CNDH protege a la Policía Federal del caso Ayotzinapa; López Rosas

Al revivir la recomendación hacia los ex funcionarios estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pervierte la investigación del caso Ayotzinapa, e intenta proteger a la Policía Federal de su participación en la muerte de los normalistas, Jorge Alexis Herrera y Gabriel
Echeverría, acusó el ex procurador de Guerrero, Alberto López Rosas. Afirmó que la recomendación de la CNDH solo es una cortina de humo con el propósito de alejarlo de la aspiración de justicia, para los verdaderos culpables. Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reenviara la recomendación al congreso local para que inicie una investigación en torno al desalojo de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, por elementos policiales, donde dos normalistas perdieron la vida. Que de comprobarse que fueron policías estatales los responsables, iniciar con el proceso de juicio político contra el ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alberto López Rosas, y el ex secretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte Borja. López Rosas indicó que el caso Ayotzinapa ha sido pervertido y que el juicio político contra él y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja es con el propósito de desviar la atención, por lo que la recomendación es una aberración con el propósito de centrar en las autoridades de Guerrero la responsabilidad. Tras la muerte de Jaime Galván Rodríguez alias “El Diablo” único testigo protegido por la fiscalía del estado sobre el caso de Ayotzinapa, López Rosas indicó que perjudica y pierde fuerza la investigación, la cual hasta el momento no está concluida porque no se ha castigado a los verdaderos culpables de los homicidios. En cuanto a la prorroga que solicitó la Comisión Instructora de 10 días para emitir un dictamen de la recomendación que envió la CNDH al congreso local en la investigación del caso Ayotzinapa, López Rosas se dijo preparado para el dictamen, sobre todo porque le dará la oportunidad de mostrar todos los elementos que tiene de su inocencia. López Rosas calificó como injusta, ofensiva, agresiva y temeraria la recomendación que emitió la CNDH, sobre todo para las conclusiones de Guerrero porque existe una impunidad respecto a la corporación federal que participó en los hechos del 12 de diciembre del 2012, corporación de la cual no hay ningún detenido. Responsabilizó al ex encargado de despacho de la fiscalía estatal, Juan Manuel Herrera Campos, de haberse prestado para maniobrar la investigación, “porque hubo complicidad del ex fiscal con algunos de la federación”. También acuso a los abogados del Centro de Derechos Humanos de Tlalchinollan de quienes dijo se dedicaron a desviar la atención del caso, de manera pretenciosa y vengativa centrando todos sus reclamos en las autoridades estatales, cuando la federación es la responsable de la muerte de los dos estudiantes. Indicó que la recomendación de la CNDH carece de sustento moral, lo cual se requiere para hacer una encomienda, pidió al Congreso local actué en defensa de las instituciones del estado. El ex procurador afirmó confiar en la nueva legislatura, ya que la anterior estaba bajo presión para emitir algún dictamen, sobre todo cuando hasta el momento no hay nadie en particular que haga algún señalamiento contra los ex funcionarios estatales de un hecho en concreto. López Rosas aseguró que hasta estos momentos la CNDH no ha sometido a peritaje los videos, fotos y pruebas presentadas de la responsabilidad de cada corporación y el uso que hicieron los federales de sus armas. Recordó que tiene un amparo ganado, por lo que hasta el momento continúa la interrogante de quien fue el responsable de los hechos del 12 de diciembre, donde la investigación tendrá que escalar y quedar al descubierto los que la federación ha pretendido esconder de bajo de la alfombra. Del mismo modo López Rosas dijo que se espera que la investigación quede aclarada antes de que culmine la administración del gobierno federal ya que no se pueden esperar que la justicia esté sujeta al vaivén de un sexenio, de lo contrario sería un pésimo mensaje el que se tenga que depender de los sexenios para la aplicación de justicia (ANG).

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