Peritaje de la PGR confirma mal estado del helicóptero Bell asignado a la PGJE

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presentó ayer detalles del peritaje que realizó la PGR al helicóptero equipado que se adquirió durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo para apoyar la operatividad de la Policía Ministerial del Estado (PME), con lo que confirmó que su
adquisición fue un fraude que podría ser atribuido a funcionarios o empresarios, que realizaron la compra venta, por lo que el caso fue turnado a la Contraloría General del Estado, desde donde se interpusieron las denuncias correspondientes.
El procurador, Alberto López Rosas, informó que la aeronave Bell, tipo UH-1H Huey, se encuentra actualmente guardada en el hangar del gobierno estatal, sin poder ser operado, pues la única ocasión que (en esta administración) se intentó poner en funcionamiento logró una altura de 20 centímetros y se desplomó sin causar daños graves al aparato y sus ocupantes.
Detalló que la aeronave no fue contemplada en el acta de entrega recepción levantada por la Contraloría General del Estado, por lo que se tuvieron que levantar actas administrativas en las que se asienta que no consta documentación de esta aeronave.
Esta aeronave fue fabricada en los Estados Unidos de Norteamérica por la Compañía Bell Helicopter en el año de 1966, sirvió al Ejercito de los Estado Unidos de Norteamérica en el segundo mes del año 1967, en 1973 fue trasladada a la base Hambry de Okinawa Japón, en marzo de 1975, retorna USA 1993, por lo que la aeronave cuenta con 6088.6 horas de vuelo.
Para la venta de la aeronave al Estado de Guerrero se le realizaron modificaciones no soportadas por la documentación de mantenimiento para convertirla en modelo UH-1H, es decir incrementar la potencia del motor a pesar de que las especificaciones de la compañía constructora indican que eso no es adecuado, además de que para tener la operatividad que se requiere le hacen falta diversos aparatos de navegación como el radio altímetro, además no tiene línea base ni hit (pruebas que realiza el piloto para saber los parámetros que indican las condiciones del motor de la aeronave), y a bordo, no tiene peso y balance que considere el centro de gravedad con el blindaje instalado.
La aeronave está certificada como de categoría restringida de acuerdo al certificado tipo TCH13WE, lo que le impide volar en cualquier otro país que no sea en el que fue construida a menos de que exista una autorización expresa, misma que no se tiene actualmente para esta aeronave.
El helicóptero que fue volado por el entonces director de la Policía Ministerial, Valentín Díaz Reyes, presenta evidencia que tuvo una reparación por daño en la viga principal izquierda, misma que fue reparada en fecha 23 de septiembre del 2009 y respaldado según el documento UFI-UH1H-002, No. Rev. DATE 9/23/09, por la compañía UNIFLINGHT, en el que se indica que se le realizo una reparación estructural en el área señalada, sin embargo no aparece asentado en ningún documento la temporalidad del daño ni sus causas, es decir que no se indica que tiempo podría resistir operando el helicóptero con esta reparación,.
De acuerdo a las copias de las copias de las facturas 383 y 384 de fecha 21 de mayo del 2009, el helicóptero tuvo un costo de 2 millones 530 mil dólares, mas 20mil 125 dólares de pago por el traslado del helicóptero desde Washington USA a la Ciudad de Chilpancingo, lo que en pesos mexicanos y al tipo de cambio de quince pesos que fue como se pagó el dólar en la factura, el costo final fue de 39 millones 526 mil 937 pesos mismos que según se observa en copia se dice un expediente técnico fue con cargo al Programa de Colaboración Técnica y Operativa para la Coordinación de Acciones Conjuntas e Integrales en la Investigación y Persecución del Delito de Narcomenudeo y en la Desarticulación de Redes Delictivas que se manejó entre el Gobierno del Estado de Guerrero y el Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Cabe señalar que en su momento el entonces gobernador Zeferino Torreblanca, reconoció que fueron víctimas de un fraude en la compra de la aeronave, e indicó que se contaba con una póliza de garantía misma que se haría valer para recuperar la inversión, además de que dijo que ya se habían iniciado las acciones legales correspondientes, sin embargo, ayer, el procurador Alberto López Rosas aseguró que eso fue totalmente falso, pues el gobierno estatal no compró la póliza de garantía, y por ello es que no se puede reclamar que se cambie el aeronave, tampoco inició acción legal alguna para reclamar que la empresa devolviera los recursos tras comprobar que el aparato no tiene las características especificadas en el contrato de compra además de que se trata de un helicóptero que tiene más de 45 años volando.
Finalmente indicó que todas las irregularidades que presenta el aparato se han documentado en el peritaje que realizó personal de la PGR y con ello la Contraloría estatal ha iniciado las acciones legales correspondientes, y el 5 de diciembre próximo se desahogará una audiencia respecto a este tema.
Finalmente el funcionario confirmó que personal de la compañía que vendió el aparato al Gobierno de Guerrero trató de ingresar de forma irregular al hangar para realizar reparaciones o modificaciones al aeronave que ocultaran los vicios pero el personal les impidió hacerlo hasta que se concluyera el peritaje de la PGR y ahora será hasta que se resuelvan las acciones legales.
El Procurador no quiso adelantar si en este fraude se presume la participación de personal del anterior gobierno o se trata en realidad de sólo un fraude cometido por la empresa pues eso, dijo será el motivo de la investigación pero dejó entrever que si funcionarios gubernamentales recibieron un aparato de 45 años, algo turbio hubo ahí, aparte de ignorancia. (Abel Miranda Ayala)