Niega Aguirre Rivero haber dado la orden de disparar contra normalistas

Cinco elementos de la Policía Ministerial y cinco de la Estatal Preventiva que fungían como escolta del Subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arriola Ibarría, se encuentran arraigados para ser investigados respecto a su participación en los hechos violentos que ocasionaron la muerte de dos
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la tarde del pasado lunes.
Lo anterior fue informado en conferencia de prensa por el Gobernador, Angel Aguirre Rivero, quien en forma tajante negó haber dado la orden del desalojó, “nunca he sido represor y nunca lo seré”, exclamó.
De acuerdo a lo dicho por Aguirre Rivero, los diez policías se encuentran detenidos al interior de sus corporaciones, y sometidos a una investigación que determine su grado de responsabilidad en los nefastos hechos del lunes.
De reunirse los indicios legales que hagan presumir su responsabilidad, se les aplicarán las sanciones legales que ameriten, “en mi gobierno no habrá impunidad porque son hechos muy lamentables que no deben pasar ni en Guerrero ni en ninguna parte del mundo”, dijo el mandatario estatal.
Aguirre Rivero rechazó que él personalmente haya dado la instrucción de “limpiar la calle” como lo habría declarado el general Arriola luego del desalojo.
“Niego categóricamente esas declaraciones” y añadió que en el tiempo que lleva al frente del gobierno, han sido muchas las ocasiones en que la Policía Estatal Preventiva tiene que acudir en apoyo de la Policía Federal a desalojar manifestaciones que interfieren con el libre tránsito en las vías federales, sin embargo siempre se da la instrucción para que los elementos asistan armados sólo con escudos y toletes, e incluso recurrentemente se da fe de esto mediante un notario público, sin embargo se reconoció que los videos muestran que elementos de la Policía Federal, así como de la Ministerial del Estado y la escolta del general Arriola Ibarría, asistieron portando armas largas “en un total desacato a las instrucciones”.
Por ello indicó que se dio la instrucción clara para que los cinco elementos que fungían como escolta del ex Subsecretario de Seguridad, Ramón Arriola, fueran detenidos y arraigados para que se presenten ante la autoridad, lo mismo que cinco elementos de la Policía Ministerial que en las imágenes aparecen haciendo disparos y garantizó que si uno de ellos tiene responsabilidad en el doble homicidio, serán castigados con todo el peso de la ley.
A estos elementos se les ha practicado por parte de la Procuraduría General de la República, pruebas de Radizonato de Sodio con lo que se verificará si realizaron disparos, mientras que las armas que portaban serán sometidas a dictámenes balísticos para determinar si algunas de ellas coinciden con las que se usaron para causar la muerte de los jóvenes.
Al gobernador se le cuestionó también sobre los dictámenes periciales que se practicaron a los cadáveres de los jóvenes para determinar qué tipo de arma fue la que realizó el disparo que cegó sus vidas, a lo que respondió indicando primero que no es técnico en la materia, “pero la última información que me pasaron es que a uno de los jóvenes le impactó una bala de AK-47 y al otro una de rifle tipo G3, que serían, la primera, un arma que ninguna corporación policial utiliza, en tanto que el segundo es el rifle oficial del Ejército Mexicano, que desde hace un par de años se permitió que utilizara también la Policía Federal, así como las estatales y municipales en las entidades donde se tiene problemas con la delincuencia organizada.
Aguirre Rivero anunció que se ha pedido a la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, que intervenga en las investigaciones para garantizar que se realicen las indagatorias de forma correcta además de que se ha pedido a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso, sin que esto evite que el gobierno de Guerrero también realice sus propias pesquisas.
“Es un hecho que realmente nos consterna. A uno como gobernador le causa un gran dolor porque mientras estamos empeñado en que las cosas avancen en muchos renglones de Guerrero, aparece un acontecimiento por demás condenable”, dijo.
Sobre la liberación de las 24 personas que fueron detenidas tras el desalojo y en especial de que la Procuraduría General del Estado dijo haberle incautado un fusil de asalto AK-47, mismo que fue exhibido como evidencia de los hechos, Aguirre Rivero indicó que fue liberado porque no se tenían pruebas ni elementos legales suficientes para mantenerlo detenido.
Señaló que pese a que cuatro funcionarios presentaron “voluntariamente su renuncia” a los cargos que ostentaba, ello no les eximirá de responder legal y hasta penalmente por lo ocurrido, si se determina y confirma legalmente su responsabilidad.
En esa situación se encuentran el ex director de la Policía Ministerial del Estado, Antonio Valenzuela Valdez; el ex subsecretario de Seguridad, Ramón Arriola Ibarría; el ex procurador, Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad y Protección Civil, Ramón Almonte Borja.
Finalmente, Angel Aguirre Rivero, señaló que el gobierno del estado no hará más señalamientos respecto a qué corporación fue la que causó la muerte de los jóvenes, para no entrar en controversias con las otras instancias de gobierno: “no queremos hacer ese tipo de juicios que no contribuyen en nada, dejemos que esto fluya, dejemos que sean las investigaciones que con toda responsabilidad nos indiquen y señalen quiénes fueron los que dispararon, de dónde mandaron esas órdenes, y en función de eso proceder con todo el castigo que la ley prevé”. (Abel Miranda Ayala)