Denunciaron penalmente ante la PGR a ex funcionarios públicos

El contralor general del Estado, Julio César Hernández Martínez, confirmó que el martes pasado se interpusieron denuncias penales ante la Procuraduría General de la República –PGR- en contra de cinco ex funcionarios de la administración anterior, quienes tienen adeudos de comprobación por
varios millones de pesos, mismos que hace un par de semanas fueron oficialmente inhabilitados para ocupar cargos en la administración pública.
Comentó que las denuncias se turnaron a la Subprocuraduría de Delitos Federales y específicamente a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que será donde se desahoguen todos los trámites y procedimientos correspondientes, de acuerdo con las leyes en la materia, que serán quienes finalmente determinarán si existen elementos para consignarlas ante un juez federal.
En el caso de la Contraloría, indicó el titular, en adelante ya sólo le queda estar al pendiente del desahogo y aportar si es que se le requiere, pruebas o soportes documentales, “vamos a tener reuniones con el subprocurador y el fiscal de tal manera que todo se integre conforme lo marca la ley y se tengan los resultados en el estricto marco legal”.
De los ex funcionarios que se denunciaron penalmente ante la PGR y que ya habían sido sancionados con una inhabilitación por la propia Contraloría, tres fueron directivos de primer nivel del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-Guerrero.
Ellos son Juan Carlos Estrada Reyes, quien ocupó el cargo de director general, Octavio López Gómez, ex director de Administración y Finanzas del DIF-Guerrero y Néstor Morales Silva, subdirector de Administración y Finanzas del DIF-Guerrero, quienes supuestamente otorgaron recursos a la Asociación Civil "Mariana Trinitaria", al través del proveedor "Materiales para el Desarrollo S.A. de C.V.”.
Otra de las supuestas irregularidades fue la adquisición de útiles escolares para el programa Mochilas de Corazón, en donde se fraccionaron los contratos para que no tuviera que realizarse una licitación pública, generando con ello un daño al erario de tres millones 499 mil 800 pesos,
Otro de los funcionarios denunciados penalmente es David González Añorve, quien ocupó el cargo de secretario técnico del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. A él se le atribuye una afectación al erario público del orden de los 372 millones de pesos.
Finalmente, el ex funcionario de mayor nivel sancionado fue el ex secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Ricardo Ernesto Cabrera Morín, quien dejó de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la recepción de presupuesto para infraestructura educativa y con ello violó la ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, además de que existen diferencias entre lo reportado en el informe trimestral y lo plasmado en el informe final del cierre de ejercicio, por lo que se le atribuye una afectación al erario de más de 72 millones de pesos.
Estos funcionarios hace un par de semanas fueron inhabilitados pro la contraloría para ocupar puestos públicos, y de acuerdo con el titular de la dependencia, los cinco solicitaron que la sanción sea reconsiderada, “recibimos los documentos que presentó cada uno y en breve entraremos en un proceso de análisis para después emitir un resolutivo que podría ser en el mes de noviembre”. (Abel Miranda Ayala)