Libran orden de aprehensión contra 19 federales por el “caso Ayotzinapa”
Un juez federal ordenó su captura por delitos cometidos durante
el desalojo del 12 de diciembre de 2011, al sur de Chilpancingo
Un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de 19 elementos de la Policía Federal, por delitos cometidos durante el desalojo de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el 12 de diciembre del año pasado en la Autopista del Sol, a la altura del Parador del
Marqués, al sur de esta capital. De acuerdo a información publicada ayer en el portal del periódico El Universal, los cargos que enfrentarán los 19 policías federales son falsedad en declaraciones —ya que negaron haber disparado sus armas, pero los peritajes demostraron que sí lo hicieron—, ejercicio indebido del servicio público, lesiones y abuso de autoridad. Los delitos que se imputan a los 19 policías federales se derivaron de su intervención durante el bloqueo a la Autopista del Sol que realizaron los estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, que derivó en un enfrentamiento en el que murieron a balazos los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, además de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, empleado de una gasolinera y del periódico Diario de Guerrero, como consecuencia de que un estudiante prendió fuego a una de las bombas expendedoras de gasolina. Por ese hecho, el Ministerio Público Federal integró la averiguación previa PGR/DGCAP/ ZCB-v/ 016A12012 y después de un año se encontraron elementos suficientes para ejercitar la acción penal contra los policías federales, por lo que el Juzgado Primero de Distrito en Guerrero, libró las órdenes de aprehensión en contra de los 19 policías federales el 23 de noviembre. La nota menciona que hasta el momento se había procedido penalmente sólo contra funcionarios y policías locales, aunque desde abril pasado al presentar su informe final del Caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar también los posibles delitos cometidos por los elementos de la PF. Señala que el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, reveló en ese momento que de los 168 policías que participaron en el operativo, 91 portaban armas de fuego, de los cuales 59 pertenecían a la División de Fuerzas Federales. La información que los peritajes químicos realizados por la propia PGR determinaron que 22 armas que fueron disparadas el día de los hechos —del tipo G-3, Bushmaster, Panther y nueve no identificadas— pertenecían a los agentes adscritos a la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal. Total que a casi un año de los hechos, la PGR recabó las evidencias suficientes para consignar y obtener las órdenes de aprehensión contra los 19 policías federales a 15 de los cuales se les imputa el delito de falsedad en declaración ante autoridad distinta a la judicial, ya que en su primera declaración aseguraron que ninguno de ellos disparó sus armas de cargo durante el operativo, ese 12 de diciembre de 2011. Ante el Ministerio Público de la Federación los ahora acusados afirmaron que “se mantuvieron replegados y a una distancia lejana al lugar donde sucedieron los hechos, y no haber tenido participación alguna en los mismos”. Sin embargo, con base en los dictámenes periciales realizados por los expertos de la PGR “se estableció que sí habían disparado sus armas de fuego”, por lo que cometieron un delito al desvirtuar los hechos. Los 19 federales también son acusados por el delito de ejercicio indebido del servicio público, ya que se determinó que “se presentaron al lugar de los hechos portando las armas de fuego a su cargo, y las accionaron contra los manifestantes; además, tampoco preservaron el lugar de los hechos y omitieron en todo momento lo establecido en los protocolos de la policía que se deben aplicar en caso de manifestaciones multitudinarias”. A otros tres federales se les acusó también de abuso de autoridad, contra los estudiantes, ya que “en el lugar de los hechos al detener a algunos de los manifestantes, ejercieron violencia contra los mismos, no obstante que ya estaban sometidos”. Uno de los agentes también fue señalado por la PGR como presunto responsable del delito de lesiones, toda vez que al disparar al aire su arma de cargo hirió a un elemento de seguridad de la Casa de Gobierno del Estado. (Redacción)
Un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de 19 elementos de la Policía Federal, por delitos cometidos durante el desalojo de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el 12 de diciembre del año pasado en la Autopista del Sol, a la altura del Parador del
Marqués, al sur de esta capital. De acuerdo a información publicada ayer en el portal del periódico El Universal, los cargos que enfrentarán los 19 policías federales son falsedad en declaraciones —ya que negaron haber disparado sus armas, pero los peritajes demostraron que sí lo hicieron—, ejercicio indebido del servicio público, lesiones y abuso de autoridad. Los delitos que se imputan a los 19 policías federales se derivaron de su intervención durante el bloqueo a la Autopista del Sol que realizaron los estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, que derivó en un enfrentamiento en el que murieron a balazos los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, además de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, empleado de una gasolinera y del periódico Diario de Guerrero, como consecuencia de que un estudiante prendió fuego a una de las bombas expendedoras de gasolina. Por ese hecho, el Ministerio Público Federal integró la averiguación previa PGR/DGCAP/ ZCB-v/ 016A12012 y después de un año se encontraron elementos suficientes para ejercitar la acción penal contra los policías federales, por lo que el Juzgado Primero de Distrito en Guerrero, libró las órdenes de aprehensión en contra de los 19 policías federales el 23 de noviembre. La nota menciona que hasta el momento se había procedido penalmente sólo contra funcionarios y policías locales, aunque desde abril pasado al presentar su informe final del Caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar también los posibles delitos cometidos por los elementos de la PF. Señala que el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, reveló en ese momento que de los 168 policías que participaron en el operativo, 91 portaban armas de fuego, de los cuales 59 pertenecían a la División de Fuerzas Federales. La información que los peritajes químicos realizados por la propia PGR determinaron que 22 armas que fueron disparadas el día de los hechos —del tipo G-3, Bushmaster, Panther y nueve no identificadas— pertenecían a los agentes adscritos a la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal. Total que a casi un año de los hechos, la PGR recabó las evidencias suficientes para consignar y obtener las órdenes de aprehensión contra los 19 policías federales a 15 de los cuales se les imputa el delito de falsedad en declaración ante autoridad distinta a la judicial, ya que en su primera declaración aseguraron que ninguno de ellos disparó sus armas de cargo durante el operativo, ese 12 de diciembre de 2011. Ante el Ministerio Público de la Federación los ahora acusados afirmaron que “se mantuvieron replegados y a una distancia lejana al lugar donde sucedieron los hechos, y no haber tenido participación alguna en los mismos”. Sin embargo, con base en los dictámenes periciales realizados por los expertos de la PGR “se estableció que sí habían disparado sus armas de fuego”, por lo que cometieron un delito al desvirtuar los hechos. Los 19 federales también son acusados por el delito de ejercicio indebido del servicio público, ya que se determinó que “se presentaron al lugar de los hechos portando las armas de fuego a su cargo, y las accionaron contra los manifestantes; además, tampoco preservaron el lugar de los hechos y omitieron en todo momento lo establecido en los protocolos de la policía que se deben aplicar en caso de manifestaciones multitudinarias”. A otros tres federales se les acusó también de abuso de autoridad, contra los estudiantes, ya que “en el lugar de los hechos al detener a algunos de los manifestantes, ejercieron violencia contra los mismos, no obstante que ya estaban sometidos”. Uno de los agentes también fue señalado por la PGR como presunto responsable del delito de lesiones, toda vez que al disparar al aire su arma de cargo hirió a un elemento de seguridad de la Casa de Gobierno del Estado. (Redacción)
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