Fue de dientes pa’fuera el apoyo a los 6 estudiantes de veterinaria

Familiares de seis jóvenes estudiantes de la Unidad Académica de Veterinaria y Zootecnia que el 13 de septiembre fueron detenidos en un operativo de la Policía Federal, bajo sospecha de ser responsables del asesinato de 16 personas y que posteriormente fueron liberados por falta de
elementos para procesarlos, instalaron ayer un plantón en la puerta de la residencia oficial Casa Guerrero para pedir al gobernador que cumpla el ofrecimiento de apoyo para el pago del abogado que los salvó de la prisión. Jesús Alarcón Juárez, padre de uno de los jóvenes inmiscuidos en este asunto, indicó que en el momento más álgido del problema se reunieron con el gobernador Angel Aguirre Rivero, y este les ofreció apoyo económico para que pudieran ofrecerle a sus hijos una debida asistencia legal, es decir se ofreció a pagar los honorarios del abogado, sin embargo el recurso nunca llegó. Comentó que adeudan al abogado 60 mil pesos por cada uno de los jóvenes que fueron defendidos, lo que no han podido pagar, por ello mantiene la solicitud de que sea el Gobierno del Estado quien le pague al litigante. Sobre la situación legal de los estudiantes indicó que la liberación que hizo el Ministerio Público Federal fue libertad bajo reservas de ley, lo que no los deja completamente convencidos, pues creer haber demostrado su plena inocencia “y deberían estar completamente libres de todo cargo”. Los jóvenes regresaron a clases y se han puesto al corriente del avance de sus compañeros, por lo que esperamos concluyan satisfactoriamente su carrera”, comentó el padre de familia. Los estudiantes fueron detenidos el 13 de septiembre y se les relacionó con la aparición, ocurrida días antes, de 16 cadáveres en la región de Tierra Caliente donde tiene su sede la escuela a la que asisten. Permanecieron unos días en una Casa de Arraigo, en la Ciudad de México de la cual fueron liberados por falta de elementos para procesarlos, dado que el día de su detención ellos regresaban de un rancho ubicado en el municipio de San Miguel Totolapan, al que acudieron a realizar trabajo de campo con ganado Bovino. A su regreso fueron interceptados por el convoy de patrullas que los detuvieron al sospechar que eran miembros de una banda delincuencial y por ello los turnaron ante el Ministerio Público Federal, quien para perfeccionar la investigación solicitó un arraigo. En defensa de los estudiantes, en Chilpancingo se organizaron diversas marchas de protesta, y se demandó la intervención de autoridades estatales y universitarias, quienes en su momento se comprometieron con apoyar pero ahora se ha dejado ver que incumplieron, por ello los familiares mantiene una deuda global de 360 mil pesos. (Abel Miranda Ayala)