“Ratas de dos patas” engañaron vilmente a campesinos de Atlixtac
Campesinos del municipio de Atlixtac en la zona de la Montaña del estado, enfrentan una denuncia penal que interpuso la Secretaría de Desarrollo Social Federal, ante la Procuraduría General de la República, con la que les reclama la devolución de cerca de medio millón de pesos que supuestamente
les fueron entregados para proyectos productivos, pero que en realidad nunca recibieron, pero que sí podría haber sido cobrado por funcionarios.
De acuerdo con la versión de campesinos involucrados en la denuncia, en el año 2009, líderes de la comunidad y dos presuntos técnicos especialistas en bajar recursos federales a través de la elaboración de proyectos productivos, les solicitaron documentación para que fueran beneficiados con el financiamiento de dos proyectos, que de acuerdo con la denuncia si se aprobaron y en un caso se recibieron 200 mil pesos y en el otro 270 mil, sin embargo a los listados de beneficiarios se les incluyó un nombre que no es una persona de la comunidad y fue quien recibió el dinero que hoy les reclama la SEDESOL.
Apolinar Moyao Rendón, quien encabeza uno de los dos grupos que presuntamente fueron beneficiados con recursos para los proyectos productivos, informó que la delegación de la SEDESOL ahora les está cobrando 200 mil pesos que según funcionarios de la dependencia les entregaron para una plantación y comercialización de durazno, pero al no tener la posibilidad de comprobar la aplicación de esos recursos que no recibieron, la SEDESOL federal presentó la denuncia penal correspondiente, misma que está procediendo, al grado que la delegación de la PGR ya los citó a declarar los días 13, 14 y 15 de noviembre.
El inicio del problema se remonta al año 2009, cuando el 25 de mayo fueron convocados a una reunión en la colonia Dos Cruces, de Atlixtac, por María Vargas Casarrubias, propietaria de la casa donde se realizó la reunión, en esa ocasión, el padre de la convocante, Josué Vargas Ramírez, presentó a dos asistentes en proyectos productivos, que, les dijo, venían del puerto de Acapulco.
Los dos “expertos en proyectos productivos” les dijeron que ellos gestionaban los recursos ante las distintas dependencias, pero principalmente de la SEDESOL federal. Les dijeron que para que fueran beneficiados les solicitaron que formaran grupos de 10 a 12 personas y que les entregaran documentos como credencial de elector, Clave Única del Registro de Población (CURP) y un comprobante de domicilio.
Posteriormente los dos “gestores” les dijeron que debían escoger un proyecto productivo, y que el señor Josué Vargas Ramírez les daría respuesta de su viabilidad en ese mismo año.
Informó que en esa reunión asistieron vecinos de la colonia Dos Cruces, Los Manantiales, así como de las comunidades de Huiztacotla, Rancho Viejo, Tecomulapa y San José.
Después, los habitantes de esos lugares ya no volvieron a ver a los dos asistentes en proyectos productivos, que presuntamente iban de Acapulco, ni tampoco supieron del trámite, aunque por versiones extraoficiales supieron que algunos de sus paisanos estaban recibiendo chivos y que quien encabezaba a los que estaban entregando los animales era María Vargas Casarrubias.
Fue hasta el 26 de marzo del 2011 cuando se presentó en la colonia Dos Cruces de Atlixtac, la licenciada Sandra Vázquez, quien se dijo funcionaria de la SEDESOL y que acudía a supervisar los proyectos productivos entregados en esa localidad, mismos que, les dijo, ascendían a 470 mil pesos.
La funcionaria acudió directamente con Apolinar Moyao Rendón a quien le dijo que había recibido 200 mil pesos, junto con el grupo de personas que encabezó para echar a andar el programa de riego de huerto de durazno.
Moyao Rendón informó que la licenciada de SEDESOL mostró un documento del proyecto en el que se incluía la lista de los presuntos beneficiados, sin embargo en esta aparecía el nombre de Carmen Pimentel Ramírez, a quien no conocen, pues no es habitante de la localidad, y de quien suponen que fue la que recibió el cheque de 200 mil pesos para el proyecto productivo.
El campesino agregó que Sandra Vázquez llevaba otra lista de presuntos beneficiados de otro proyecto productivo que supuestamente fue financiado con 270 mil pesos.
Explicó que en esa lista había otra persona desconocida por los pobladores, pero con dirección en la cabecera municipal, ubicada en la calle Tabares número 15, y un aval de radicación expedido por el comisariado de Bienes Comunales, Pascual Ramírez Ibañes, quien firmó y selló dicho documento.
Los presuntos beneficiados con el proyecto del sistema de riego para durazno son: Juan Vicencio, Máximo Nava, Jesús Guevara, Simón Cortés, Félix Flores, Apolinar Moyao y Carmen Pimentel. Esta última es la que no vive en Atlixtac, pero denunciaron que fue la que cobró el cheque, por lo que los afectados demandaron que se centren las investigaciones en ella.
