Crecen las pugnas al interior de la alcaldía de Mártir de Cuilapan

El Congreso del Estado dio entrada a una solicitud de juicio político en contra del Síndico Municipal de Apango, Omar Erik Arteaga Camacho, a quien la propia alcaldesa del lugar Felícitas Muñiz Gómez, acusa de evasión de presos, al haber ordenado que se liberara a una mujer indígena, que la
presidenta había mandado encarcelar.
Además de la solicitud de juicio político, contra el síndico existe una denuncia penal depositada ante la agencia del Ministerio Público del fuero común en la ciudad de Tixtla, por haber ordenado en su calidad de síndico la liberación de la joven indígena Sebastiana de la Cruz Flores, originaria de la comunidad de Tlamamacan.
Las pugnas entre la alcaldesa y el síndico de Mártir de Cuilapan, Omar Erik iniciaron prácticamente desde el inicio de la actual administración y se han incrementado con el paso de los años, con señalamientos mutuos y acciones legales iniciadas por ambos.
En este tenor el síndico, desde el mes de marzo, presentó una solicitud de juicio político en contra de la presidenta municipal, por responsabilidades administrativas en las que dice incurrió, sanciones y observaciones que le realizó la Auditoria General del Estado. Así como por irregularidades en la cuenta pública correspondiente al 2011, sin embargo el edil indicó que el Congreso no ha respondido a su demanda.
Por el contrario, a la demanda de la alcaldesa, la Comisión Instructora del Congreso local le dio entrada en tiempo “inusual” ya que la demanda fue presentada el 22 de junio, la ratificó el 15 de agosto, y la Comisión Instructora, al día siguiente, acordó darle entrada, según consta en un documento que le notificaron durante el fin de semana.
El síndico aseguró que la presidenta Muñiz Gómez, pretende separarlo de su cargo y poner a un suplente “para legalizar todas las irregularidades financieras de su administración, todo lo que se ha gastado, porque el presupuesto de egresos del 2012 no se le ha analizado y menos autorizado por el cabildo, donde ella no tiene la mayoría, y ni ha convocado para tratar ese asunto”, dijo.
Del asunto de la detención de la indígena existen dos versiones, la primera expresada en la denuncia de la alcaldesa ante el Ministerio Público, ahí se indica que el 9 de junio la presidenta se encontraba en la población de Tlamamacan, participando en una fiesta de evangélicos, y de una vivienda empezó a escurrir agua que llegó hasta la zona de la fiesta mojando los aparatos del sonido, por ello la presidenta fue a “poner orden”, la propietaria de la vivienda, Sebastiana de la Cruz Flores, la recibió de forma agresiva la insultó le dijo que en su pueblo mandan ellos y por eso se ordenó su detención, por insultos a la autoridad.
Mientras que la versión de la indígena es que cuando la presidenta llegó le indicaron que el agua salía de una casa aledaña a la suya que es de su cuñada, y la presidente sin tener permiso de nadie se metió a la vivienda, por ello fueron a decirle que eso estaba mal, y les respondió que tirar agua es un delito por eso serían encarcelados, de forma chusca le respondieron que entonces encarcelara a dios porque tira mucha agua cuando llueve, a ello la presidenta respondió con insultos y bravatas, posteriormente se retiró y un rato después cuando la mujer salió de su vivienda fue detenida por policías y trasladada hasta apango.
El comisario de Tlamamacan, y familiares de la detenida pidieron la intervención del síndico quien revisó el caso pidió informes a la policía del por qué estaba detenida la indígena y no había denuncia, no había agraviado, no había delito, y en esas circunstancias no se podía dejar detenida a la mujer por ello se dictaminó su inmediata libertad. (Abel Miranda Ayala)

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