Concede juez amparo a funcionarios de la procuraduría estatal indiciados por la PGR
El Juez Séptimo de Distrito de esta ciudad, otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que se libró en contra de funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), acusados de diversos delitos derivados del desalojo que perpetraron
policías federales y estatales el 12 de diciembre en la autopista del Sol muriendo a balazos dos normalistas de Ayotzinapa.
Entre los ex funcionarios beneficiados con la suspensión, se encuentran los ex Subrocuradores de Justicia, César de los Santos Mendoza y Alejandro Paz y Puente, así como el ex director de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata a quienes la PGR los acusa de los delitos contra la administración de justicia, por favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, delito sancionado en el artículo 225 del código federal.
En la indagatoria PGRDGCAP/ZNEVII 114A 201I, se establece también la presunta responsabilidad de la auxiliar del Ministerio Público, Vianey Salgado Gallegos; la fiscal regional, María Severiana Peña Flores; la auxiliar de Ministerio Público, Magdalena de Jesús Cruz; la Fiscal de Derechos Humanos, Martha Wendy Reza Ojeda; los agentes del Ministerio Público, Juan Rivera Altamirano, Hilario Santos Barrera y Enrique Gil Mercado.
Además de Pablo Alejandro Jasso, Fiscal especializado en delitos de secuestros y Esteban Maldonado, ex asesor del ex Procurador, Alberto López Rosas y que también ya fueron destituidos del cargo por los hechos del 12 de diciembre.
El juicio de amparo, promovido por los abogados de los ex funcionarios y funcionarios de la Procuraduría de Justicia, señala que como medida de aseguramiento de los quejosos, se les impone a cada uno de ellos de manera discrecional como obligación, otorgar garantía a disposición de este órgano jurisdiccional la cantidad de diez mil pesos en billete o en cualquier otra de las formas establecidas por la ley.
La defensa de los ex funcionarios y funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, señalan que el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en esta ciudad, solicitó a las autoridades correspondientes, en este caso a la PGR, les precise la naturaleza del delito que se les imputa a los quejosos, los preceptos legales que lo tipifiquen y la fecha en que fue emitida la conducta reclamada.
Fuentes del Poder Judicial Federal, afirmaron que en cuando al ex Procurador de Justicia, Alberto López Rosas, a éste también se le otorgó una suspensión provisional por parte de un Juez Federal, al parecer de la ciudad de Acapulco.
A López Rosas, el Juez Primero de Distrito de esta capital del estado, le libró una orden de aprehensión por los delitos contra la administración de justicia, por favorecer a un inculpado para que se sustraiga de la acción de la justicia, y por encubrimiento, en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo. (www.agenciairza.com)
policías federales y estatales el 12 de diciembre en la autopista del Sol muriendo a balazos dos normalistas de Ayotzinapa.
Entre los ex funcionarios beneficiados con la suspensión, se encuentran los ex Subrocuradores de Justicia, César de los Santos Mendoza y Alejandro Paz y Puente, así como el ex director de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata a quienes la PGR los acusa de los delitos contra la administración de justicia, por favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, delito sancionado en el artículo 225 del código federal.
En la indagatoria PGRDGCAP/ZNEVII 114A 201I, se establece también la presunta responsabilidad de la auxiliar del Ministerio Público, Vianey Salgado Gallegos; la fiscal regional, María Severiana Peña Flores; la auxiliar de Ministerio Público, Magdalena de Jesús Cruz; la Fiscal de Derechos Humanos, Martha Wendy Reza Ojeda; los agentes del Ministerio Público, Juan Rivera Altamirano, Hilario Santos Barrera y Enrique Gil Mercado.
Además de Pablo Alejandro Jasso, Fiscal especializado en delitos de secuestros y Esteban Maldonado, ex asesor del ex Procurador, Alberto López Rosas y que también ya fueron destituidos del cargo por los hechos del 12 de diciembre.
El juicio de amparo, promovido por los abogados de los ex funcionarios y funcionarios de la Procuraduría de Justicia, señala que como medida de aseguramiento de los quejosos, se les impone a cada uno de ellos de manera discrecional como obligación, otorgar garantía a disposición de este órgano jurisdiccional la cantidad de diez mil pesos en billete o en cualquier otra de las formas establecidas por la ley.
La defensa de los ex funcionarios y funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, señalan que el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en esta ciudad, solicitó a las autoridades correspondientes, en este caso a la PGR, les precise la naturaleza del delito que se les imputa a los quejosos, los preceptos legales que lo tipifiquen y la fecha en que fue emitida la conducta reclamada.
Fuentes del Poder Judicial Federal, afirmaron que en cuando al ex Procurador de Justicia, Alberto López Rosas, a éste también se le otorgó una suspensión provisional por parte de un Juez Federal, al parecer de la ciudad de Acapulco.
A López Rosas, el Juez Primero de Distrito de esta capital del estado, le libró una orden de aprehensión por los delitos contra la administración de justicia, por favorecer a un inculpado para que se sustraiga de la acción de la justicia, y por encubrimiento, en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo. (www.agenciairza.com)
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