Busca el gobierno combatir corrupción e impunidad mediante Código de Ética

*La intención es eliminar los actos de arbitrariedad y discrecionalidad en la toma de decisiones y el uso de los recursos públicos: contralor 

Baltazar Jiménez Rosales 

La Contraloría General del Estado comenzó desde hace algunos días a difundir entre los trabajadores del gobierno estatal el Código de Ética al que deberán sujetarse los servidores públicos de la administración pública, tanto de la administración central como de los organismos públicos
descentralizados. El titular del órgano fiscalizador, Julio César Hernández Martínez, destacó que la intención es recuperar la confianza ciudadana, combatir la impunidad y la corrupción en el manejo de los recursos públicos, y generar una mayor eficiencia y eficacia en la función pública. Las reglas de este Código de Ética, destacó el funcionario estatal, garantizan que los servidores públicos se conduzcan y administren los recursos del gobierno estatal conforme a los principios y valores éticos. Señaló que con el fin de difundir plenamente este Código de Ética de los servidores públicos del gobierno estatal, personal de la Dirección General de Transparencia y los comisarios públicos de los OPD’s han impartido más de 43 pláticas de sensibilización relativas a los principios constitucionales e institucionales, y virtudes cotidianas contenidas en el Código de Ética, a las que asistieron 4 mil 211 servidores públicos. Indicó que el Código de Ética del gobierno del estado, “define la dirección institucional a través de un conjunto de principios, valores y conductas éticas que permiten respetar las reglas laborales y normas jurídicas dispuestas para que el servidor público conduzca su actuación en un sentido recto mientras permanece desempeñando el cargo que le ha sido conferido”. El objetivo, remarcó, es eliminar los actos de arbitrariedad y discrecionalidad en la toma de decisiones y en el uso de los recursos públicos y generar un ambiente de comunicación y confianza del ciudadano hacia el servidor público y las instituciones, para que en un clima de cordialidad florezcan todas las actividades políticas, económicas y sociales. Busca también combatir la amenaza que significa la corrupción para la gobernanza, el desarrollo sustentable y los procesos democráticos, por ello debe existir una estrecha relación entre el desempeño del servidor público y su obligación de informar sobre el uso y destino de los recursos públicos”. “Luchar contra la corrupción supone evitar el uso de recursos públicos para fines privados, es decir, mayores recursos para llevar a cabo los programas gubernamentales, y menores niveles de discrecionalidad de los servidores públicos”. Finalmente indicó que la intención también es combatir la impunidad “que es un problema que está ligado a la corrupción, y es lo que verdaderamente daña la estabilidad y seguridad de un país”.