Ordena la CNDH al presidente de Iliatenco resarcir daños a un joven

A casi 4 años de que policías municipales de Iliatenco agredieron a balazos a un joven estudiante de secundaria causándole limitaciones para caminar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación para demandarle a ese municipio que le pague los gastos médicos, además
de que sancione administrativamente a los policías Manuel Guzmán Martínez, Luis Mosso Cantú y Germán Remigio Pacheco, e imparta capacitación a todo su personal para que este caso no se repita. La recomendación al municipio de Iliatenco es la número 83/2012, que fue emitida el 20 de diciembre del año que recién termino, y se desprende de la denuncia del joven indígena Silverio Oropeza Vicario, quien es originario de la comunidad de El Guayabo y fue agredido por policías municipales el 26 de marzo del 2009. De acuerdo con los antecedentes de la recomendación el 26 de marzo de 2009, Silverio se dirigía a la escuela cuando se encontró con unos policías preventivos municipales de Iliatenco, quienes le pidieron que se detuviera y comenzaron a revisar su mochila, “En el momento de la revisión, Silverio se percató de que uno de los policías sacó de su pantalón una hoja blanca y la introdujo a su mochila, posteriormente, el mismo policía sacó de su mochila los papeles doblados que él mismo había metido y que contenían unas hojas verdes secas, después los policías empezaron a golpear a Silverio, diciéndole que era un “narco estudiante” y que se lo llevarían detenido”. Agrega que después de haberlo golpeado, otro de los policías le ordenó a Silverio que corriera en dirección al río, pero éste no le obedeció por temor a que le dispararan, a pesar de ello otro de los policías empezó a empujarlo, en ese momento, un tercer policía le disparó sin acertar, y otro más le disparó nuevamente impactando al joven a la altura de la tibia de la pierna izquierda, por lo que Silverio cayó al suelo, los policías le ordenaron que se levantara, pero Silverio les dijo que no podía porque estaba gravemente herido, entonces los policías lo levantaron y lo llevaron en su patrulla al Centro de Salud de Iliatenco. Al llegar al Centro de Salud, el doctor que se encontraba en servicio únicamente le vendó la pierna y no le dio ninguna medicina para el dolor. Silverio se quedó en el hospital custodiado por los agentes de la Policía Municipal Preventiva de Iliatenco y estuvo sangrando de la herida durante toda la noche. Al día siguiente el padre y el hermano de Silverio lo trasladaron al Hospital de Tlapa de Comonfort, Guerrero, donde fue internado del 27 de marzo al 4 de abril del 2009, ahí fue atendido por un especialista en traumatología y fue sometido a una cirugía. El padre de Silverio, Antonio Oropeza, acudió meses después ante organizaciones de derechos Humanos pidiendo apoyo para acercarse a las autoridades de Iliatenco y exigir la reparación del daño, sin embargo en el municipio las autoridades se negaron argumentando que el médico que atendió a Silverio en el Centro de Salud de Iliatenco había determinado que la fractura expuesta de tibia que sufrió Silverio se debió a una caída desde dos metros de altura, ello a pesar de que el médico en el Hospital de Tlapa certificó que se trataba de una herida de bala. Ante la negativa, la víctima y sus representantes interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Guerrero, misma que tras las investigar los hechos emitió la recomendación 060/2010, en la que se demanda la reparación del daño e iniciar proceso administrativo contra los responsables, y aunque la recomendación fue aceptada formalmente nunca se informó de las acciones para cumplirla. Como parte de los argumentos de defensa que en su momento presentó el ayuntamiento, en el procedimiento de queja, el síndico municipal de Iliatenco informó que el día de la agresión, envió a los agentes de Seguridad Pública Manuel Guzmán Martínez, Luis Mosso Cantú y Germán Remigio Pacheco a la Escuela Secundaria Técnica número 73, porque había tenido diversos reportes de los maestros y del director de dicho plantel de que alguien vendía enervantes, Los policías añaden que cuando iban llegando a la Secundaria un sujeto que venía en la misma dirección se comportó de manera sospechosa y que cuando los vio, se detuvo dio vuelta y empezó a correr desesperadamente, en su huida se tropezó cuando quiso brincar unas piedras, lo que le causó una fractura, por lo que fueron a prestarle primeros auxilios al mismo tiempo procedieron a revisarlo y encontraron una bolsa de papel que envolvía aproximadamente 200 gramos de marihuana, al preguntarle por la hierba el muchacho respondió que el narcótico era para vender a sus compañeros, sin embargo los policías no realizaron el procedimiento correspondiente que en este caso debería haber sido la puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, lo que la CNDH considera que se vulneró los derechos del agraviado porque ello no le permitió tener una defensa jurídica. Finalmente la CNDH establece que su función no interfiere con los profesos de investigación y la persecución del delito, sin embargo estas acciones se deben realizar sin violentar los derechos humanos de ninguna persona. (Abel Miranda Ayala)

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