Magistrados del TSJ, contra el juicio comunitario a 44 detenidos en Ayutla
El juicio comunitario popular al que serán sometidas hoy las 44 personas detenidas por los ciudadanos levantados en armas en comunidades de los municipios costachiquenses de Ayutla, Tecoanapa y Cruz Grande es completamente ilegal, afirmaron los magistrados del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) Miguel Barreto Cedeño y Julio Lorenzo Jáuregui García. Entrevistados por separado, los dos magistrados señalaron que es indebido que el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) así como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) detengan, investiguen y además juzguen, porque se vuelven juez y parte, ya que esta es una facultad que le corresponde al Estado. Cabe recordar que el martes de esta semana, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, así como el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, informaron que será en una asamblea erigida en “Tribunal de Justicia Comunitaria”, que se llevará a cabo en la comunidad de El Mesón, municipio de Ayutla, en la que serán juzgadas las 44 personas detenidas por los ciudadanos levantados en armas en actitud de autodefensa contra la delincuencia organizada. Al respecto, tras señalar como ilegal este juicio, el Magistrado Miguel Barreto Cedeño, integrante de la Primera Sala Penal del Poder Judicial del estado, dijo que la facultad de someter a proceso a las personas que cometen algún tipo de delito es del Estado que está integrado por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por lo que con sus acciones estas organizaciones incurren en la violación de las garantías individuales de los detenidos. Con más claridad, señaló que con su actitud, la CRAC y la UPOEG “se están abrogando facultades que les corresponden a la policía como es la investigación, al Ministerio Público como es la integración de la averiguación previa, pero también están sustituyendo al juez porque están juzgando, y tengo entendido que quieren ejecutar la sentencia en lugar de la readaptación social”. En su oportunidad, el magistrado Julio Lorenzo Jáuregui García, integrante de la Primera Sala Civil del Poder Judicial, coincidió con Barreto Cedeño en que la CRAC y la UPOEG están incurriendo en una acción indebida, toda vez que “no puede existir dentro de un estado de derecho otro estado, por lo que no es legal la actuación” Precisó que son las instancias legalmente establecidas las que deben procurar e impartir justicia y sólo en caso de que éstas fallen entonces se les debe de fincar responsabilidades, pero lo que no pueden hacer los ciudadanos, aunque estén organizados es detener, investigar y ejecutar sentencias. (Baltazar Jiménez Rosales)
de Justicia (TSJ) Miguel Barreto Cedeño y Julio Lorenzo Jáuregui García. Entrevistados por separado, los dos magistrados señalaron que es indebido que el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) así como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) detengan, investiguen y además juzguen, porque se vuelven juez y parte, ya que esta es una facultad que le corresponde al Estado. Cabe recordar que el martes de esta semana, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, así como el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, informaron que será en una asamblea erigida en “Tribunal de Justicia Comunitaria”, que se llevará a cabo en la comunidad de El Mesón, municipio de Ayutla, en la que serán juzgadas las 44 personas detenidas por los ciudadanos levantados en armas en actitud de autodefensa contra la delincuencia organizada. Al respecto, tras señalar como ilegal este juicio, el Magistrado Miguel Barreto Cedeño, integrante de la Primera Sala Penal del Poder Judicial del estado, dijo que la facultad de someter a proceso a las personas que cometen algún tipo de delito es del Estado que está integrado por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por lo que con sus acciones estas organizaciones incurren en la violación de las garantías individuales de los detenidos. Con más claridad, señaló que con su actitud, la CRAC y la UPOEG “se están abrogando facultades que les corresponden a la policía como es la investigación, al Ministerio Público como es la integración de la averiguación previa, pero también están sustituyendo al juez porque están juzgando, y tengo entendido que quieren ejecutar la sentencia en lugar de la readaptación social”. En su oportunidad, el magistrado Julio Lorenzo Jáuregui García, integrante de la Primera Sala Civil del Poder Judicial, coincidió con Barreto Cedeño en que la CRAC y la UPOEG están incurriendo en una acción indebida, toda vez que “no puede existir dentro de un estado de derecho otro estado, por lo que no es legal la actuación” Precisó que son las instancias legalmente establecidas las que deben procurar e impartir justicia y sólo en caso de que éstas fallen entonces se les debe de fincar responsabilidades, pero lo que no pueden hacer los ciudadanos, aunque estén organizados es detener, investigar y ejecutar sentencias. (Baltazar Jiménez Rosales)
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