Tambien exigieron que las autoridades deslinden a los afectados a quienes se les acusa de haber recibido el dinero de los proyectos, lo cual, según ellos, nunca ocurrió. (Abel Miranda Ayala)
les fueron entregados para proyectos productivos, pero que en realidad nunca recibieron, pero que sí podría haber sido cobrado por funcionarios.
De acuerdo con la versión de campesinos involucrados en la denuncia, en el año 2009, líderes de la comunidad y dos presuntos técnicos especialistas en bajar recursos federales a través de la elaboración de proyectos productivos, les solicitaron documentación para que fueran beneficiados con el financiamiento de dos proyectos, que de acuerdo con la denuncia si se aprobaron y en un caso se recibieron 200 mil pesos y en el otro 270 mil, sin embargo a los listados de beneficiarios se les incluyó un nombre que no es una persona de la comunidad y fue quien recibió el dinero que hoy les reclama la SEDESOL.
Apolinar Moyao Rendón, quien encabeza uno de los dos grupos que presuntamente fueron beneficiados con recursos para los proyectos productivos, informó que la delegación de la SEDESOL ahora les está cobrando 200 mil pesos que según funcionarios de la dependencia les entregaron para una plantación y comercialización de durazno, pero al no tener la posibilidad de comprobar la aplicación de esos recursos que no recibieron, la SEDESOL federal presentó la denuncia penal correspondiente, misma que está procediendo, al grado que la delegación de la PGR ya los citó a declarar los días 13, 14 y 15 de noviembre.
El inicio del problema se remonta al año 2009, cuando el 25 de mayo fueron convocados a una reunión en la colonia Dos Cruces, de Atlixtac, por María Vargas Casarrubias, propietaria de la casa donde se realizó la reunión, en esa ocasión, el padre de la convocante, Josué Vargas Ramírez, presentó a dos asistentes en proyectos productivos, que, les dijo, venían del puerto de Acapulco.
Los dos “expertos en proyectos productivos” les dijeron que ellos gestionaban los recursos ante las distintas dependencias, pero principalmente de la SEDESOL federal. Les dijeron que para que fueran beneficiados les solicitaron que formaran grupos de 10 a 12 personas y que les entregaran documentos como credencial de elector, Clave Única del Registro de Población (CURP) y un comprobante de domicilio.
Posteriormente los dos “gestores” les dijeron que debían escoger un proyecto productivo, y que el señor Josué Vargas Ramírez les daría respuesta de su viabilidad en ese mismo año.
Informó que en esa reunión asistieron vecinos de la colonia Dos Cruces, Los Manantiales, así como de las comunidades de Huiztacotla, Rancho Viejo, Tecomulapa y San José.
Después, los habitantes de esos lugares ya no volvieron a ver a los dos asistentes en proyectos productivos, que presuntamente iban de Acapulco, ni tampoco supieron del trámite, aunque por versiones extraoficiales supieron que algunos de sus paisanos estaban recibiendo chivos y que quien encabezaba a los que estaban entregando los animales era María Vargas Casarrubias.
Fue hasta el 26 de marzo del 2011 cuando se presentó en la colonia Dos Cruces de Atlixtac, la licenciada Sandra Vázquez, quien se dijo funcionaria de la SEDESOL y que acudía a supervisar los proyectos productivos entregados en esa localidad, mismos que, les dijo, ascendían a 470 mil pesos.
La funcionaria acudió directamente con Apolinar Moyao Rendón a quien le dijo que había recibido 200 mil pesos, junto con el grupo de personas que encabezó para echar a andar el programa de riego de huerto de durazno.
Moyao Rendón informó que la licenciada de SEDESOL mostró un documento del proyecto en el que se incluía la lista de los presuntos beneficiados, sin embargo en esta aparecía el nombre de Carmen Pimentel Ramírez, a quien no conocen, pues no es habitante de la localidad, y de quien suponen que fue la que recibió el cheque de 200 mil pesos para el proyecto productivo.
El campesino agregó que Sandra Vázquez llevaba otra lista de presuntos beneficiados de otro proyecto productivo que supuestamente fue financiado con 270 mil pesos.
Explicó que en esa lista había otra persona desconocida por los pobladores, pero con dirección en la cabecera municipal, ubicada en la calle Tabares número 15, y un aval de radicación expedido por el comisariado de Bienes Comunales, Pascual Ramírez Ibañes, quien firmó y selló dicho documento.
Los presuntos beneficiados con el proyecto del sistema de riego para durazno son: Juan Vicencio, Máximo Nava, Jesús Guevara, Simón Cortés, Félix Flores, Apolinar Moyao y Carmen Pimentel. Esta última es la que no vive en Atlixtac, pero denunciaron que fue la que cobró el cheque, por lo que los afectados demandaron que se centren las investigaciones en ella.
Tambien exigieron que las autoridades deslinden a los afectados a quienes se les acusa de haber recibido el dinero de los proyectos, lo cual, según ellos, nunca ocurrió. (Abel Miranda Ayala)
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