Ven en las acciones de la PGJE la intención de criminalizar a “Ayotzis”
El Presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que tanto el auto de formal prisión contra dos ex funcionarios de la procuraduría estatal, como el traslado del expediente por la muerte de Gonzalo Rivas de la jurisdicción estatal a la Federal,
son actos que llevan la intención de criminalizar a los normalistas de Ayotzinapa que el 12 de diciembre del 2011 se manifestaron y fueron reprimidos por fuerzas policiacas.
Comentó que trasladar la investigación de la muerte del empleado de la gasolinera, y el dictar auto de formal prisión al ex subprocurador, por haber facilitado la liberación de las personas que fueron detenidas durante el desalojo, "hay visos de querer apretar las tuercas en contra de los estudiantes, se está volcando la investigación hacia los estudiantes, porque sabemos lo que pasó, como fue la agresión, ahí está la investigación de la CNDH y que las autoridades ahora en lugar de atender la recomendación e ir al fondo están desvirtuando y criminalizando a los estudiantes".
Indicó que como centro de derechos humanos y encargados de la defensa jurídica, han manifestado su deseo por que se investigue a fondo sobre las responsabilidades, que tiene las autoridades lamentablemente no se está atendiendo la recomendación de la CNDH que entre otras cosas llama al Congreso a que inicie todo el procedimiento relacionado con el juicio a las autoridades, que en este caso sería al ex procurador y al ex secretario de seguridad pública.
"Para nosotros es un punto importante pero el Congreso ha evadido su responsabilidad y vemos que no hay el compromiso de atender la recomendación y esto que ha pasado en las detenciones es parte de la misma investigación, desconocemos hasta donde vaya a llegar, pero estamos pidiendo que se investigue a los policías y ahí no vemos avances".
Indicó que estas acciones que evidentemente tratan de criminalizar a los normalistas solo vendrán a enturbiar la investigación e impedirán que se pueda llegar al fondo, sobre todo para ir directamente contra los responsables intelectuales como materiales, "vemos que se está diluyendo la investigación, y eso para nosotros es una mala señal".
Añadió que si se analizan las recomendaciones se observa que no hay ningún avance sustantivo, sobre todo en los asuntos centrales de la investigación y los juicios políticos.
NORMALISTA DESISTIO DE DENUNCIAS
Cuestionado sobre el normalista que de acuerdo a la versión de la procuraduría fue señalado de haber sido detenido con un cargador de rifle de asalto AK-47 y que después habría llevado a los policías ministeriales al sitio donde escondió el rifle, y que denunció que fue torturado y llevado a las cercanías de Zumpango a realizar disparos para que diera positivo en la prueba de rodizonato de sodio, comentó que el joven desistió de las denuncias de tortura.
Indicó desconocer cuál fue el motivo por el que el normalista determinó no continuar con la denuncia una vez que se tenían integrados los expedientes que se aportaron los elementos de prueba, y de un día para otro decidió no continuar, "no sabemos si fue por amenazas o por sobornos, pero es un hecho que no continúo el proceso legal". (Abel Miranda Ayala)
son actos que llevan la intención de criminalizar a los normalistas de Ayotzinapa que el 12 de diciembre del 2011 se manifestaron y fueron reprimidos por fuerzas policiacas.
Comentó que trasladar la investigación de la muerte del empleado de la gasolinera, y el dictar auto de formal prisión al ex subprocurador, por haber facilitado la liberación de las personas que fueron detenidas durante el desalojo, "hay visos de querer apretar las tuercas en contra de los estudiantes, se está volcando la investigación hacia los estudiantes, porque sabemos lo que pasó, como fue la agresión, ahí está la investigación de la CNDH y que las autoridades ahora en lugar de atender la recomendación e ir al fondo están desvirtuando y criminalizando a los estudiantes".
Indicó que como centro de derechos humanos y encargados de la defensa jurídica, han manifestado su deseo por que se investigue a fondo sobre las responsabilidades, que tiene las autoridades lamentablemente no se está atendiendo la recomendación de la CNDH que entre otras cosas llama al Congreso a que inicie todo el procedimiento relacionado con el juicio a las autoridades, que en este caso sería al ex procurador y al ex secretario de seguridad pública.
"Para nosotros es un punto importante pero el Congreso ha evadido su responsabilidad y vemos que no hay el compromiso de atender la recomendación y esto que ha pasado en las detenciones es parte de la misma investigación, desconocemos hasta donde vaya a llegar, pero estamos pidiendo que se investigue a los policías y ahí no vemos avances".
Indicó que estas acciones que evidentemente tratan de criminalizar a los normalistas solo vendrán a enturbiar la investigación e impedirán que se pueda llegar al fondo, sobre todo para ir directamente contra los responsables intelectuales como materiales, "vemos que se está diluyendo la investigación, y eso para nosotros es una mala señal".
Añadió que si se analizan las recomendaciones se observa que no hay ningún avance sustantivo, sobre todo en los asuntos centrales de la investigación y los juicios políticos.
NORMALISTA DESISTIO DE DENUNCIAS
Cuestionado sobre el normalista que de acuerdo a la versión de la procuraduría fue señalado de haber sido detenido con un cargador de rifle de asalto AK-47 y que después habría llevado a los policías ministeriales al sitio donde escondió el rifle, y que denunció que fue torturado y llevado a las cercanías de Zumpango a realizar disparos para que diera positivo en la prueba de rodizonato de sodio, comentó que el joven desistió de las denuncias de tortura.
Indicó desconocer cuál fue el motivo por el que el normalista determinó no continuar con la denuncia una vez que se tenían integrados los expedientes que se aportaron los elementos de prueba, y de un día para otro decidió no continuar, "no sabemos si fue por amenazas o por sobornos, pero es un hecho que no continúo el proceso legal". (Abel Miranda Ayala)
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