El delito de tortura también debe aplicarse a la Policía Comunitaria

Las sanciones por tortura no sólo deben aplicarse a los integrantes del Ejército o a los elementos policiacos, sino también a los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y su brazo ejecutor la Policía Comunitaria, consideró el coordinador de la Liga de
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo. Por tal motivo, el también diputado local dijo que en breve propondrá una serie de iniciativas de reformas al Código Penal para que incluso particulares puedan ser castigados por ese delito. Lo anterior viene a colación, porque hace unos días, sin tener facultades para ello, el Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de Ley para tipificar como delito grave a la tortura. Al respecto, Romero Sotelo calificó como “protagónica” la actitud del dirigente de “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández, ya que a pesar de que sabe perfectamente que no tiene facultades para presentar una iniciativa de ley, acudió al Congreso local y lo hizo, cuando lo adecuado hubiera sido presentarla a través de algún diputado o del titular del Ejecutivo Estatal. Pero además, consideró, tal y como está tipificado el delito de tortura por el Código Penal se encuentra muy acotado, porque únicamente se aplicaría a elementos policiacos. Por lo anterior, dijo que en breve él propondrá reformas a la ley para que el delito de la tortura vaya más allá, “tenga mayores alcances” con el fin de que no nada más sean castigados los elementos de las diversas corporaciones policiacas, ya que no son los únicos que recurren a ese tipo de prácticas. En este sentido, añadió que propondrá que también sean castigados por este delito tanto particulares como los dirigentes de la CRAC y la Policía Comunitaria que recurrentemente incurren en la tortura. A manera de ejemplo, citó que desde hace un año, un campesino de la comunidad de Yoloxóchitl, municipio de San Luis Acatlán, está siendo torturado por parte de la CRAC, ya que a pesar de su precario estado de salud, toda vez que ya vomita y defeca sangre, está siendo sometido a trabajos comunitarios forzados. Incluso comentó que él personalmente ya denunció este caso ante el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, quien le respondió que no puede actuar, porque el organismo a su cargo no tiene facultades sobre la CRAC ni la Policía Comunitaria, ya que no es una autoridad legalmente constituida. Finalmente, Romero Sotelo apuntó que este caso justifica plenamente su próxima iniciativa de ley que buscará que el delito de tortura sea aplicable también a toda persona física o moral, a la CRAC y a la Policía Comunitaria. (Baltazar Jiménez Rosales)