Despidieron a 10 funcionarios de la PGJE, por no aprobar exámenes de confiabilidad
El gobierno federal habría retenido más de 50 millones de pesos al gobierno de Guerrero, porque este último ha incumplido con los procesos de depuración al interior de las corporaciones policiacas, en las que se mantiene trabajando elementos que no aprobaron satisfactoriamente los exámenes de
certificación y confianza. El problema principalmente radica en una decena de empleados de la Procuraduría General de Justicia entre los que se encuentran ocho fiscales regionales, mismos que no aprobaron los exámenes que se les practicaron en el año 2009, por lo tanto debieron ser dados de baja en el 2010, pero de manera irregular les practicaron nuevos exámenes que si aprobaron y por ello ya no fueron despedidos. Sobre el tema no se logró obtener ninguna postura oficial de parte de la procuraduría estatal, sin embargo de manera extraoficial se supo que por este motivo se despidieron hace un par de semanas a casi un centenar de policías del estado, pero también en esa corporación falta que se retire a jefes y mandos medios que tampoco aprobaron el proceso de certificación. La fuente indicó que el pasado viernes los 10 empleados de la procuraduría estatal habrían sido notificados del despido sin embargo ello no pudo ser corroborado e incluso vía telefónica el subprocurador Fernando Monreal Leyva, confirmó a reporteros que todos los fiscales se encontraban trabajando de forma regular. En el grupo de quienes no aprobaron el proceso de certificación también se encuentran la mayoría de los agentes del ministerio público, quienes al igual que los fiscales regionales demandaron una indemnización acorde a su antigüedad, y un número no especificado de los funcionarios demandó que se les reubique en otras áreas administrativas. Sin embargo, trascendió también que el gobierno federal giró un boletín de prensa en donde advirtió que dichos funcionarios no podrán ocupar cargos en el área de la seguridad pública en el Estado de Guerrero, al grado de que había condicionado la entrega de más de 50 millones de pesos, destinados a la certificación de la seguridad pública y de la procuración de justicia, hasta que todos los elementos que no aprobaron los procesos sean separados y sus lugares los ocupen personas que si sean confiables. (Abel Miranda Ayala)
certificación y confianza. El problema principalmente radica en una decena de empleados de la Procuraduría General de Justicia entre los que se encuentran ocho fiscales regionales, mismos que no aprobaron los exámenes que se les practicaron en el año 2009, por lo tanto debieron ser dados de baja en el 2010, pero de manera irregular les practicaron nuevos exámenes que si aprobaron y por ello ya no fueron despedidos. Sobre el tema no se logró obtener ninguna postura oficial de parte de la procuraduría estatal, sin embargo de manera extraoficial se supo que por este motivo se despidieron hace un par de semanas a casi un centenar de policías del estado, pero también en esa corporación falta que se retire a jefes y mandos medios que tampoco aprobaron el proceso de certificación. La fuente indicó que el pasado viernes los 10 empleados de la procuraduría estatal habrían sido notificados del despido sin embargo ello no pudo ser corroborado e incluso vía telefónica el subprocurador Fernando Monreal Leyva, confirmó a reporteros que todos los fiscales se encontraban trabajando de forma regular. En el grupo de quienes no aprobaron el proceso de certificación también se encuentran la mayoría de los agentes del ministerio público, quienes al igual que los fiscales regionales demandaron una indemnización acorde a su antigüedad, y un número no especificado de los funcionarios demandó que se les reubique en otras áreas administrativas. Sin embargo, trascendió también que el gobierno federal giró un boletín de prensa en donde advirtió que dichos funcionarios no podrán ocupar cargos en el área de la seguridad pública en el Estado de Guerrero, al grado de que había condicionado la entrega de más de 50 millones de pesos, destinados a la certificación de la seguridad pública y de la procuración de justicia, hasta que todos los elementos que no aprobaron los procesos sean separados y sus lugares los ocupen personas que si sean confiables. (Abel Miranda Ayala)
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