En Ayutla presentaron a 54 detenidos que serán enjuiciados el 22 de febrero

Exige dirigente de UPOEG, cese el hostigamiento oficial, “los políticos tuvieron su oportunidad y llevaron al fracaso al país” 

 Ayutla, Gro.- Líderes comunitarios de este municipio y de los de Tecoanapa, San Marcos y Florencio Villareal instalaron el Tribunal Popular para sólo presentar a 54 detenidos, entre estos cuatro mujeres y tres menores de edad, con lo que de hecho iniciaron el juicio en su contra por la presunta comisión de delitos
tales como asesinato, secuestro, extorsión y robo y asalto. Fue en el poblado El Mesón donde instalaron el Tribunal Popular, en un marco de extremas medidas de seguridad y con la participación de 500 asistentes, y cuando menos la mitad de estos armados, que en todo momento estuvieron a la expectativa. Únicamente presentaron públicamente a los 54 detenidos e informaron que será el 22 de febrero próximo cuando, en una segunda etapa, pero ahora en Tecoanapa, desahoguen el descargo de pruebas en contra y a favor de los presuntos delincuentes, para que posteriormente se reúnan por tercera ocasión para determinar si son culpables o inocentes. Entre los presentados estuvieron los padres, dos hermanos y la novia del sujeto identificado como “El Cholo”, presunto jefe de la plaza de la delincuencia en este municipio y en el vecino Tecoanapa. El sacerdote Mario Campos Hernández, fundador de la Policía Comunitaria e integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que opera desde hace 17 años en una decena de municipios de la Montaña y Costa Chica bajo el esquema de respeto a los usos y costumbres, advirtió que el pueblo está restableciendo el orden ante la omisión e indolencia de las autoridades. Y sostuvo que el gobierno pasado no consiguió revertir los efectos de la narcoviolencia a pesar del elevado número de muertos, el dinero invertido en materia de Seguridad y el impresionante despliegue de fuerzas federales, pero también lamentó que el gobierno de Enrique Peña Nieto siga con la misma estrategia fallida del ex presidente Felipe Calderón. Además, llamó a los pueblos del Estado y del país a organizarse para restablecer la paz y garantizar la seguridad, porque subrayó que es un derecho inalienable de los ciudadanos buscar formas de gobierno que les generen certeza y desarrollo. Otro que fue severo y directo, fue el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Placido Valerio. Exigió el cese del hostigamiento de las autoridades gubernamentales, porque –destacó- los políticos tuvieron su oportunidad para restablecer la paz y la justicia, pero “llevaron al fracaso a la entidad y el país”. Y acusó que la complicidad entre autoridades y delincuentes fue el detonante del hartazgo ciudadano en esta zona de la entidad, y se pronunció porque los pueblos permanezcan armados y organizados para establecer un sistema de seguridad pública y aplicación de justicia con base en usos y costumbres de los propios pueblos. No dejó de llamar la atención la participación de un ciudadano extranjero, presuntamente de origen francés, quien se asumió como “coordinador de medios de comunicación” del movimiento de autodefensa armada de Ayutla, quien se dedicó a recabar datos de los reporteros y pretendió que le dejaran una copia del material fotográfico, de video y audio. Pero lo que dejó atónitos a todos, fue la narración de un niño de apenas 12 años de edad, que se entregó a la Policía Comunitaria. Contó que se involucró con un amigo de la delincuencia organizada y que lo entrenaban para sicario. Aseguró que fue testigo de asesinatos y hasta del caso de un descuartizado, al que primero le cortaron con cuchillos los dedos de las manos, luego los de los pies; enseguida brazos y piernas, la cabeza y otras partes. Los asistentes no daban crédito a lo que contaba en el Tribunal Popular, con aplomo, decidido. Se decidió regresarlo a su familia para que lo reeduquen. Considerando que comprobó su arrepentimiento de unirse a la delincuencia organizada. (www.agenciairza.com)