Insiste el Contralor que, “va en serio el proceso contra Zefrerino Torreblanca”
El titular de la Contraloría General de Estado, Julio César Hernández Martínez, confirmó que hasta el momento no se ha fijado fecha para que comparezca, ante ese órgano de fiscalización, el ex gobernador del estado, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, para que responda por las observaciones
que se le hicieron por ejercicio de más de mil millones de pesos en la construcción de las oficinas de gobierno en el puerto de Acapulco.
Hernández Martínez indicó que en su momento, cuando Zeferino Torreblanca tenga que comparecer, se hará saber a los medios de comunicación para que puedan dar cobertura informativa a este acontecimiento.
El que no haya fecha establecida para la comparecencia del ex gobernador indica que aún no ha sido notificado que esta dependencia inició el procedimiento en contra de él y cinco de sus ex colaboradores por las observaciones que resultaron de la auditoría del ejercicio de recursos en la construcción de la obra Centro de Atención Ciudadana en el puerto de Acapulco al que se le invirtieron más de mil 38 millones de pesos.
El pasado 13 de agosto el Contralor anunció el inicio de un proceso administrativo contra Zeferino Torreblanca, así como contra el ex secretario de finanzas y administración, Ricardo Cabrera Morín, el ex subsecretario de egresos de la misma dependencia, José Antonio Bajos Valverde; la ex directora general de Administración y servicios Generales de administración y servicios generales de la SEFINA, Patricia Margarita Díaz Hernández; el ex director general de Administración y desarrollo de Personal, Enrique Félix Narciso Pasta Muñúzuri; y la ex coordinadora regional en Acapulco, Sandra Luz Flores Jiménez.
En la auditoría marcada con el número CGE-SA-OA-026/2012, que inició en el mes de febrero del presente año, se observó que el gobernador Zeferino Torreblanca emitió dos acuerdos con los que se autorizó a la Secretaría de Finanzas y administración del gobierno estatal, contratar y ejecutar la obra denominada “Construcción del Centro de Atención Ciudadana (CEDAC), en la que se albergarían las instalaciones del gobierno estatal en el puerto de Acapulco, y que se construye en la costera Miguel Alemán a la altura del fraccionamiento Hornos.
Sin embargo, se informó hace unos días, los dos acuerdos salen de la legalidad porque la Secretaría de Finanzas no tiene facultad para construir, ejecutar o licitar obras, puesto que esa es una función que compete a la secretaría de desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Las observaciones de la auditoría indican que los ex funcionarios no presentaron comprobantes de pago, no presentan los estados de cuenta por el pago de los terrenos donde se edifica la obra, no presentan el valor catastral y fiscal de algunos de los locales adquiridos, falta de transferencias electrónicas y recibos de pago de las retenciones del 5 por ciento y dos por ciento al millar, y no presentaron documentación del saldo pendiente por estimar y por amortizar.
En la obra se detectó que se hicieron tres contratos con Cimentaciones Mexicanas SA de CV (CIMESA), a la que se le otorgó el número de contrato, SFA-OBRA-001-2010, otro con GAMI Ingeniería e Instalaciones SA de CV número SFA-OBRA-005/2010 y el tercero con MW Arquitectos S de RL de CV con quienes signaron el contrato número SFA-OBRA-003/2010, por estos contratos se les asignaron recursos del orden de los 421 millones 360 mil 806 pesos sin embargo los aspectos físicos que se tienen actualmente no reflejan estos pagos, por lo que se determinó que se hicieron pagos en exceso, por conceptos estimados y no ejecutados en la obra.
Asimismo se hicieron pagos improcedentes a conceptos de precios extraordinarios y excedentes sin justificación ni autorización, y por si eso fuera poco, se detectaron serias deficiencias en la parte que fue construida, ya que presenta filtraciones en muros y pisos.
Se destaca en el resultado de la auditoría que hubo trabajos ejecutados sin que se presente el soporte documental, como estimaciones de obra generadores de obra, bitácora fotográfica y bitácora de obra, finalmente que existe diferencia entre el monto contratado y el monto estimado, es decir que gastaron más de lo que se programó.
