Esconde la PGR información sobre las investigaciones contra los “Ayotzinapos”

La Delegación en Guerrero de la Procuraduría General de la República (PGR), se ha negado a proporcionar información sobre el curso de las investigaciones sobre las denuncias recibidas en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, tras la serie de
manifestaciones en las que se les ha señalado de provocar daños a terceros con el bloqueo de vías federales de comunicación, secuestrar autobuses y choferes y afectar los ingresos de comercios en la capital del estado.
Ello, aun cuando en espacios como redes sociales y medios de comunicación, la ciudadanía en general se ha inconformado porque durante sus protestas los jóvenes normalistas han llegado al extremo de poner en riesgo la integridad física de la población.
Por ejemplo, cuando en su afán por presionar a las autoridades, han recurrido al “secuestro” de camiones repartidores de gas, y colocan los cilindros sobre la carretera, amenazando con explotarlos si no se les resuelve una serie de demandas.
O lo ocurrido el pasado 12 de diciembre, cuando incendiaron una bomba despachadora de combustible de la gasolinera Eva, ubicada en la salida sur de Chilpancingo, durante la protesta en la que resultaron asesinados dos de sus compañeros estudiantes.
Diversos sectores de la sociedad civil se han pronunciado porque el gobierno investigue y sancione estas conductas que se salen de lo permitido como parte del derecho de manifestación, y piden a las autoridades de gobierno garantizar los derechos del resto de la población, que es la que trabaja y produce para mantener viva la economía de la entidad.
Los empresarios de Chilpancingo, a través de la Coparmex, han denunciado públicamente que durante cada manifestación de los estudiantes, registran pérdidas de hasta medio millón de pesos, y piden que el estado garantice sus derechos, su integridad y la de sus patrimonios.
Esta semana, directivos de la terminal Estrella de Oro de Chilpancingo señalaron que los normalistas de Ayotzinapa mantienen secuestrados varios de sus autobuses y choferes, y que interpusieron la denuncia correspondiente ante la PGR, pero esta instancia no les ha informado sobre los avances, o ni siquiera si por lo menos está tomando cartas en el asunto.
Sin embargo, la delegación estatal de la PGR ha negado cualquier información relacionada, con el pretexto de mantener la secrecía de la investigación.
La dependencia no ha dado información sobre cuántas denuncias ha recibido en contra de los normalistas de Ayotzinapa, por qué delitos, el avance que éstas llevan, ni las personas o empresas afectadas. Tampoco si existe una cuantificación de los daños causados por los estudiantes, desde la intensificación de sus protestas, el pasado 13 de diciembre, un día después de los hechos donde murieron dos de ellos.
Menos ha informado si se analiza la posibilidad de proceder legalmente contra los responsables de estos delitos, o si desconocen quién los ha cometido. (www.agenciairza.com)