J. Alarcón: la Federal detiene sin comprobar hechos reales
La Policía Federal Preventiva realiza detenciones “sin comprobar hechos reales”, expresó tajante el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, tras demandar a las corporaciones policiacas frenar sus abusos y detenciones contra
estudiantes a quienes no se les han comprobado los ilícitos por los cuales se les acusa. De manera particular, el ombudsman se refirió a la detención de seis estudiantes de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva, por su presunta participación en la ejecución de 16 personas. Sin embargo, dijo que en este tipo de casos también encaja la detención de Benito Agustín Chavarría, sobrino del extinto Armado Chavarría Barrera, acusado de tener nexos con la delincuencia organizada. Acerca del caso de la detención de los estudiantes universitarios Jesús Antonio Moreno Román, Juan Andraca Escalante, Lucio Sandoval Molina, José Luis Dealmonte Díaz, Ricardo Muñoz Arzate y Alán Francisco Alarcón García, por parte de policías federales, Alarcón Hernández indicó que el pasado 17 del presente mes compareció ante la Coddehum el padre del último de los mencionados, Jesús Alarcón Juárez. El presidente de la Coddehum fue enfático al señalar que los elementos de la Policía Federal han “realizado detenciones sin comprobar hechos reales” ya que está comprobado que los seis estudiantes “iban a una práctica veterinaria del ganado de una persona de la región de la Tierra Caliente cuando fueron detenidos”. Y agregó: “Los investigaron, los registraron, les recogieron sus teléfonos celulares y demás pertenencias, y según expresan ellos, les sembraron un paquete de marihuana y algunas armas”. Precisamente por este motivo es que se dio entrada a la queja, indicó Alarcón Hernández quien abundó que en el expediente integrado en la Coddehum se dio constancia que los seis universitarios fueron golpeados, y que fueron víctimas de siembra de marihuana y armas. Sin embargo, como la queja es presentada en contra de autoridades federales, el expediente fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (Baltazar Jiménez Rosales)
estudiantes a quienes no se les han comprobado los ilícitos por los cuales se les acusa. De manera particular, el ombudsman se refirió a la detención de seis estudiantes de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva, por su presunta participación en la ejecución de 16 personas. Sin embargo, dijo que en este tipo de casos también encaja la detención de Benito Agustín Chavarría, sobrino del extinto Armado Chavarría Barrera, acusado de tener nexos con la delincuencia organizada. Acerca del caso de la detención de los estudiantes universitarios Jesús Antonio Moreno Román, Juan Andraca Escalante, Lucio Sandoval Molina, José Luis Dealmonte Díaz, Ricardo Muñoz Arzate y Alán Francisco Alarcón García, por parte de policías federales, Alarcón Hernández indicó que el pasado 17 del presente mes compareció ante la Coddehum el padre del último de los mencionados, Jesús Alarcón Juárez. El presidente de la Coddehum fue enfático al señalar que los elementos de la Policía Federal han “realizado detenciones sin comprobar hechos reales” ya que está comprobado que los seis estudiantes “iban a una práctica veterinaria del ganado de una persona de la región de la Tierra Caliente cuando fueron detenidos”. Y agregó: “Los investigaron, los registraron, les recogieron sus teléfonos celulares y demás pertenencias, y según expresan ellos, les sembraron un paquete de marihuana y algunas armas”. Precisamente por este motivo es que se dio entrada a la queja, indicó Alarcón Hernández quien abundó que en el expediente integrado en la Coddehum se dio constancia que los seis universitarios fueron golpeados, y que fueron víctimas de siembra de marihuana y armas. Sin embargo, como la queja es presentada en contra de autoridades federales, el expediente fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (Baltazar Jiménez Rosales)
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