Exige Willy concluyan ya el juicio Político en su contra

Willy Reyes Ramos, acusado de ser el autor intelectual de la muerte del diputado 500 y presidente municipal de Tlapa de Comonfort, exigió al Congreso Local agilizar el juicio político y concluirlo antes de que concluya la 59 Legislatura.

Asimismo dijo que por haber sido involucrado en el asesinato de Moisés Villanueva de la Luz así como de su asistente, su figura política ha sido manchada ante los ojos de sus paisanos, además de que le fueron afectadas sus garantías individuales y políticas.
Acusó también que el proceso en su contra ha sido retardado por los diputados integrantes de la comisión instructora del Congreso Local, hecho que considera una violación a sus derechos y garantías individuales, por lo que exigió que se agilice en la mayor medida posible.
De acuerdo con lo anterior dicho, Xavier Olea Peláez, abogado del edil de Tlapa, lamentó que los diputados no hayan presentado a estas alturas, al pleno del Congreso, el dictamen acerca de que si procede o no el desafuero del alcalde.
Asimismo informó que la comisión instructora terminó la diligencia de pruebas y alegatos desde abril del año en curso, pero nunca informó su veredicto ante el Congreso, lo que ha generado el retardo según él por razones que ni él ni Reyes Ramos se explican.
Por estos hechos indicó que interpondrá un amparo ente autoridades correspondientes con el fin de que se ordene a la Comisión Instructora para que se proceda a presentar su dictamen ante el pleno del Congreso y estos a su vez emitan su veredicto.
"Demandamos que el Congreso se pronuncie ya sea a favor o en contra", insistió Olea Peláez, además de que afirmó que el edil calentano presentó pruebas irrefutables acerca de su inocencia de acuerdo a las acusaciones que la PGJE le atribuye, mismas que dijo Olea Peláez, claramente se ve que tienen tintes políticos.
Anticipó que si el pleno del Congreso no se pronuncia en favor de Reyes Ramos ante las pruebas interpuestas por su defensiva le sería quitado el fuero a Reyes Ramos a partir del 1 de octubre, lo que derivaría que se ejerza acción penal en su contra por parte de la fiscalía. (Agencia Periodística de Investigación)