Exigen la liberación inmediata de los doce policías arraigados por la PGR
Familiares de los cinco policías ministeriales arraigados por la SIEDO, exigieron su liberación inmediata, exigencia a la que se sumó el ex procurador Alberto López Rosas al señalar que “son inocentes”, y que hay irregularidades en las investigaciones del caso del desalojo de normalistas
ocurrido el pasado lunes 12 de diciembre.
Ayer, los familiares de los cinco Policías Ministeriales arraigados por la muerte de dos normalistas el pasado lunes 12 del mes en curso, exigieron su liberación inmediata y afirmaron que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), trasladó “de forma irregular”, a los ministeriales al Distrito Federal, cuando no se ha informado siquiera el motivo de la detención, además de que no está totalmente esclarecido el caso del desalojo violento.
Cabe mencionar que a los cinco ministeriales, se les investiga junto con cinco policías preventivos del estado, por haber participado en el desalojo en el que murieron dos normalistas de Ayotzinapa.
Los ministeriales arraigados son Miguel Ángel Marino Téllez, Abraham Santiago Guzmán Alonso, Alejandro Ramírez Neri, Miguel Ángel Cortés Morales y Santiago Zúñiga Valle; mismos que están relacionados con la averiguación previa BRA/SC/06/2743/2011.
A la exigencia y denuncia se sumaron ayer otros agentes ministeriales que de igual forma, bajo el anonimato como los propios familiares, afirmaron que sus compañeros “son inocentes”.
Los inconformes afirmaron que los cinco ministeriales fueron trasladados el sábado 17 de diciembre sin notificación previa al Distrito Federal, “pero luego fueron devueltos a la delegación estatal de la PGR en Chilpancingo, incluso los devolvieron al otro día ya casi al anochecer”.
Agregaron que a ellos como familiares, nunca se les ha informado sobre la situación legal que atraviesan los 12 arraigados.
Ayer, los familiares de los ministeriales arraigados se reunieron con el ex procurador de justicia del estado, Alberto López Rosas; con quien acordaron emprender una lucha conjunta por la liberación de los ministeriales.
Afirmaron que en manos del ex fiscal, hay elementos suficientes para comprobar la inocencia de sus familiares, incluso para demostrar que ellos no fueron los que dieron muerte a los normalistas, sino más bien, “llegaron cuando ya los normalistas habían caído”.
Lo que dice la PGR:
Por su parte en un escueto boletín de prensa la Procuraduría General de la República dio a conocer lo siguiente:
En relación a la investigación de los hechos donde perdieron la vida dos estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se obtuvo arraigo para seis policías estatales y seis ministeriales, uno de los cuales, fue detenido a solicitud de la
PGR.
Una vez analizada la situación jurídica del caso y en estrecha coordinación con las autoridades de Guerrero, se obtuvo de un Juez
del estado la medida cautelar por un término de 30 días, a partir del 18 de diciembre.
La Procuraduría General de la República reitera su compromiso de continuar estableciendo coordinación y cooperación con las autoridades del estado, ya que cuando nos encontramos ante hechos, que lastiman y laceran a la sociedad mexicana, no existen barreras de fuero que nos impidan trabajar estrechamente para llegar a la verdad de los hechos, siempre en favor de la justicia.
ocurrido el pasado lunes 12 de diciembre.
Ayer, los familiares de los cinco Policías Ministeriales arraigados por la muerte de dos normalistas el pasado lunes 12 del mes en curso, exigieron su liberación inmediata y afirmaron que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), trasladó “de forma irregular”, a los ministeriales al Distrito Federal, cuando no se ha informado siquiera el motivo de la detención, además de que no está totalmente esclarecido el caso del desalojo violento.
Cabe mencionar que a los cinco ministeriales, se les investiga junto con cinco policías preventivos del estado, por haber participado en el desalojo en el que murieron dos normalistas de Ayotzinapa.
Los ministeriales arraigados son Miguel Ángel Marino Téllez, Abraham Santiago Guzmán Alonso, Alejandro Ramírez Neri, Miguel Ángel Cortés Morales y Santiago Zúñiga Valle; mismos que están relacionados con la averiguación previa BRA/SC/06/2743/2011.
A la exigencia y denuncia se sumaron ayer otros agentes ministeriales que de igual forma, bajo el anonimato como los propios familiares, afirmaron que sus compañeros “son inocentes”.
Los inconformes afirmaron que los cinco ministeriales fueron trasladados el sábado 17 de diciembre sin notificación previa al Distrito Federal, “pero luego fueron devueltos a la delegación estatal de la PGR en Chilpancingo, incluso los devolvieron al otro día ya casi al anochecer”.
Agregaron que a ellos como familiares, nunca se les ha informado sobre la situación legal que atraviesan los 12 arraigados.
Ayer, los familiares de los ministeriales arraigados se reunieron con el ex procurador de justicia del estado, Alberto López Rosas; con quien acordaron emprender una lucha conjunta por la liberación de los ministeriales.
Afirmaron que en manos del ex fiscal, hay elementos suficientes para comprobar la inocencia de sus familiares, incluso para demostrar que ellos no fueron los que dieron muerte a los normalistas, sino más bien, “llegaron cuando ya los normalistas habían caído”.
Lo que dice la PGR:
Por su parte en un escueto boletín de prensa la Procuraduría General de la República dio a conocer lo siguiente:
En relación a la investigación de los hechos donde perdieron la vida dos estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se obtuvo arraigo para seis policías estatales y seis ministeriales, uno de los cuales, fue detenido a solicitud de la
PGR.
Una vez analizada la situación jurídica del caso y en estrecha coordinación con las autoridades de Guerrero, se obtuvo de un Juez
del estado la medida cautelar por un término de 30 días, a partir del 18 de diciembre.
La Procuraduría General de la República reitera su compromiso de continuar estableciendo coordinación y cooperación con las autoridades del estado, ya que cuando nos encontramos ante hechos, que lastiman y laceran a la sociedad mexicana, no existen barreras de fuero que nos impidan trabajar estrechamente para llegar a la verdad de los hechos, siempre en favor de la justicia.
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