24 empleados de la PGJE rindieron declaración ante un fiscal federal
Como parte del proceso de investigación que realiza la Procuraduría General de la República en torno a la muerte de dos normalistas de Ayotzinapa ocurridas el 12 de diciembre durante un desalojo violento en el que participaron elementos de corporaciones federales y estatales, ayer fueron
presentados mediante la policía federal, 24 funcionarios de la procuraduría estatal, que en bloques de ocho fueron llevado a la delegación de la PGR a rendir declaración. Inicialmente se corrió el rumor de que los funcionarios estatales estaban siendo detenidos por los federales, sin embargo después empezaron a regresar, una vez que había concluido su declaración ante la fiscalía federal, después se llevaron a otros y por la noche de ayer aún rendía declaración el último grupo de ocho funcionarios estatales, “Estuvieron en calidad de presentados, para que rindieran su declaración del caso de la Normal de Ayotzinapa. Pero no fueron detenidos”, indicó uno de los primeros que fueron llevados y quien pidió que se guardara su anonimato, por su propia seguridad. En el mismo sentido se pronunció el director de Comunicación Social del gobierno del Guerrero, Pedro Julio Valdés Vilchis “sabemos que estuvieron en calidad de presentados, y que están rindiendo su declaración las últimas ocho personas citadas, pero hasta donde sabemos no hay detenidos”, recalcó. Inicialmente se rumoró que estos detenidos podrían ser parte del proceso administrativo que anunció el titular de la Contraloría estatal, Julio César Hernández, y que involucraría justamente a 24 personas, sin embargo esta versión no pudo ser corroborada y además no concuerda, porque las detenciones se hicieron por la autoridad federal, que mantiene abierto el proceso de investigación por el caso Ayotzinapa en lo que tiene que ver con la comisión de delitos del orden federal como es la utilización de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, y el bloqueo a las vías generales de comunicación. Otro de los rumores que se vertieron en torno a esta presentación de funcionarios estatales, versó en el sentido de que la PGR investiga todo lo relacionado al arma tipo AK-47 que se presentó, en una conferencia de prensa tras los lamentables hechos y que presumiblemente se había encontrado luego de que detuvieran a un normalista que en su bolsa llevaba un cargador del arma y al ser interrogado los llevó hasta el sitio donde tenía escondida el arma, versión que ha sido cuestionada luego de que el presunto portador del rifle denunció que fue torturado y llevado a las inmediaciones de la carretera Chilpancingo –Zumpango a realizar disparos con esa arma a fin de que diera positivo en pruebas periciales. La versión también fue cuestionada en el informe preliminar de la CNDH, que consideró que no tiene sustento, además de que de forma por demás extraña en la Procuraduría local se liberó a quien presumiblemente le fue asegurada el arma, siendo que por procedimiento legal por la portación debería haber sido consignado a la PGR y en caso de que se corroborara que accionó el arma, y fue el causante de las muertes como inicialmente se pretendió culpar, debería ser consignado ante el juez como responsable de los homicidios, pero nada de eso pasó. Ocho fueron llevados a México: Por la noche y mediante un boletín la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ocho servidores públicos que laboran en esa institución fueron trasladados y presentados en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México, para que declaren en torno a los hechos del 12 de diciembre, en los que murieron dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Dos de los servidores públicos ya son investigados por la Contraloría del Estado para determinar probables responsabilidades administrativas y las sanciones que deban aplicarse, en caso de comprobarse su probable responsabilidad en los sucesos ocurridos en la vía federal a Acapulco. Los servidores públicos fueron presentados por agentes federales, debido a que no acudieron a un citatorio de la PGR, como ya lo hicieron algunos otros servidores del gobierno del estado. La PGJE, informará sobre el seguimiento que derive del proceso que inició la PGR, y reitera la disposición del gobierno del estado para el esclarecimiento de los hechos. (Abel Miranda Ayala)
presentados mediante la policía federal, 24 funcionarios de la procuraduría estatal, que en bloques de ocho fueron llevado a la delegación de la PGR a rendir declaración. Inicialmente se corrió el rumor de que los funcionarios estatales estaban siendo detenidos por los federales, sin embargo después empezaron a regresar, una vez que había concluido su declaración ante la fiscalía federal, después se llevaron a otros y por la noche de ayer aún rendía declaración el último grupo de ocho funcionarios estatales, “Estuvieron en calidad de presentados, para que rindieran su declaración del caso de la Normal de Ayotzinapa. Pero no fueron detenidos”, indicó uno de los primeros que fueron llevados y quien pidió que se guardara su anonimato, por su propia seguridad. En el mismo sentido se pronunció el director de Comunicación Social del gobierno del Guerrero, Pedro Julio Valdés Vilchis “sabemos que estuvieron en calidad de presentados, y que están rindiendo su declaración las últimas ocho personas citadas, pero hasta donde sabemos no hay detenidos”, recalcó. Inicialmente se rumoró que estos detenidos podrían ser parte del proceso administrativo que anunció el titular de la Contraloría estatal, Julio César Hernández, y que involucraría justamente a 24 personas, sin embargo esta versión no pudo ser corroborada y además no concuerda, porque las detenciones se hicieron por la autoridad federal, que mantiene abierto el proceso de investigación por el caso Ayotzinapa en lo que tiene que ver con la comisión de delitos del orden federal como es la utilización de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, y el bloqueo a las vías generales de comunicación. Otro de los rumores que se vertieron en torno a esta presentación de funcionarios estatales, versó en el sentido de que la PGR investiga todo lo relacionado al arma tipo AK-47 que se presentó, en una conferencia de prensa tras los lamentables hechos y que presumiblemente se había encontrado luego de que detuvieran a un normalista que en su bolsa llevaba un cargador del arma y al ser interrogado los llevó hasta el sitio donde tenía escondida el arma, versión que ha sido cuestionada luego de que el presunto portador del rifle denunció que fue torturado y llevado a las inmediaciones de la carretera Chilpancingo –Zumpango a realizar disparos con esa arma a fin de que diera positivo en pruebas periciales. La versión también fue cuestionada en el informe preliminar de la CNDH, que consideró que no tiene sustento, además de que de forma por demás extraña en la Procuraduría local se liberó a quien presumiblemente le fue asegurada el arma, siendo que por procedimiento legal por la portación debería haber sido consignado a la PGR y en caso de que se corroborara que accionó el arma, y fue el causante de las muertes como inicialmente se pretendió culpar, debería ser consignado ante el juez como responsable de los homicidios, pero nada de eso pasó. Ocho fueron llevados a México: Por la noche y mediante un boletín la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ocho servidores públicos que laboran en esa institución fueron trasladados y presentados en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México, para que declaren en torno a los hechos del 12 de diciembre, en los que murieron dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Dos de los servidores públicos ya son investigados por la Contraloría del Estado para determinar probables responsabilidades administrativas y las sanciones que deban aplicarse, en caso de comprobarse su probable responsabilidad en los sucesos ocurridos en la vía federal a Acapulco. Los servidores públicos fueron presentados por agentes federales, debido a que no acudieron a un citatorio de la PGR, como ya lo hicieron algunos otros servidores del gobierno del estado. La PGJE, informará sobre el seguimiento que derive del proceso que inició la PGR, y reitera la disposición del gobierno del estado para el esclarecimiento de los hechos. (Abel Miranda Ayala)
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