Actúa la Contraloría con evidente dolo contra Z y ex colaboradores: abogado

Abogados del despacho Sodi y Asociados, de la Ciudad de México se presentaron ayer ante la Contraloría General del Estado, para representar a tres de cinco ex funcionarios del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, que son acusados de incurrir en irregularidades financieras por más de
mil 38 millones de pesos, en la Construcción del Centro de Atención Ciudadana de Acapulco (Cedac). Los abogados presentaron documentación con la que, dicen, se comprueba de la ejecución de recursos por el orden de 800 millones de pesos que aseguran fueron los que se utilizaron durante el anterior ejercicio gubernamental e informaron que adicionalmente se dejaron 300 millones de pesos en un fideicomiso para continuar con la obra, aunque a la llegada de Angel Aguirre Rivero a la gubernatura del estado, al fideicomiso se le cambió de director, se suspendieron los pagos y no se sabe a donde se fue ese dinero. El abogado Jorge Alejandro Sodi indicó que su despacho representa a ex funcionarios del gobierno de Zefrino Torreblanca, no así al mandatario quien, aclaró, hasta este momento no ha sido requerido en base a este proceso administrativo. Añadió que la Contraloría ha actuado con evidente dolo en este proceso, desde el hecho de haber revelado los nombres de los ex funcionarios involucrados, cuando la legislación actual ordena mantener en secrecía todo el proceso. Mencionó que en el documento de la auditoría existen una serie de inconsistencias en los requerimientos, ya que "se duplican cifras, suman conceptos idénticos, hacen requerimientos de cantidades que no se han ejercido, que no se han pagado porque no se ha generado el concepto de obra para que se paguen". Una vez que presentaron toda la documental, los abogados indicaron que si se sigue el procedimiento correcto todas estas pruebas tendrían que ser admitidas ya que de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al funcionario requerido. "No hay que desconocer que la Contraloría se puede equivocar y en concreto no tengo ninguna duda de que la contraloría se ha equivocado, una y otra vez de forma reiterada, está haciendo observaciones donde no existe materia para hacerlas". El pasado 13 de agosto, el contralor general del Estado, Julio César Hernández Martínez, anunció el inicio de un proceso administrativo contra el ex gobernador Zeferino Torreblanca, el ex secretario de Finanzas y Administración, Ricardo Cabrera Morín, el subsecretario de Egresos de la misma dependencia, José Antonio Bajos Valverde; la ex directora general de Administración y Servicios Generales de la Sefina, Patricia Margarita Díaz Hernández; el ex director general de Administración y Desarrollo de Personal, Enrique Félix Narciso Pasta Muñúzuri; y la ex coordinadora regional en Acapulco, Sandra Luz Flores Jiménez. (Abel Miranda Ayala)