Familiares de policías arraigados piden su liberación porque “son inocentes” afirman

Familiares de los seis policías preventivos estatales, que al igual que otros seis agentes ministeriales se encuentran arraigados para determinar si son o no responsables de haber disparado sus armas contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa durante el desalojo en la Autopista del Sol del
pasado 12 de diciembre, exigieron a las autoridades su liberación “porque son inocentes”. En conferencia de prensa que ofrecieron la tarde de ayer, los familiares de los uniformados que ese día de los hechos del 12 de diciembre formaban parte del cuerpo de seguridad del ex Subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibarría, aseguraron que ya les dijeron que la prueba de rodizonato de sodio que se les practicó resultó negativa. “Nosotros creemos en las palabras de ellos, de que no dispararon sus armas contra los estudiantes”, dijo un familiar de uno de los policías preventivos estatales. Dijeron que el día que fueron detenidos, se los llevaron a la ciudad de México a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada(SIEDO) donde se le quería acusar del delito de delincuencia organizada pero como no se les comprobó nada los exoneraron. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado, los arraigó en una casa de seguridad ubicada a un costado de las instalaciones de esta dependencia, al sur de esta capital del estado. “No queremos proporcionar nuestros nombres porque eso podría ser contraproducente y afectaría la situación jurídica de nuestros familiares”, aseveró una señora. Se quejaron de que varias veces han acudido a la residencia oficial de Casa Guerrero para tratar de hablar con el gobernador Ángel Aguirre Rivero pero se ha negado a recibirlos en audiencia. Aclararon que los seis policías preventivos estatales no eran guardaespaldas del general Arriola, “ese día ellos (los policías) estaban de guardia en la entrada del C-4 cuando les ordenaron que fueran a la autopista que estaba bloqueada”, dijo un familiar. "Nosotros no queremos culpar a nadie, lo único que queremos es de que nuestros familiares salgan libres”, señaló una señora, que pidió el anonimato. Según la Procuraduría de Justicia del Estado, el próximo 18 de enero se cumplen los 30 días de arraigo judicial de los seis agentes ministeriales y los otros seis policías preventivos estatales. En esa fecha se va a determinar la situación jurídica de los policías de si procede o no su consignación ante el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC), que de los hechos registrados el 12 de diciembre investiga los delitos de homicidio, lesiones, abuso de autoridad y daños en propiedad ajena. (www.agenciairza.com)