Por no doblegarse ante un tracalero perredista los echaron de sus casas

Miembros de 28 familias que fueron desalojados de sus viviendas en la colonia Las Arboledas del municipio de Tepecoacuilco, demandaron el apoyo del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, para que sus propiedades les sean resarcidas y se castigue a los responsables de promover la agresión en su
contra, entre los que señalaron al líder perredista Francisco López Liborio.
Los quejosos indicaron que en el año 2003, fueron engañados por López Liborio para que adquirieran un terreno en este asentamiento, mismos que les aseguró no tenía dueño y sería expropiado por el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), para que después se fraccionara con lo que sólo pagarían el costo de la expropiación y se calculó en 50 mil pesos por predio.
Sin embargo tras varios años pagando mensualidades y hacer dos pagos de por un monto total de dos mil 400 pesos, se enteraron que el terreno si tiene dueño y no había ningún proceso expropiatorio, por lo que iniciaron diálogo con don Miguel Moyao Mejía, quien demostró con documentos ser el legítimo propietario, y con quien acordaron un proceso de compra venta en 20 mil pesos por cada terreno, sin embargo sólo 28 familias de las 96 que habitan se sumaron a este acuerdo con el propietario, el resto permaneció aportando ante el líder perredista.
Con este convenio de compraventa, las 28 familias lograron obtener escrituras y asentarlas ante el registro público de la propiedad, sin embargo al no seguir aportando las continuas cooperaciones, y requerimientos que se hacen en el grupo que dirige Francisco López, el pasado 19 de febrero una turba de alrededor de 300 personas fue hasta sus domicilios y los derribó, les prendió fuego y sus pertenencias de valor fueron robadas, finalmente tuvieron que salirse de la colonia pues temían ser agredidos también en su persona, ya que los agresores estaban armados con machetes diversas herramientas y algunas armas de fuego.
Germán Bautista Flores y Víctor Alarcón Alonso, señalaron que durante el desalojo acudieron a pedir apoyo de la policía estatal y municipal, sin embargo a pesar de que se enviaron patrullas al sitio, éstas sólo permanecieron viendo como derribaban las casas y les prendían fuego.
Posteriormente acudieron ante la Agencia del Ministerio Público de Iguala, sin embargo no hubo nadie que les recibiera la denuncia formal, y fue hasta dos días después cuando pudieron asentar la queja por delitos como allanamiento de morada, robo, daños y lo que resulte, sin embargo ven con tristeza que el dirigente perredista tiene en Iguala muchos amigos que han dilatado las averiguaciones y es por ello que ayer decidieron venir a esta capital para llevar al palacio de Gobierno un documento con el que se pide la intervención del ejecutivo y que se agilice el proceso legal que se asentó en la averiguación previa HID/SC/04/25172012, del 21 de febrero pasado.
En la petición de apoyo se indica que existen otras denuncias anteriores por el delito de fraude, ya que durante 6 años aportaron 500 pesos de manera mensual, además del pago de otras cantidades, que van de los 5 a los 45 mil pesos por el pago de los terrenos, recursos que supuestamente el dirigente transferiría a INVISUR una vez que estuviera lista la expropiación, sin embargo se quedó con ellos y aunque existen las denuncias penales correspondientes no se ha actuado en su contra.
“En este momento 28 familias habitan de manera dispersa con familiares, en albergues, y algunas en los patios de vecinos, por ello es necesario que se tomen cartas en el asunto”. (Abel Miranda Ayala)