Aunque a 15 días de haber anunciado el procedimiento aún no se hace la notificación al ex mandatario, Hernández Martínez aseguró que el proceso es serio y fuera de grabadoras confió en que el gobernador podría ser sancionado hasta con una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos, adicionalmente a lo que proceda en el ámbito penal cuando se coloquen las denuncias. (Abel Miranda Ayala)
que se le hicieron por ejercicio de más de mil millones de pesos en la construcción de las oficinas de gobierno en el puerto de Acapulco.
Hernández Martínez indicó que en su momento, cuando Zeferino Torreblanca tenga que comparecer, se hará saber a los medios de comunicación para que puedan dar cobertura informativa a este acontecimiento.
El que no haya fecha establecida para la comparecencia del ex gobernador indica que aún no ha sido notificado que esta dependencia inició el procedimiento en contra de él y cinco de sus ex colaboradores por las observaciones que resultaron de la auditoría del ejercicio de recursos en la construcción de la obra Centro de Atención Ciudadana en el puerto de Acapulco al que se le invirtieron más de mil 38 millones de pesos.
El pasado 13 de agosto el Contralor anunció el inicio de un proceso administrativo contra Zeferino Torreblanca, así como contra el ex secretario de finanzas y administración, Ricardo Cabrera Morín, el ex subsecretario de egresos de la misma dependencia, José Antonio Bajos Valverde; la ex directora general de Administración y servicios Generales de administración y servicios generales de la SEFINA, Patricia Margarita Díaz Hernández; el ex director general de Administración y desarrollo de Personal, Enrique Félix Narciso Pasta Muñúzuri; y la ex coordinadora regional en Acapulco, Sandra Luz Flores Jiménez.
En la auditoría marcada con el número CGE-SA-OA-026/2012, que inició en el mes de febrero del presente año, se observó que el gobernador Zeferino Torreblanca emitió dos acuerdos con los que se autorizó a la Secretaría de Finanzas y administración del gobierno estatal, contratar y ejecutar la obra denominada “Construcción del Centro de Atención Ciudadana (CEDAC), en la que se albergarían las instalaciones del gobierno estatal en el puerto de Acapulco, y que se construye en la costera Miguel Alemán a la altura del fraccionamiento Hornos.
Sin embargo, se informó hace unos días, los dos acuerdos salen de la legalidad porque la Secretaría de Finanzas no tiene facultad para construir, ejecutar o licitar obras, puesto que esa es una función que compete a la secretaría de desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Las observaciones de la auditoría indican que los ex funcionarios no presentaron comprobantes de pago, no presentan los estados de cuenta por el pago de los terrenos donde se edifica la obra, no presentan el valor catastral y fiscal de algunos de los locales adquiridos, falta de transferencias electrónicas y recibos de pago de las retenciones del 5 por ciento y dos por ciento al millar, y no presentaron documentación del saldo pendiente por estimar y por amortizar.
En la obra se detectó que se hicieron tres contratos con Cimentaciones Mexicanas SA de CV (CIMESA), a la que se le otorgó el número de contrato, SFA-OBRA-001-2010, otro con GAMI Ingeniería e Instalaciones SA de CV número SFA-OBRA-005/2010 y el tercero con MW Arquitectos S de RL de CV con quienes signaron el contrato número SFA-OBRA-003/2010, por estos contratos se les asignaron recursos del orden de los 421 millones 360 mil 806 pesos sin embargo los aspectos físicos que se tienen actualmente no reflejan estos pagos, por lo que se determinó que se hicieron pagos en exceso, por conceptos estimados y no ejecutados en la obra.
Asimismo se hicieron pagos improcedentes a conceptos de precios extraordinarios y excedentes sin justificación ni autorización, y por si eso fuera poco, se detectaron serias deficiencias en la parte que fue construida, ya que presenta filtraciones en muros y pisos.
Se destaca en el resultado de la auditoría que hubo trabajos ejecutados sin que se presente el soporte documental, como estimaciones de obra generadores de obra, bitácora fotográfica y bitácora de obra, finalmente que existe diferencia entre el monto contratado y el monto estimado, es decir que gastaron más de lo que se programó.
Aunque a 15 días de haber anunciado el procedimiento aún no se hace la notificación al ex mandatario, Hernández Martínez aseguró que el proceso es serio y fuera de grabadoras confió en que el gobernador podría ser sancionado hasta con una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos, adicionalmente a lo que proceda en el ámbito penal cuando se coloquen las denuncias. (Abel Miranda Ayala)
Comentarios
Publicar un comentario