Que la tortura sea delito grave y además “imprescriptible”: Alarcón

En los últimos 12 años, la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) emitió un total de 56 recomendaciones por actos de tortura, por lo cual el presidente de este organismo, Juan Alarcón Hernández, solicitó ayer al Congreso local reforme el Código Penal para
tipificar este tipo de prácticas como un delito grave, pero además, que sea “imprescriptible”. El ombudsman guerrerense sostuvo ayer una reunión con las comisiones unidades de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso local, en la cual hizo tal planteamiento. Alarcón Hernández justificó su propuesta en el hecho de que de 1990 a la fecha, la Coddehum giró un total de 56 recomendaciones por actos de tortura, de los cuales 47 fueron contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); seis contra la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, y tres más contra la Defensoría de Oficio del gobierno del estado. Señaló que actualmente el delito de tortura sí está contemplado por la ley de la Coddehum, sin embargo, el problema estriba en que los agentes del Ministerio Público se niegan a aplicarla, por el hecho de que no está tipificada por el Código Penal y de Procedimientos penales. Por lo anterior, solicitó a los diputados locales integrantes de las dos comisiones legislativas, reformar el Código Penal y tipificar la tortura como delito grave, pero además que sea “imprescriptible”, con el fin de que quienes incurran en este tipo de prácticas no salgan bajo fianza, pero que además puedan ser castigados aun años después de que lo hayan cometido. Asimismo, Alarcón Hernández pidió a los legisladores “rescatar” la iniciativa que durante la legislatura pasada envío al Congreso local en la que proponía que el presidente de la Coddehum esté en el cargo por un periodo determinado, pero además que sea el Congreso del Estado el que lo designe y no el titular del Ejecutivo. Recordó además que esa iniciativa incluso “quedó de primera lectura”, pero no concluyó el trámite legislativo por órdenes “del entonces gobernador”, Zeferino Torreblanca Galindo, quien quería imponer a su sucesor en el cargo. (Baltazar Jiménez Rosales)

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