Ex trabajadores de Tecoanapa exigen un pago por 22 millones

Ex trabajadores del ayuntamiento de Tecoanapa demandaron a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado el pago de 22 millones de pesos que ganaron en un laudo laboral, ya que los recursos, por mandato del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, debieron embargarse de las
participaciones que recibe el gobierno municipal. Por ello, ayer se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, en donde explicaron que cada empleado laboró por seis años en el municipio y ninguno en cargo de confianza, sino en áreas de intendencia, administrativas y auxiliares, sin embargo en el año 2006 a la llegada de Álvaro Morales García a la presidencia municipal, despidió a 42 empleados de manera injustificada, por lo que se procedió a interponer una querella laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, misma que duró seis años. El tribunal dio la razón a los ex trabajadores y ordenó el pago de sus prestaciones, entre las que se cuenta la liquidación y salarios caídos, sin embargo el ayuntamiento se negó a cumplir la orden argumentando que no tiene recursos suficientes, pues el hacerlo implicaría que se dejen de realizar obras sociales e incluso de pagarles a los trabajadores en activo. Ante la negativa, los despedidos decidieron solicitar el embargo de las participaciones que desde el Gobierno del Estado se transfieren al municipio, pero el gobierno estatal se negó a realizar el embargo, por ello los ex empleados de Tecoanapa solicitaron la protección de la justicia federal, misma que se les concedió el pasado 16 de diciembre al través del amparo número 131/2010 emitido por el juzgado primero de distrito, en el que se ordena al gobierno estatal que se les pague. Finalmente la señora Carmela Salomé Marín, quien se desempeñó en el municipio como bibliotecaria, indicó que es lamentable que el presidente municipal, Juvenal Poblete, se haya negado a pagar de manera absoluta y ni siquiera una alternativa de solución haya ofrecido, “simplemente dijo no pago y no pago a pesar de que es un mandato de ley, nosotros hubiéramos podido aceptar que nos pagara en parcialidades o quizás un monto menor pero ante su cerrazón tuvimos que protestar”. (Abel Miranda Ayala)