Marcharon exigiendo la libertad de 4 ex empleados de la PGJE
Familiares, amigos y ex compañeros de trabajo de dos ex funcionarios y dos ex policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero Estatal, que son procesados, unos por procesados por delitos contra la administración de justicia y los otros como probables responsables de homicidio,
marcharon ayer por calles de la capital, exigiendo justicia.
Los policías son aquellos a quienes se señala de haber disparado contra normalistas de Ayotzinapa, matando a dos, el 12 de diciembre del 2012, en tanto los ex funcionarios de la PGJE son acusados de haber dejado libres a un grupo de “Ayotzinapos” que habían sido detenidos en el desalojo aquel ocurrido al sur de la ciudad.
Durante la manifestación realizada por las principales calles de la ciudad y demandaron la libertad de estas cuatro personas, a quienes consideran inocentes de los cargos que se les imputan.
La marcha fue convocada por María Lilia Paz y Puente, madre del ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente, a quien asegura, se le están violando sus derechos humanos, porque se le está juzgando dos veces por el mismo delito.
En la movilización que inició alrededor del mediodía en el zócalo capitalino y concluyó en la frente a las instalaciones de la delegación estatal de la PGR, fue notoria la participación del ex procurador Alberto López Rosas, quien se incorporó a media trayecto.
Los familiares y amigos de los procesados por el popularmente denominado “Caso Ayotzinapa” insistieron que en el caso del ex subprocurador, Hernández Paz y Puentes, como de la ex agente del Ministerio Público Rocío Méndez de la Cruz, su proceso es ilegal, ya que se les está acusando de encubrimiento por haber liberado a las 24 personas que fueron detenidas tras el desalojo, mismas que ante la apreciación del juez debieron ser consignadas ante la PGR.
Sin embargo, un ministerio público federal firmó un documento de convalidación de actuaciones con el que acepta que los peritajes que realizó la autoridad local son suficientes, de tal forma que no requiere que le sean presentados.
Mientras que en el caso de los dos policías ministeriales la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que se encuentran ante una situación de autoría indeterminada pues fueron decenas de elementos federales y estatales que accionaron sus armas, además de que los peritajes no pueden determinar con precisión e incluso dejan dudas razonables de que hayan sido las armas de Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés Flores las que privaron de la vida a los estudiantes, más aún cuando, según sus defensores, las pruebas de rodizonato de sodio “fueron negativas”, lo que indica que estas personas no accionaron armas de fuego.
Por ello se demandó a las autoridades de procuración de justicia tanto federal como estatal que sobresean las causas penales y dejen en libertad a los cuatro detenidos.
En este tenor demandaron que en el caso federal se deje sin efecto la causa penal que se ha derivado de la averiguación previa número PGR/DGR/DGCAP/ZNVIII/114/2011, y ello derive en la libertad de Alejandro Hernández Paz y Puentes, así como Rocío Méndez de la Cruz.
En el documento que entregaron en las instalaciones de la PGR, dirigido al delegado estatal el ex Subprocurador, Alejandro Hernández Paz y Puente y la Ministerio Público del Fuero Común, Gloria Rocío Cruz Méndez, advierten que se reservan el derecho de formular denuncia contra el Agente del Ministerio Público Federal, Ricardo Cruz Santiago y otros servidores públicos que se firmaron la convalidación de actuaciones con la que avalaron la liberación bajo reservas de ley de los 24 detenidos tras el desalojo de los normalistas de Ayotzinapa.
En el caso de los dos policías ministeriales cabe señalar que, la justicia federal les otorgó un amparo para efectos, lo que obliga al juez, Leoncio Molina, a revisar pruebas que no había tomado en cuenta y tras ello emitir una nueva resolución, lo que podría derivar en un auto de libertad para estas dos personas, sin embargo aún no hay fecha para que esto suceda. (Abel Miranda Ayala)
marcharon ayer por calles de la capital, exigiendo justicia.
Los policías son aquellos a quienes se señala de haber disparado contra normalistas de Ayotzinapa, matando a dos, el 12 de diciembre del 2012, en tanto los ex funcionarios de la PGJE son acusados de haber dejado libres a un grupo de “Ayotzinapos” que habían sido detenidos en el desalojo aquel ocurrido al sur de la ciudad.
Durante la manifestación realizada por las principales calles de la ciudad y demandaron la libertad de estas cuatro personas, a quienes consideran inocentes de los cargos que se les imputan.
La marcha fue convocada por María Lilia Paz y Puente, madre del ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente, a quien asegura, se le están violando sus derechos humanos, porque se le está juzgando dos veces por el mismo delito.
En la movilización que inició alrededor del mediodía en el zócalo capitalino y concluyó en la frente a las instalaciones de la delegación estatal de la PGR, fue notoria la participación del ex procurador Alberto López Rosas, quien se incorporó a media trayecto.
Los familiares y amigos de los procesados por el popularmente denominado “Caso Ayotzinapa” insistieron que en el caso del ex subprocurador, Hernández Paz y Puentes, como de la ex agente del Ministerio Público Rocío Méndez de la Cruz, su proceso es ilegal, ya que se les está acusando de encubrimiento por haber liberado a las 24 personas que fueron detenidas tras el desalojo, mismas que ante la apreciación del juez debieron ser consignadas ante la PGR.
Sin embargo, un ministerio público federal firmó un documento de convalidación de actuaciones con el que acepta que los peritajes que realizó la autoridad local son suficientes, de tal forma que no requiere que le sean presentados.
Mientras que en el caso de los dos policías ministeriales la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que se encuentran ante una situación de autoría indeterminada pues fueron decenas de elementos federales y estatales que accionaron sus armas, además de que los peritajes no pueden determinar con precisión e incluso dejan dudas razonables de que hayan sido las armas de Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés Flores las que privaron de la vida a los estudiantes, más aún cuando, según sus defensores, las pruebas de rodizonato de sodio “fueron negativas”, lo que indica que estas personas no accionaron armas de fuego.
Por ello se demandó a las autoridades de procuración de justicia tanto federal como estatal que sobresean las causas penales y dejen en libertad a los cuatro detenidos.
En este tenor demandaron que en el caso federal se deje sin efecto la causa penal que se ha derivado de la averiguación previa número PGR/DGR/DGCAP/ZNVIII/114/2011, y ello derive en la libertad de Alejandro Hernández Paz y Puentes, así como Rocío Méndez de la Cruz.
En el documento que entregaron en las instalaciones de la PGR, dirigido al delegado estatal el ex Subprocurador, Alejandro Hernández Paz y Puente y la Ministerio Público del Fuero Común, Gloria Rocío Cruz Méndez, advierten que se reservan el derecho de formular denuncia contra el Agente del Ministerio Público Federal, Ricardo Cruz Santiago y otros servidores públicos que se firmaron la convalidación de actuaciones con la que avalaron la liberación bajo reservas de ley de los 24 detenidos tras el desalojo de los normalistas de Ayotzinapa.
En el caso de los dos policías ministeriales cabe señalar que, la justicia federal les otorgó un amparo para efectos, lo que obliga al juez, Leoncio Molina, a revisar pruebas que no había tomado en cuenta y tras ello emitir una nueva resolución, lo que podría derivar en un auto de libertad para estas dos personas, sin embargo aún no hay fecha para que esto suceda. (Abel Miranda Ayala)
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