Crearán en Costa Chica un Tribunal Popular para “juzgar” a delincuentes

La dirigencia del llamado Movimiento Contra la Delincuencia Organizada formado en los municipios de Ayutla, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala, acordaron con el Gobierno del Estado emprender acciones conjuntas para erradicar la delincuencia de la zona, y evitar que los civiles que se
han armado caigan en acciones que pudieran ser consideradas fuera de la legalidad, a pesar de ello anunciaron que los retenes que se han instalado en carreteras de estos municipios, se mantendrán de manera indefinida. El grupo de habitantes de la Costa Chicas estuvo encabezado por el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, quien refirió que hasta ayer sumaban 28 personas detenidas en los filtros de seguridad por delitos diversos, mismos que permanecerán a disposición de los grupos comunitarios en tanto se determina como actuarán con ellos, sin embargo se aclaró que en este momento estos detenidos se encuentran en una comunidad alejada de la cabecera municipal de la que no se revelará el nombre por motivos de seguridad. Bruno Plácido explicó que la coordinación con el gobierno estatal implica que el problema de la inseguridad se va a resolver de manera más integral, "porque, además, tiene que ver con transportistas, comerciantes, maestros y ciudadanos en general, por eso es importante el acuerdo de que actuemos en coordinación para resolver el problema ", manifestó. Agregó que otro de los acuerdos fue el establecimiento de mesas de trabajo para ir evaluando las acciones coordinadas que se van a realizar entre el Gobierno del Estado y el Gobierno federal con las comunidades. El dirigente agregó que en la reunión con los funcionarios estatales no se acordó levantar los retenes y que tampoco determinaron entregar a los detenidos que hasta ayer sumaban 28, sino que se acordó que se va a revisar su situación jurídica y que se va a buscar un mecanismo para que declaren, pero insistió que la situación legal de los presos se resolverá posteriormente, sin que se caiga en situaciones ilegales por parte de los pueblos que participan en el movimiento. El dirigente social, demandó, por otra parte al gobierno estatal que convoque a los presidentes municipales a que se sumen a estas acciones de los ciudadanos, "porque ellos se están haciendo ajenos a pesar de que manejan un recurso para la seguridad". También dijo que en la reunión pidieron a los funcionarios que llamen a cuentas a los maestros, transportistas, comerciantes y ganaderos, "porque alguien está pasando la información a la delincuencia para que después sean extorsionados, también hay doctores que están curando a los delincuentes ilegalmente, por eso es que demandamos al gobierno que se revise toda esta situación de manera más integral. Informó que aprovechando la coyuntura, el movimiento va a reconstruir el tejido social mediante un procedimiento que partirá desde la familia, además de que se va a revisar el funcionamiento de las autoridades comunitarias, como los comisarios municipales y agrarios, el funcionamiento de los síndicos que se están haciendo ajenos a este movimiento. Con miras a ello informó que se está construyendo un Tribunal Popular para discutir públicamente la situación en que se encuentra cada pueblo y cada municipio. También agregó que parte de su función será la determinación de la situación legal de los detenidos, "para que nadie por temor se haga ajeno, porque hay gente que saben lo que están haciendo pero se hacen ajenos y yo creo que ya es tiempo de romper con este mundo de males y simulaciones", dijo. (Abel Miranda Ayala)