LAS COSAS COMO SON...
POR: Tomás Benítez Cano
INHABILITADOS…
Como siempre ha sucedido, los guerrerenses no tendremos la justicia de ver encarcelados a quienes se robaron los recursos que eran para nuestro bienestar y desarrollo. Fueron muchas las expectativas de que ahora sí se castigaría ejemplarmente a los ex funcionarios del sexenio anterior que incurrieron en
irregularidades, sobre todo por los altísimos montos que supuestamente no comprobaron, desviaron o de plano se robaron. Sin embargo, uno de los alentadores de esas falsas esperanzas, el contralor del estado Julio César Hernández Martínez, al dar los primeros resultados de las auditorías practicadas a la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, informó que cuatro ex servidores públicos fueron inhabilitados por seis años seis meses para ocupar cargos públicos y dos más fueron amonestados públicamente, que es un eufemismo para decir que no les hicieron nada.
Los inhabilitados son el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Ricardo Ernesto Cabrera Morín; el ex encargado de la dirección general del DIF-Guerrero, Juan Carlos Estrada Reyes; el ex director y el ex subdirector de Administración y Finanzas del mismo DIF, Octavio López Gómez y Néstor Morales Silva. El primero no solventó o no comprobó 72 millones 429 mil pesos, mientras que los otros tres no comprobaron 13 millones 765 mil pesos.
La verdad que estos procedimientos de responsabilidad administrativa (así se les llama técnicamente) distan mucho de ser castigo ejemplar, sobre todo si tomamos en cuenta que los ex servidores públicos del sector salud del gobierno de René Juárez que fueron inhabilitados todos ya están incrustados otra vez en el gobierno, como si nada hubieran hecho.
Aunque el documento repartido a los periodistas dice que estos resultados se derivan de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del 2009, la verdad que se obvian muchos aspectos técnicos que no dejan entender cabalmente el asunto. ¿Solamente se revisó ese año? ¿2009 es el universo o es la muestra? Cualquiera que sea la respuesta, lo cierto es que la noticia del contralor ni siquiera llega a un distractor del problema de inseguridad que vive Acapulco, Costa Grande y la Tierra Caliente, mucho menos es un acto de justicia a los guerrerenses.
Lo informado por Hernández Martínez, más bien, es una señal o un adelanto de que Zeferino no pisará la cárcel por los supuestos quebrantos que supuestamente dejó en toda la administración pública estatal, porque resulta que siempre no los hay, al menos no tan cuantiosos como se dijo en repetidas ocasiones desde el gobierno del estado. Se informa que las auditorías sólo encontraron recursos no solventados, lo que quiere decir que no hay desvíos, que no hay sobre precios, facturas apócrifas, obras fantasmas, derroche de recursos, transferencias indebidas. Nada de todas estas tranzas, solo no se comprobaron los dineros.
Y si el nefasto Zeferino no será encerrado, mucho menos José Luis González de la Vega, que aunque dejó en bancarrota a la SEG, cuenta con el apoyo total de la suegra de su hermano, la poderosa líder magisterial Elba Esther Gordillo. ¿Quién se atrevería echarse ese trompo a la uña? Al menos el ex gobernador vilipendiado jamás intentó llamarle la atención siquiera, mucho menos para quitarlo, porque el hacerlo sería una confrontación directa con quien mueve a la mayoría de los maestros en el país. Así es que si usted, como yo, estaba esperando que estos sinvergüenzas fueran castigados con cárcel, siéntese, no se vaya a cansar.
QUE REGADA
Como saben que la viuda de Moisés Villanueva, directa o indirectamente, está apoyando a la Procuraduría en su versión de que el alcalde tlapaneco Wily Reyes es el supuesto autor intelectual del asesinato del legislador federal, sin recato alguno y sin cuidar las formas, personal de esa dependencia se tomó la comedida tarea de convocar a todos los periodistas de Chilpancingo a la conferencia de prensa que daría el lunes la señora Lucía Leyva.
