JAH: ilegal una comisión ciudadana para investigar el “caso Ayotzinapa”

El presidente de la Comisión Estatal de defensa de los derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, consideró que es inviable la propuesta del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, de crear una comisión ciudadana para que investigue el homicidio de los dos alumnos de la normal de Ayotzinapa, durante el
desalojo del pasado 12 de diciembre en esta capital.
El ombudsman, indicó que para crear una comisión de este tipo tendría que hacerlo el Congreso del Estado a través de la promulgación de una ley, puesto que no hay facultades legales para que el gobernador la cree, pues de hacerlo sería una comisión que tuviera solamente facultados morales, porque estaría deslegitimizada.
Alarcón Hernández, consideró que la investigación que realizan actualmente la CNDH, y las procuradurías Federal y Estatal, tiene toda la legitimación, y por ello es muy difícil que prospere la creación de una comisión ciudadana.
“El caso de una comisión de ciudadanos, sería una cuestión de tipo moral, porque no tendría una legitimación, salvo que el Congreso aprobara una ley donde se creará una comisión ciudadana para investigar hechos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos”.
Por otro lado Juan Alarcón indicó que actualmente la Coddehum, no realiza ninguna intervención en la investigación de los hechos relacionados con la Normal de Ayotzinapa pues la investigación fue atraída en su totalidad por la Comisión Nacional (CNDH), “en una entrevista telefónica con el visitador de la CNDH me pidió que siguiera coadyuvando con la investigación, sin embargo fue sólo una petición verbal y tendría funciones muy limitadas por ello a menos de que se formalizara la petición por escrito la Coddehum se mantendrá al margen”.
Comentó que este caso la CNDH, lo consideró como una violación grave a los derechos humanos lo que ocurrió con la muerte de los dos normalistas y por ello ejerció la facultad que se le concedió con una reforma constitucional aprobada el pasado 10 de junio en el Congreso de la Unión, para atraer el caso y realizar la investigación, facultad que antes sólo tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Abel Miranda Ayala)

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