La PGJE nada tiene que ver con órdenes de aprehensión federales
El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado, Juan Manuel Herrera Campos, aseguró que hasta este momento no han recibido ninguna notificación o solicitud de colaboración para ejecutar las 10 órdenes de aprehensión que un juez federal liberó en contra de nueve
funcionarios de la procuraduría local y un civil por delitos cometidos en el desarrollo de las investigaciones que se hicieron por el caso Ayotzinapa, y entre los que se cuenta al ex titular de la dependencia Alberto López Rosas.
Herrera campos dijo saber que existen las órdenes de aprehensión porque la dependencia federal las ha dado a conocer mediante comunicados y entrevistas que ha dado esa dependencia, sin embargo oficialmente a la procuraduría local no se le ha informado nada.
Añadió que por ello la Procuraduría local continúa realizando su proceso de investigación en lo que corresponde a los delitos del fuero común y en su oportunidad habrá de enviar un desglose a la procuraduría federal igual que ha enviado los avances a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Respecto al “testigo protegido”, que es al civil que la PGR liberó orden de aprehensión por presuntamente falsear declaraciones ante la autoridad, el fiscal guerrerense indicó que hasta el momento permanece con calidad de testigo protegido y cuenta con resguardo de la Policía Ministerial, sin embargo indicó que esto no lo eximiría de ser detenido si existe una orden de aprehensión en su contra.
Indicó que la orden de aprehensión que existe en contra del ex titular de la procuraduría estatal, Alberto López Rosas, obliga a este personaje a ser presentado ante un juez federal, no ante la Procuraduría General de la República.
El procurador encargado, se negó a aportar más detalles de la situación que priva entre el personal de la dependencia que enfrenta a la justicia federal por presuntos delitos cometidos en el proceso de investigación por el caso de la muerte de los dos normalistas de Ayotzinapa.
Y es que de acuerdo con información difundida por la PGR, con base en el expediente PGR/DGCAP/ZNE-VIII/114A/2011, el Juez Primero de Distrito en el estado de Guerrero otorgó diez órdenes de aprehensión por diversos delitos del orden federal, contra un civil y nueve servidores y ex servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Al civil, por los delitos de falsedad en informes dados a una autoridad y por simulación de pruebas, conductas sancionadas en los artículos 247 y 248 del Código Penal Federal, respectivamente.
Las órdenes de aprehensión comprenden también a esos nueve servidores y ex servidores públicos de la PGJEG, por los delitos contra la administración de justicia, por favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, delito sancionado en el artículo 225 mencionado código federal.
La PGR informó que remitió a la Procuraduría del Estado de Guerrero copia del expediente para que proceda de conformidad a sus atribuciones legales a consignar por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, encubrimiento por favorecimiento, falsedad de declaraciones ante una autoridad, contra la administración de justicia, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y objetos, lesiones, daño en propiedad ajena y abuso de autoridad, contra quien o quienes resulten responsables. (Abel Miranda Ayala)
funcionarios de la procuraduría local y un civil por delitos cometidos en el desarrollo de las investigaciones que se hicieron por el caso Ayotzinapa, y entre los que se cuenta al ex titular de la dependencia Alberto López Rosas.
Herrera campos dijo saber que existen las órdenes de aprehensión porque la dependencia federal las ha dado a conocer mediante comunicados y entrevistas que ha dado esa dependencia, sin embargo oficialmente a la procuraduría local no se le ha informado nada.
Añadió que por ello la Procuraduría local continúa realizando su proceso de investigación en lo que corresponde a los delitos del fuero común y en su oportunidad habrá de enviar un desglose a la procuraduría federal igual que ha enviado los avances a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Respecto al “testigo protegido”, que es al civil que la PGR liberó orden de aprehensión por presuntamente falsear declaraciones ante la autoridad, el fiscal guerrerense indicó que hasta el momento permanece con calidad de testigo protegido y cuenta con resguardo de la Policía Ministerial, sin embargo indicó que esto no lo eximiría de ser detenido si existe una orden de aprehensión en su contra.
Indicó que la orden de aprehensión que existe en contra del ex titular de la procuraduría estatal, Alberto López Rosas, obliga a este personaje a ser presentado ante un juez federal, no ante la Procuraduría General de la República.
El procurador encargado, se negó a aportar más detalles de la situación que priva entre el personal de la dependencia que enfrenta a la justicia federal por presuntos delitos cometidos en el proceso de investigación por el caso de la muerte de los dos normalistas de Ayotzinapa.
Y es que de acuerdo con información difundida por la PGR, con base en el expediente PGR/DGCAP/ZNE-VIII/114A/2011, el Juez Primero de Distrito en el estado de Guerrero otorgó diez órdenes de aprehensión por diversos delitos del orden federal, contra un civil y nueve servidores y ex servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Al civil, por los delitos de falsedad en informes dados a una autoridad y por simulación de pruebas, conductas sancionadas en los artículos 247 y 248 del Código Penal Federal, respectivamente.
Las órdenes de aprehensión comprenden también a esos nueve servidores y ex servidores públicos de la PGJEG, por los delitos contra la administración de justicia, por favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, delito sancionado en el artículo 225 mencionado código federal.
La PGR informó que remitió a la Procuraduría del Estado de Guerrero copia del expediente para que proceda de conformidad a sus atribuciones legales a consignar por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, encubrimiento por favorecimiento, falsedad de declaraciones ante una autoridad, contra la administración de justicia, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y objetos, lesiones, daño en propiedad ajena y abuso de autoridad, contra quien o quienes resulten responsables. (Abel Miranda Ayala)
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