Presuntos federales hostigan a ex subprocurador, denuncia él mismo

El ex subprocurador de justicia en el estado, y quien fuera temporalmente encargado de despacho luego de la destitución de Alberto López Rosas, Alejandro Hernández Paz y Puente, denunció hostigamiento de parte de quienes dicen ser elementos de la Agencia Federal de Investigaciones y le
llaman por
teléfono pidiendo que se entregue para que sea investigado por los hechos del 12 de diciembre en que perdieron la vida dos normalistas de Ayotzinapa. Hernández Paz y Puente indicó que no tendría ningún problema en acudir a rendir declaración y señalar cuáles fueron las actividades que realizó ese día, y hasta donde alcanzó su ámbito de competencia, sin embargo no ha sido requerido de manera formal y no se puede corroborar que en realidad se trate de elementos federales quienes estén haciendo las llamadas. El ex funcionario indicó, que se enteró que el pasado miércoles los elementos federales presentaron a una decena de trabajadores de la Policía Ministerial, mismos que en algunos casos fueron llevados a la delegación de la PGR en esta capital y otros a la ciudad de México directamente a la subprocuraduría de procedimientos penales, a rendir declaración y después fueron regresados. Incluso algunos medios de comunicación publicaron que en su caso se le había decretado un arraigo, lo que resultó completamente falso, “no he sido siquiera llamado a declarar mucho menos he sido arraigado”, indicó Paz y Puente. Comentó que el 12 de diciembre, cuando ya había terminado la confrontación, y cesado completamente los disparos, se presentó en el sitio, y ahí se enteró que un trabajador de los medios de comunicación había sido detenido y llevado con los normalistas que fueron detenidos, ello lo comunicó al procurador Alberto López Rosas y fue instruido para buscarlo y ordenar su liberación. En ese tenor se trasladó hasta las instalaciones de la policía ministerial donde localizó al reportero Eric Escobedo, “ahí pedí la presencia de un médico legista para que lo certificara, mientras se corroboró su identidad y que no tuviera nada que ver con los hechos y después se puso en libertad”. En los días subsecuentes, luego de que se le designara como encargado de despacho en la procuraduría estatal, dijo que su función fue la de pedir que se revisara el asunto del joven al que se le acusó de portar un arma de fuego calibre 7.62, del tipo AK-47 mejor conocidas como cuerno de Chivo, al que se liberó con las reservas de ley, pero no por disposición de él, sino porque así lo consideró la agente del ministerio público ya que la instrucción que dio fue que se actuara con estricto apego a la ley. Sobre el origen de esta arma y la forma en que fue presentada indicó que eso ya lo ha explicado el ex procurador, y serán las investigaciones que realizan tanto la PGR como la CNDH, la Procuraduría estatal y hasta la Contraloría del Estado, las que aclaren que fue lo que pasó y si hay alguna anomalía, de quién es la responsabilidad. Finalmente cuestionado sobre el desarrollo de los hechos, la forma en que se ha culpado a elementos ministeriales y se pretende incriminar también a funcionarios, se le preguntó si ve que el gobernador los está dejando sólo para poder salir él bien librado del problema, “no, yo veo que el gobernador pretende que se esclarezcan al cien por ciento las cosas, que se determine quién o quienes tiene realmente una responsabilidad y haya justicia para los afectados”. (Abel Miranda Ayala)