La noche del martes el encargado de la PGJE cesó a 7 funcionarios
A regañadientes, el encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Juan Manuel Herrera Campos, reconoció que la noche del martes cesó a siete funcionarios de alto rango de la fiscalía guerrerense por su responsabilidad en el desalojo violento de los estudiantes de la Escuela
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, hechos que arrojaron como resultado la muerte de dos alumnos y, posteriormente, del empleado de la gasolinería Eva Dos, Gonzalo Miguel Rivas Cámara.
Primeramente, fue personal mismo de la Procuraduría, agentes ministeriales entre ellos, quienes comentaron del cese de los siete funcionarios, por las presiones que han ejercido organismos no gubernamentales de derechos humanos como Tlachinollan.
Por lo anterior, al ser cuestionado respecto a este asunto en particular, a regañadientes, el encargado del despacho de la PGJE únicamente dijo que los siete funcionarios fueron cesados por el contenido de las averiguaciones previas iniciadas con motivo del desalojo de los normalistas.
Entre los funcionarios que fueron separados de sus cargos se encuentran Pablo Jasso quien fungía como fiscal antisecuestros; Esteban Maldonado, coordinador regional; David de Jesús Urquizo Molina, coordinador regional zona Centro, además de Israel Espinoza, Salvador Téllez Márquez, Raúl Gaona y un comandante de la Policía Ministerial del Estado de apellidos Nava Palacios.
Pero además, agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) señalaron que estas personas no serán las únicas cesadas, ya que 70 elementos de esa corporación y otros funcionarios también corren ese riesgo, todo esto en represalia por las acciones emprendidas a raíz del encarcelamiento de los ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas.
Obviamente que de todo esto no habló el lacónico encargado de la Procuraduría, pero sí reconoció que se podría proceder penalmente contra los siete funcionarios degollar. (Baltazar Jiménez Rosales)
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, hechos que arrojaron como resultado la muerte de dos alumnos y, posteriormente, del empleado de la gasolinería Eva Dos, Gonzalo Miguel Rivas Cámara.
Primeramente, fue personal mismo de la Procuraduría, agentes ministeriales entre ellos, quienes comentaron del cese de los siete funcionarios, por las presiones que han ejercido organismos no gubernamentales de derechos humanos como Tlachinollan.
Por lo anterior, al ser cuestionado respecto a este asunto en particular, a regañadientes, el encargado del despacho de la PGJE únicamente dijo que los siete funcionarios fueron cesados por el contenido de las averiguaciones previas iniciadas con motivo del desalojo de los normalistas.
Entre los funcionarios que fueron separados de sus cargos se encuentran Pablo Jasso quien fungía como fiscal antisecuestros; Esteban Maldonado, coordinador regional; David de Jesús Urquizo Molina, coordinador regional zona Centro, además de Israel Espinoza, Salvador Téllez Márquez, Raúl Gaona y un comandante de la Policía Ministerial del Estado de apellidos Nava Palacios.
Pero además, agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) señalaron que estas personas no serán las únicas cesadas, ya que 70 elementos de esa corporación y otros funcionarios también corren ese riesgo, todo esto en represalia por las acciones emprendidas a raíz del encarcelamiento de los ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas.
Obviamente que de todo esto no habló el lacónico encargado de la Procuraduría, pero sí reconoció que se podría proceder penalmente contra los siete funcionarios degollar. (Baltazar Jiménez Rosales)
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