INHABILITADOS…
Como siempre ha sucedido, los guerrerenses no tendremos la justicia de ver encarcelados a quienes se robaron los recursos que eran para nuestro bienestar y desarrollo. Fueron muchas las expectativas de que ahora sí se castigaría ejemplarmente a los ex funcionarios del sexenio anterior que incurrieron en
irregularidades, sobre todo por los altísimos montos que supuestamente no comprobaron, desviaron o de plano se robaron. Sin embargo, uno de los alentadores de esas falsas esperanzas, el contralor del estado Julio César Hernández Martínez, al dar los primeros resultados de las auditorías practicadas a la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, informó que cuatro ex servidores públicos fueron inhabilitados por seis años seis meses para ocupar cargos públicos y dos más fueron amonestados públicamente, que es un eufemismo para decir que no les hicieron nada.
Los inhabilitados son el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Ricardo Ernesto Cabrera Morín; el ex encargado de la dirección general del DIF-Guerrero, Juan Carlos Estrada Reyes; el ex director y el ex subdirector de Administración y Finanzas del mismo DIF, Octavio López Gómez y Néstor Morales Silva. El primero no solventó o no comprobó 72 millones 429 mil pesos, mientras que los otros tres no comprobaron 13 millones 765 mil pesos.
La verdad que estos procedimientos de responsabilidad administrativa (así se les llama técnicamente) distan mucho de ser castigo ejemplar, sobre todo si tomamos en cuenta que los ex servidores públicos del sector salud del gobierno de René Juárez que fueron inhabilitados todos ya están incrustados otra vez en el gobierno, como si nada hubieran hecho.
Aunque el documento repartido a los periodistas dice que estos resultados se derivan de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del 2009, la verdad que se obvian muchos aspectos técnicos que no dejan entender cabalmente el asunto. ¿Solamente se revisó ese año? ¿2009 es el universo o es la muestra? Cualquiera que sea la respuesta, lo cierto es que la noticia del contralor ni siquiera llega a un distractor del problema de inseguridad que vive Acapulco, Costa Grande y la Tierra Caliente, mucho menos es un acto de justicia a los guerrerenses.
Lo informado por Hernández Martínez, más bien, es una señal o un adelanto de que Zeferino no pisará la cárcel por los supuestos quebrantos que supuestamente dejó en toda la administración pública estatal, porque resulta que siempre no los hay, al menos no tan cuantiosos como se dijo en repetidas ocasiones desde el gobierno del estado. Se informa que las auditorías sólo encontraron recursos no solventados, lo que quiere decir que no hay desvíos, que no hay sobre precios, facturas apócrifas, obras fantasmas, derroche de recursos, transferencias indebidas. Nada de todas estas tranzas, solo no se comprobaron los dineros.
Y si el nefasto Zeferino no será encerrado, mucho menos José Luis González de la Vega, que aunque dejó en bancarrota a la SEG, cuenta con el apoyo total de la suegra de su hermano, la poderosa líder magisterial Elba Esther Gordillo. ¿Quién se atrevería echarse ese trompo a la uña? Al menos el ex gobernador vilipendiado jamás intentó llamarle la atención siquiera, mucho menos para quitarlo, porque el hacerlo sería una confrontación directa con quien mueve a la mayoría de los maestros en el país. Así es que si usted, como yo, estaba esperando que estos sinvergüenzas fueran castigados con cárcel, siéntese, no se vaya a cansar.
QUE REGADA
Como saben que la viuda de Moisés Villanueva, directa o indirectamente, está apoyando a la Procuraduría en su versión de que el alcalde tlapaneco Wily Reyes es el supuesto autor intelectual del asesinato del legislador federal, sin recato alguno y sin cuidar las formas, personal de esa dependencia se tomó la comedida tarea de convocar a todos los periodistas de Chilpancingo a la conferencia de prensa que daría el lunes la señora Lucía Leyva.
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