Les llueve sobre mojado a los dos jóvenes atropellados de Quechul
Familiares de dos jóvenes que fueron atropellados por una patrulla de la policía municipal de Quechultenango el 30 de abril pasado, denunciaron que además de que se les ha negado el acceso a la justicia, hoy están sufriendo intentos de extorsión y amenazas por parte de presuntos miembros de la
delincuencia organizada que, al enterarse que pagaron más de 250 mil pesos en atención médica, aseguran que tiene dinero y deben pagar cuota.
Lo anterior fue denunciado por representantes de diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que han tomado el caso para asistir legalmente a las familias de los jóvenes María Guadalupe Calvario González, de 13 años de edad y Osvaldo Montiel Estrada, de 15 años, quienes fueron arrollados por una patrulla de la Policía en la cabecera municipal de Quechultenango, cuando se transportaban en una motoneta.
De acuerdo al relato de los quejosos, a pesar de que peritajes de tránsito dejan claro que fue culpa de los uniformados el accidente, los policías procedieron legalmente en contra de los jóvenes que fueron detenidos y actualmente se encuentran en “libertad vigilada”, han sido intervenidos quirúrgicamente en varias ocasiones y requieren más cirugías para intentar recobrar (los dos) la movilidad total de sus piernas.
En la atención médica de los dos jóvenes, sus familias han gastado más de 250 mil pesos, cuyo pago reclaman a las autoridades de Quechultenango, lo malo es que tras hacer pública esta denuncia hace un par de semanas, empezaron a recibir llamadas telefónicas en las que los amenazan y les piden entregar dinero.
Ellos argumentan ser familias son campesinas que subsisten de la siembra de jitomate y maíz, y la mayor parte del dinero se ha conseguido, ofreciendo en empeño cosechas y parcelas.
La representante de la agrupación “Raíz Zubia”, Susana Oviedo Bautista, y la integrante de “Camino con Alas” y de “La Madeja”, Eva García Estrada, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la que denunciaron la impunidad que prevalece en el caso y el drama por el que han tenido que pasar los padres de los dos jóvenes, a quienes les fueron negados servicios en el ministerio público de Quechultenango, luego en el de Chilpancingo y hasta en la Comisión Estatal de defensa de los derechos Humanos, donde les pedían conseguir el expediente del tutelar de menores para poder tomar el caso cuando esa es una responsabilidad que les compete a ellos y lo consiguen sólo haciendo una solicitud institucional, “por eso fue necesario que organizaciones civiles estemos interviniendo y no dejaremos sólo a estas dos familias que hoy atraviesan por un viacrucis”.
Ante esta situación, el 28 de mayo, los organismos y los familiares de los lesionados le pidieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero su intervención para que los elementos policiacos involucrados y la autoridad municipal, se responsabilizaran del agravio, sin embargo, en respuesta la directora de Atención Ciudadana, Concepción Vargas Vargas, les recomendó que acudieran a la Agencia del Ministerio Público de Quechultenango a presentar la denuncia del caso, lo que consideraron hasta una burla pues en su escrito especificaron que los familiares acudieron a presentar denuncia el día laboral siguiente al día del accidente, pero les negaron el derecho, y aclararon que en ese sitio sí recibieron sin contratiempos la denuncia del Ayuntamiento en contra de los jóvenes.
Las dos defensoras de derechos humanos que ayer ofrecieron la conferencia de prensa en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, demandaron a nombre de los familiares, nuevamente la intervención del Gobierno del Estado para que el Ayuntamiento de Quechultenango cubra la reparación del daño, puesto que hasta ahora por la presión de los organismos y los familiares que han acudido ante los medios de comunicación el presidente municipal, Leonel Ángel Nava, ha llegado a ofrecerles 50 mil pesos como pago total, “pero con mucha prepotencia, diciendo que de todos modos ellos ya se van del Ayuntamiento y que le hicieran como quisieran, pues no se va a resolver nada”, denunció Susana Oviedo. (Abel Miranda Ayala)
delincuencia organizada que, al enterarse que pagaron más de 250 mil pesos en atención médica, aseguran que tiene dinero y deben pagar cuota.
Lo anterior fue denunciado por representantes de diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que han tomado el caso para asistir legalmente a las familias de los jóvenes María Guadalupe Calvario González, de 13 años de edad y Osvaldo Montiel Estrada, de 15 años, quienes fueron arrollados por una patrulla de la Policía en la cabecera municipal de Quechultenango, cuando se transportaban en una motoneta.
De acuerdo al relato de los quejosos, a pesar de que peritajes de tránsito dejan claro que fue culpa de los uniformados el accidente, los policías procedieron legalmente en contra de los jóvenes que fueron detenidos y actualmente se encuentran en “libertad vigilada”, han sido intervenidos quirúrgicamente en varias ocasiones y requieren más cirugías para intentar recobrar (los dos) la movilidad total de sus piernas.
En la atención médica de los dos jóvenes, sus familias han gastado más de 250 mil pesos, cuyo pago reclaman a las autoridades de Quechultenango, lo malo es que tras hacer pública esta denuncia hace un par de semanas, empezaron a recibir llamadas telefónicas en las que los amenazan y les piden entregar dinero.
Ellos argumentan ser familias son campesinas que subsisten de la siembra de jitomate y maíz, y la mayor parte del dinero se ha conseguido, ofreciendo en empeño cosechas y parcelas.
La representante de la agrupación “Raíz Zubia”, Susana Oviedo Bautista, y la integrante de “Camino con Alas” y de “La Madeja”, Eva García Estrada, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la que denunciaron la impunidad que prevalece en el caso y el drama por el que han tenido que pasar los padres de los dos jóvenes, a quienes les fueron negados servicios en el ministerio público de Quechultenango, luego en el de Chilpancingo y hasta en la Comisión Estatal de defensa de los derechos Humanos, donde les pedían conseguir el expediente del tutelar de menores para poder tomar el caso cuando esa es una responsabilidad que les compete a ellos y lo consiguen sólo haciendo una solicitud institucional, “por eso fue necesario que organizaciones civiles estemos interviniendo y no dejaremos sólo a estas dos familias que hoy atraviesan por un viacrucis”.
Ante esta situación, el 28 de mayo, los organismos y los familiares de los lesionados le pidieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero su intervención para que los elementos policiacos involucrados y la autoridad municipal, se responsabilizaran del agravio, sin embargo, en respuesta la directora de Atención Ciudadana, Concepción Vargas Vargas, les recomendó que acudieran a la Agencia del Ministerio Público de Quechultenango a presentar la denuncia del caso, lo que consideraron hasta una burla pues en su escrito especificaron que los familiares acudieron a presentar denuncia el día laboral siguiente al día del accidente, pero les negaron el derecho, y aclararon que en ese sitio sí recibieron sin contratiempos la denuncia del Ayuntamiento en contra de los jóvenes.
Las dos defensoras de derechos humanos que ayer ofrecieron la conferencia de prensa en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, demandaron a nombre de los familiares, nuevamente la intervención del Gobierno del Estado para que el Ayuntamiento de Quechultenango cubra la reparación del daño, puesto que hasta ahora por la presión de los organismos y los familiares que han acudido ante los medios de comunicación el presidente municipal, Leonel Ángel Nava, ha llegado a ofrecerles 50 mil pesos como pago total, “pero con mucha prepotencia, diciendo que de todos modos ellos ya se van del Ayuntamiento y que le hicieran como quisieran, pues no se va a resolver nada”, denunció Susana Oviedo. (Abel Miranda Ayala)
Comentarios
Publicar un comentario