Reservan derecho a no declarar tres ex funcionarios de la PGJE
El ex director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), José Vélez Zapata, se reservó su derecho a no rendir declaración ante el Juzgado Primero de Distrito de esta ciudad en relación al Caso Ayotzinapa.
Lo hizo acogiéndose al derecho que tiene por un amparo del Juzgado Séptimo de Distrito de esta ciudad en contra de una orden de aprehensión, y de igual manera actuaron la fiscal regional, María Severiana Flores, y la auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común, María de Jesús de la Cruz de la propia PGJE.
Los tres acudieron al Juzgado Primero de Distrito y, tras cubrir una fianza de diez mil pesos, se retiraron sin rendir declaración, ayer al mediodía.
La Procuraduría General de la República los acusa de delitos contra la administración de justicia, porque presuntamente favorecieron a implicados en el caso del desalojo violento del 12 de diciembre, cuando murieron por balazos dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Los delitos por lo acusa la PGR al ex funcionario y a las dos funcionarias de la Procuraduría de Justicia, no son de los considerados graves que establece el Código Federal.
Sin embargo, en los próximos días el Juzgado Primero de Distrito determinar la situación jurídica de estos tres presuntos implicados, a quienes el pasado 22 de febrero se les libró una orden de aprehensión al igual que al ex procurador, Alberto López Rosas.
Hasta ahora el ex fiscal no se ha presentado a rendir su declaración de manera "voluntaria", y también goza de un amparo federal contra una orden de aprehensión.
El 24 de febrero, la agente auxiliar del MPFC, adscrita a la Procuraduría, Gloria Rocío Cruz Méndez, a quien también se le libró una orden de aprehensión, se presentó al Juzgado Primero de Distrito y en declaración solicitó un careo con la fiscal regional, María Severiana Flores.
El Juez de Distrito valorará en los próximos días si lleva a cabo este careo y en la indagatoria PGRDGCAP/ZNEVII 114A 201I, se establece también la presunta responsabilidad de los ex suubprocuradores César de los Santos Mendoza y Alejandro Paz y Puente, así como de la auxiliar del Ministerio Público, Vianey Salgado Gallegos; la fiscal de Derechos Humanos, Martha Wendy Reza Ojeda; los agentes del Ministerio Público, Juan Rivera Altamirano, Hilario Santos Barrera y Enrique Gil Mercado.
Además, de Pablo Alejandro Jasso, fiscal especializado en delitos de secuestros, y Esteban Maldonado, ex asesor del ex procurador Alberto López Rosas, quienes también fueron destituidos de sus cargos por los hechos del 12 de diciembre. (www.agenciairza.com)
Lo hizo acogiéndose al derecho que tiene por un amparo del Juzgado Séptimo de Distrito de esta ciudad en contra de una orden de aprehensión, y de igual manera actuaron la fiscal regional, María Severiana Flores, y la auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común, María de Jesús de la Cruz de la propia PGJE.
Los tres acudieron al Juzgado Primero de Distrito y, tras cubrir una fianza de diez mil pesos, se retiraron sin rendir declaración, ayer al mediodía.
La Procuraduría General de la República los acusa de delitos contra la administración de justicia, porque presuntamente favorecieron a implicados en el caso del desalojo violento del 12 de diciembre, cuando murieron por balazos dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Los delitos por lo acusa la PGR al ex funcionario y a las dos funcionarias de la Procuraduría de Justicia, no son de los considerados graves que establece el Código Federal.
Sin embargo, en los próximos días el Juzgado Primero de Distrito determinar la situación jurídica de estos tres presuntos implicados, a quienes el pasado 22 de febrero se les libró una orden de aprehensión al igual que al ex procurador, Alberto López Rosas.
Hasta ahora el ex fiscal no se ha presentado a rendir su declaración de manera "voluntaria", y también goza de un amparo federal contra una orden de aprehensión.
El 24 de febrero, la agente auxiliar del MPFC, adscrita a la Procuraduría, Gloria Rocío Cruz Méndez, a quien también se le libró una orden de aprehensión, se presentó al Juzgado Primero de Distrito y en declaración solicitó un careo con la fiscal regional, María Severiana Flores.
El Juez de Distrito valorará en los próximos días si lleva a cabo este careo y en la indagatoria PGRDGCAP/ZNEVII 114A 201I, se establece también la presunta responsabilidad de los ex suubprocuradores César de los Santos Mendoza y Alejandro Paz y Puente, así como de la auxiliar del Ministerio Público, Vianey Salgado Gallegos; la fiscal de Derechos Humanos, Martha Wendy Reza Ojeda; los agentes del Ministerio Público, Juan Rivera Altamirano, Hilario Santos Barrera y Enrique Gil Mercado.
Además, de Pablo Alejandro Jasso, fiscal especializado en delitos de secuestros, y Esteban Maldonado, ex asesor del ex procurador Alberto López Rosas, quienes también fueron destituidos de sus cargos por los hechos del 12 de diciembre. (www.agenciairza.com)
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