Inicia la Contraloría procesos contra 359 trabajadores con dobles plazas
Durante los primeros seis meses del gobierno de Angel Aguirre Rivero, la Contraloría General del Estado, que encabeza Julio César Hernández Martínez, le inició procedimientos administrativos a un total de 359 trabajadores por tener dos o más plazas con horarios incompatibles.
En un informe de actividades correspondiente al periodo que va del uno de abril al 30 de septiembre, el funcionario estatal señala que además la dependencia a su cargo investiga a otros 96 servidores públicos por la presunta comisión en el ejercicio de sus funciones y que ya concluyeron las auditorías practicadas a 12 dependencias del sector central del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados.
Entre las auditorías que ya terminó de practicar la Contraloría, indica, se encuentran Salud, en sus periodos 2005-2010 y enero-marzo de 2011; así como la de Educación 2010 a marzo de 2011; y de Desarrollo Social por el mismo periodo.
Las auditorías que están en proceso son las del Instituto Estatal de Cancerología; del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Instituto de la Policía Auxiliar del Estado (IPAE), y al plantel 27 del Colegio de Bachilleres ubicado en Los Bajos del Ejido.
Señaló que de los 359 procesos administrativos que se iniciaron contra trabajadores que tenían dos o más plazas con horarios incompatibles, Hernández Martínez indica que 52 corresponden al 2009; 209 al 2010 y 98 que año que transcurre.
En el informe, el contralor general del estado manifiesta que la dependencia a su cargo impulsa la consolidación de una cultura de innovación, calidad y ética pública, para prevenir actos de corrupción y orientar el aparato público hacia el óptimo cumplimiento de sus fines.
Para finalizar, expresó que el objetivo de la Contraloría General del Estado es vigilar el ejercicio de los recursos públicos para lograr una gestión institucional provista de calidad y transparencia, con acciones y programas que atiendan la prevención de conductas irregulares para un frontal combate a la corrupción conforme a la normatividad vigente. (Baltazar Jiménez Rosales)
En un informe de actividades correspondiente al periodo que va del uno de abril al 30 de septiembre, el funcionario estatal señala que además la dependencia a su cargo investiga a otros 96 servidores públicos por la presunta comisión en el ejercicio de sus funciones y que ya concluyeron las auditorías practicadas a 12 dependencias del sector central del gobierno del estado y organismos públicos descentralizados.
Entre las auditorías que ya terminó de practicar la Contraloría, indica, se encuentran Salud, en sus periodos 2005-2010 y enero-marzo de 2011; así como la de Educación 2010 a marzo de 2011; y de Desarrollo Social por el mismo periodo.
Las auditorías que están en proceso son las del Instituto Estatal de Cancerología; del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Instituto de la Policía Auxiliar del Estado (IPAE), y al plantel 27 del Colegio de Bachilleres ubicado en Los Bajos del Ejido.
Señaló que de los 359 procesos administrativos que se iniciaron contra trabajadores que tenían dos o más plazas con horarios incompatibles, Hernández Martínez indica que 52 corresponden al 2009; 209 al 2010 y 98 que año que transcurre.
En el informe, el contralor general del estado manifiesta que la dependencia a su cargo impulsa la consolidación de una cultura de innovación, calidad y ética pública, para prevenir actos de corrupción y orientar el aparato público hacia el óptimo cumplimiento de sus fines.
Para finalizar, expresó que el objetivo de la Contraloría General del Estado es vigilar el ejercicio de los recursos públicos para lograr una gestión institucional provista de calidad y transparencia, con acciones y programas que atiendan la prevención de conductas irregulares para un frontal combate a la corrupción conforme a la normatividad vigente. (Baltazar Jiménez Rosales)
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