instalar la Comisión para la armonía y el desarrollo de los pueblos indígenas, donde participan los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la entidad pero sobre todo las organizaciones sociales.