Policías Comunitarios “también practican la tortura”, denuncian

Delegados, coordinadores y funcionarios de la Policía Comunitaria, brazo armado de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), también practican la tortura en contra de indígenas que someten a procesos de reeducación, pero cuentan con el respaldo del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan y de algunos medios de comunicación estatal, denuncian. Una vez que llegó al Congreso local el tema de la tortura, y ante una serie de cuestionamientos en contra de agentes ministeriales y militares por ejercer esta práctica (la tortura), grupos de indígenas de la Montaña y la Costa Chica, precisamente del municipio de San Luis Acatlán, donde tiene su origen la Policía Comunitaria, denunciaron hechos de este tipo y coincidieron en demandar en que sea tipificado como delito grave y doloso. Paulina Maldonado Catalán y Anastasia Reyes Vázquez de la comunidad de Pueblo Hidalgo municipio de San Luis Acatlán, precisaron que hasta el momento, han detectado más violaciones y actos de tortura cometidos por los coordinadores de la CRAC o delegados de la Policía Comunitaria, quienes violan los derechos humanos de los indígenas y gozan de total impunidad. Narraron que “cuando esos coordinadores amparados en las asambleas de las comunidades someten a los indígenas a los denominados “procesos de reeducación”, es en estos donde se da la tortura, porque tienen a las personas sin probar alimento, no les dan ni agua, a otros los encierran en cuartos oscuros y reducidos para que confiesen “sus crímenes”, los someten a trabajos forzados; no respetan mujeres, niños y mujeres con niños pequeños, ellos agarran parejo y los encierran”. Como ejemplo mencionaron un caso que se dio el año pasado, cuando delegados de la CRAC retuvieron a dos compañeras mujeres en relación a un fraude de la casa prestamista “Chinde Etanyo”, donde aparte de torturas, sufrieron acoso sexual porque eran mujeres jóvenes, y nadie hizo nada. Ambas denunciantes coincidieron en exigir, que desde el Congreso local, se debe impulsar que el delito de tortura sea calificado como grave y doloso, pero que también contemplen castigar a los delegados y representantes de la CRAC que han incurrido en este tipo de práctica y que hasta el momento dichos agravios cometidos en contra de los indígenas de las costas y la montaña, siguen en la impunidad, además de que esta policía cuenta con el respaldo de Tlachinollan que se dice defensor de los derechos de los indígenas. (NOTYMAS)