LAS COSAS COMO SON…
POR: Tomás Benítez Cano
HICIERON DESTROZOS Y HASTA PERDON LES DEBEMOS.
Por presión del llamado Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero (FMPEG) y por quedar bien con otras organizaciones similares, que supuestamente son defensoras de derechos humanos, el gobierno del estado pagó los daños millonarios que 38 jóvenes ocasionaron a bancos, tiendas de autoservicio e
instalaciones y servicios públicos, el pasado dos de octubre en esta ciudad capital, a fin de que pudieran recobrar su libertad.
Si el gobierno del estado quiere ganarse la simpatía de los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, así como de los propios vándalos y sus familias, pues hubiera agarrado el dinero del bolsillo del Ejecutivo o de algún otro funcionario y no del erario público, porque esos recursos son del pueblo y están destinados para obras, servicios y cosas sustantivas, no para cubrir los destrozos que esos “jóvenes revolucionarios” ocasionaron.
Además de la irregularidad de echar mano del presupuesto gubernamental para cubrir daños ocasionados por particulares, el gobierno del estado ha sentado un mal precedente en cobijar a personas que delinquieron y como delincuentes debieron de ser juzgados. Ahora resulta que por ser jóvenes, pobres y “resentidos sociales” se les debe de pedir perdón por los desmanes que cometieron.
El vocero del Frente de Masas Populares, Javier Monroy Hernández, en un intento de vernos la cara y de justificar esas acciones de vandalismo, dijo que los muchachos actuaron “movidos por un resentimiento social, como consecuencia de las condiciones en que los mantiene el mismo gobierno; con familias disfuncionales, en la pobreza, sin empleos y sin oportunidades de estudio” (El Sur, martes 4 de octubre, pag. 10). Sin darle muchas vueltas a lo expresado por el defensor de derechos humanos, se infiere y se deduce que todo aquel ciudadano, joven o señorita que sea producto, padezca, viva o tenga alguna de las anteriores condiciones, tiene permitido delinquir.
Sin hacerle al terapeuta ni presumir de padre ejemplar, pero es obvio que el solapamiento y apapacho que recibieron esos jóvenes por haber destrozado los bancos, el oxxo y los semáforos, lejos de hacerlos entrar en razón, los motivará a reincidir. Y si ahora tumbaron y rompieron instalaciones, mañana seguramente se tratará de… dios nos guarde. Pero en fin, el gobierno quiere una medalla de comprensivo y tolerante, mientras que los del Frente de Masas desean acrecentar su clientela, aunque se trate de malandrines y asesinos (como los de La Morena en la sierra de Petatlán).
AUNQUE SEA UNA
En este espacio hemos criticado acremente al procurador Alberto López Rosas por los hierros cometidos en su función como fiscal, pero hoy se ha ganado una doble felicitación por haber casi resuelto lo del asesinato del diputado federal por la Montaña Moisés Villanueva y por reconocer que efectivamente hay agentes ministeriales bien metidos con la delincuencia organizada.
YA ERA HORA
Los gobiernos federal, estatal y municipal de Acapulco pusieron en marcha el programa especial de combate a la delincuencia, en el que participarán policías federales, Ejército, Armada de México y, con la supervisión de éstos, las policías estatal y municipal. Con ello se espera que Acapulco recobre la tranquilidad, y de paso los maestros de la CETEG regresen a dar clases, puesto que ya no habrá pretextos para no hacerlo, pues habrá gobierno a montones, dijeran los calentanos.
HICIERON DESTROZOS Y HASTA PERDON LES DEBEMOS.
Por presión del llamado Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero (FMPEG) y por quedar bien con otras organizaciones similares, que supuestamente son defensoras de derechos humanos, el gobierno del estado pagó los daños millonarios que 38 jóvenes ocasionaron a bancos, tiendas de autoservicio e
instalaciones y servicios públicos, el pasado dos de octubre en esta ciudad capital, a fin de que pudieran recobrar su libertad.
Si el gobierno del estado quiere ganarse la simpatía de los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, así como de los propios vándalos y sus familias, pues hubiera agarrado el dinero del bolsillo del Ejecutivo o de algún otro funcionario y no del erario público, porque esos recursos son del pueblo y están destinados para obras, servicios y cosas sustantivas, no para cubrir los destrozos que esos “jóvenes revolucionarios” ocasionaron.
Además de la irregularidad de echar mano del presupuesto gubernamental para cubrir daños ocasionados por particulares, el gobierno del estado ha sentado un mal precedente en cobijar a personas que delinquieron y como delincuentes debieron de ser juzgados. Ahora resulta que por ser jóvenes, pobres y “resentidos sociales” se les debe de pedir perdón por los desmanes que cometieron.
El vocero del Frente de Masas Populares, Javier Monroy Hernández, en un intento de vernos la cara y de justificar esas acciones de vandalismo, dijo que los muchachos actuaron “movidos por un resentimiento social, como consecuencia de las condiciones en que los mantiene el mismo gobierno; con familias disfuncionales, en la pobreza, sin empleos y sin oportunidades de estudio” (El Sur, martes 4 de octubre, pag. 10). Sin darle muchas vueltas a lo expresado por el defensor de derechos humanos, se infiere y se deduce que todo aquel ciudadano, joven o señorita que sea producto, padezca, viva o tenga alguna de las anteriores condiciones, tiene permitido delinquir.
Sin hacerle al terapeuta ni presumir de padre ejemplar, pero es obvio que el solapamiento y apapacho que recibieron esos jóvenes por haber destrozado los bancos, el oxxo y los semáforos, lejos de hacerlos entrar en razón, los motivará a reincidir. Y si ahora tumbaron y rompieron instalaciones, mañana seguramente se tratará de… dios nos guarde. Pero en fin, el gobierno quiere una medalla de comprensivo y tolerante, mientras que los del Frente de Masas desean acrecentar su clientela, aunque se trate de malandrines y asesinos (como los de La Morena en la sierra de Petatlán).
AUNQUE SEA UNA
En este espacio hemos criticado acremente al procurador Alberto López Rosas por los hierros cometidos en su función como fiscal, pero hoy se ha ganado una doble felicitación por haber casi resuelto lo del asesinato del diputado federal por la Montaña Moisés Villanueva y por reconocer que efectivamente hay agentes ministeriales bien metidos con la delincuencia organizada.
YA ERA HORA
Los gobiernos federal, estatal y municipal de Acapulco pusieron en marcha el programa especial de combate a la delincuencia, en el que participarán policías federales, Ejército, Armada de México y, con la supervisión de éstos, las policías estatal y municipal. Con ello se espera que Acapulco recobre la tranquilidad, y de paso los maestros de la CETEG regresen a dar clases, puesto que ya no habrá pretextos para no hacerlo, pues habrá gobierno a montones, dijeran los calentanos.
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