Piden que el gobierno cancele órdenes de aprehensión contra luchadores indígenas
Activistas de Amnistía Internacional (AI), pidieron al gobierno de Ángel Aguirre Rivero suprimir las órdenes de aprensión contra 5 luchadores sociales indígenas acusados por el delito de homicidio.
En esa misma causa penal se encontraba el dirigente social mixteco, Maximino García Catarino, quien fue liberado el martes tras varios años de prisión en el Centro de Readaptación Social de Ayutla de los Libres.
Rupert Knox, investigador de esta organización no gubernamental, pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dejar sin efecto esa orden de aprehensión en la cual se encuentran también los dirigentes sociales Audencio Ramírez Concepción, Álvaro Ramírez, Jorge Luis García Catarino, Ambrosio García Catarina y Marcelino García.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Red Guerrerense de Derechos Humanos de esta capital, Rupert Knox, acusó incluso que hubo “negligencias” en la integración del expediente.
“De acuerdo con un análisis que hemos hecho de la investigación y esta acusación (de) los policías judiciales, del agente del ministerio público y convalidada por la primera instancia del juzgado penal de Ayutla, es evidente que es un caso fabricado y que las instancias que deberían de estar a cargo de brindar y procurar la justicia se han prestado al mal uso del sistema de justicia”, afirmó el investigador de AI.
Comentó que durante diez años ha revisado casos similares al de Maximino García y ha llegado a la conclusión de que los gobiernos del Guerrero, incluida la actual administración, “no han logrado mejorar el sistema de justicia”.
Porque en su mayoría de los casos existe “persecución infundada” y exhortó al gobierno de Ángel Aguirre dejar de “perseguir a los defensores de derechos humanos” pues advirtió que en caso de que sean ejecutadas esas órdenes de aprensión, “serán nombrados como presos de conciencia por los organismos internacionales de derechos humanos”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que hasta el omento tienen documentadas 215 acciones penales sin resolverse.
Mencionó que al inicio de la actual administración solicitaron al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, “el desistimiento de estas acciones penales, o en su caso se buscara algún otro mecanismo jurídico para resolver esa problemática”.
Expuso algunas propuestas, “que se implemente algún perdón del estado, que se implemente alguna amnistía, que pueda resolver esa problemática que es grave”, dijo el abogado de Tlachinollan. (www.agenciairza.com)
En esa misma causa penal se encontraba el dirigente social mixteco, Maximino García Catarino, quien fue liberado el martes tras varios años de prisión en el Centro de Readaptación Social de Ayutla de los Libres.
Rupert Knox, investigador de esta organización no gubernamental, pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dejar sin efecto esa orden de aprehensión en la cual se encuentran también los dirigentes sociales Audencio Ramírez Concepción, Álvaro Ramírez, Jorge Luis García Catarino, Ambrosio García Catarina y Marcelino García.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Red Guerrerense de Derechos Humanos de esta capital, Rupert Knox, acusó incluso que hubo “negligencias” en la integración del expediente.
“De acuerdo con un análisis que hemos hecho de la investigación y esta acusación (de) los policías judiciales, del agente del ministerio público y convalidada por la primera instancia del juzgado penal de Ayutla, es evidente que es un caso fabricado y que las instancias que deberían de estar a cargo de brindar y procurar la justicia se han prestado al mal uso del sistema de justicia”, afirmó el investigador de AI.
Comentó que durante diez años ha revisado casos similares al de Maximino García y ha llegado a la conclusión de que los gobiernos del Guerrero, incluida la actual administración, “no han logrado mejorar el sistema de justicia”.
Porque en su mayoría de los casos existe “persecución infundada” y exhortó al gobierno de Ángel Aguirre dejar de “perseguir a los defensores de derechos humanos” pues advirtió que en caso de que sean ejecutadas esas órdenes de aprensión, “serán nombrados como presos de conciencia por los organismos internacionales de derechos humanos”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que hasta el omento tienen documentadas 215 acciones penales sin resolverse.
Mencionó que al inicio de la actual administración solicitaron al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, “el desistimiento de estas acciones penales, o en su caso se buscara algún otro mecanismo jurídico para resolver esa problemática”.
Expuso algunas propuestas, “que se implemente algún perdón del estado, que se implemente alguna amnistía, que pueda resolver esa problemática que es grave”, dijo el abogado de Tlachinollan. (www.agenciairza.com)
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