Hasta en adultos mayores hubo desvíos con Zeferino, son cien millones de pesos

La Contraloría General del Estado, detectó un desvío de cuando menos cien millones de pesos en el Instituto de Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), que corresponden a la pasada administración estatal.

En base a una auditoría, la dependencia estatal confirmó un cúmulo de irregularidades tan sólo en el padrón del programa “Pensión Guerrero”, confirmó el sub-contralor de Auditorías, Alfonso Damián Peralta.
En conferencia de prensa que ofreció ayer miércoles en la sala de juntas de la dependencia estatal de Palacio de Gobierno acompañado del titular, Julio César Hernández Martínez, el funcionario dijo que fue revisado el 60 por ciento del padrón de beneficiarios de ese programa que corresponde de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2010 y de enero a marzo de este año.
Informó, que derivado de esa revisión detectaron una serie de anomalías en el padrón de beneficiarios cuyo monto cuantificado hasta el momento es de aproximadamente cien millones de pesos no comprobados.
Precisó que esas irregularidades consisten en pagos que realizó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del programa “Pensión Guerrero” en la pasada administración estatal a personas ya fallecidas.
También se efectuaron pagos a personas que no cumplen con la edad mínima de 62 años para poder ser beneficiarias pues afirmó que encontraron decenas de actas de nacimientos alteradas.
De igual forma detectaron personas que cobraron “Pensión Guerrero” y recibían al mismo tiempo beneficios del ISSSTE e IMSSS, “esos beneficiados coincidentemente estaban cobrando doble”, dijo el funcionario.
Incluso dijo que realizaron pruebas de dactiloscopia al 60 por ciento de los expedientes incluidos en ese padrón y detectaron que las huellas y firmas no coinciden con las identificaciones que presentaron los beneficiados al momento de recibir sus pagos.
Por esa serie de irregularidades, Damián Peralta, informó que la Contraloría del Estado investiga directamente al ex director general del IGATIPAM, Héctor Vela Carvajal, y a quienes fueron responsables de las áreas contables y financieras, Saraí Márquez Hernández, Miguel Suástegui Gallegos e Iván Mendoza Valencia.
No obstante al funcionario se le cuestionó por qué hasta ahora dio a conocer los resultados de esa auditoría, justo en el momento que la actual administración del IGATIPAM también es señalada de corrupción por sus trabajadores.
Comentó al respecto que esa auditoría se realizó a petición del actual director general, Alejandro Arcos Catalán la cual concluyó el pasado lunes 10 de octubre y a partir del martes inició el plazo de 45 días para que la actual administración del IGATIPAM presente la información de solventación por ser un hecho institucional, aunque expuso que ese proceso se había iniciado desde hace dos meses aproximadamente.
El contralor general, Julio Hernández Martínez informó que los cuatro ex funcionarios estatales que operaron el programa “Pensión Guerrero” serán sujetos a procesos administrativos y no descartó que sean inhabilitados por esos hechos.
Incluso de resultar responsables directos en el desvío millonario de recursos de ese programa se presentarían las demandas penales que correspondan.
El director general del IGATIPAM Alejandro Arcos Catalán informó que al menos 2 mil beneficiarios han sido dados de baja del padrón del programa “Pensión Guerrero” debido al proceso de depuración.
Comentó que esos beneficiados dados de baja estaban cobrando irregularmente porque en su mayoría estaban duplicados y algunos otros no reunían los requisitos para ser beneficiados con ese programa.
Dijo que la detección de esas irregularidades es resultado del cruce de padrones que realizaron con el ISSSTE, IMSS y otros programas que opera en Guerrero el gobierno federal, “hemos detectado que tienen apoyos con otras instituciones”.
Anunció que el próximo pago de “Pensión Guerrero” que realizarán el siete de noviembre lo harán en efectivo y personalizado en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo de Azueta, Iguala y Taxco y ya no a través de la tarjeta del Banco Azteca que la pasada administración estatal otorgó a los beneficiarios.
La intención –dijo- es que “el beneficiario asista de manera personal y corroboremos su supervivencia, si el beneficiario no goza de una buena salud, iremos a su domicilio a pagarle” y comentó que esa nueva estrategia es atendiendo las indicaciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero para tener control y orden en la aplicación de los recursos. (www.agenciairza.com)

Comentarios