Abogado: la liberación de los 39 vándalos fue desatinada, incorrecta y generará impunidad
Aparte de desatinada, la determinación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en cuanto a dejar en libertad —aún bajo las reservas de ley— a los 39 vándalos detenidos el pasado dos de octubre, fue política y socialmente incorrecta, porque alentará la impunidad, consideró el abogado
penalista Rafael Mendoza Ventura.
Desde su punto de vista, el también integrante de la Barra de Abogados de Chilpancingo con esta decisión, la Procuraduría “consiente la impunidad “al proteger a grupúsculos de personas que sin justificante dañan a la sociedad, a los gobiernos municipal y estatal y a la iniciativa privada”.
De esta manera, Mendoza Ventura se refirió a la liberación de los 39 vándalos que el pasado dos de octubre cometieron daños al equipamiento urbano de la ciudad al pintarrajear la alameda Granados Maldonado, edificios públicos y privados y destrozaron semáforos, además de cometer daños en tres instituciones bancarias y cometer el delito robo con violencia en la tienda OXXO ubicada en la esquina que forman la avenida Juan Ruiz de Alarcón y la calle Adrián Castrejón, en la contraesquina del Centro Escolar Chilpancingo.
En este sentido, el abogado penalista expresó que la decisión de la PGJE de poner en libertad a los 39 vándalos, fue “política y socialmente incorrecta porque está generando impunidad, independientemente del enfado de la sociedad por la salida que a este caso le dio el gobierno”.
Pero además, resaltó que no se debió dejar en libertad a los vándalos porque el delito que se cometió, aparte del de daños, fue el de “robo agravado” y éste no alcanza perdón, lo que sí podría ocurrir por los daños ocasionados.
—¿Por qué tipifica como robo agravado?, ¿cuáles son los elementos que conforman este delito?, preguntó el reportero.
—El robo agravado se da por la cuantía de lo sustraído, el robo agravado se da cuando el bien material sustraído rebasa los 500 salarios mínimos —cerca de 30 mil pesos—; otra de las agravantes es que el robo lo cometan dos o más personas y la tercera es cuando aplican violencia, por eso este delito no alcanza el perdón ni alcanza fianza.
En este caso, un dato que se merece apuntar es que el robo cometido en la tienda OXXO está cuantificado en 70 mil pesos.
—¿Y de cuántos años sería la sentencia para los inculpados si se llegara a ese nivel?
—Cuando se justifica el delito y la responsabilidad penal de las personas, la pena mínima para el robo agravado es de ocho años.
—¿Fue correcta la liberación de estos jóvenes?, se le cuestionó.
—Política y socialmente fue incorrecta porque está generando, independientemente del enfado de la sociedad, por el exceso de estas personas, la salida fácil de que el gobierno subsidiando, está protegiendo y generando la impunidad.
En otras palabras, expresó el abogado penalista, la determinación de la Procuraduría de poner en libertad a los 39 vándalos lo que provocará de aquí en adelante es “que la gente se agrupe para generar violencia o actos vandálicos porque ya saben que el gobierno los va a proteger”.
Aún más, Mendoza Ventura apuntó que si el gobierno del estado paga los daños ocasionados por los vándalos, será con el dinero de los ciudadanos que pagan impuestos.
Finalmente, señaló que por la cercanía del proceso electoral del 2012, el abogado también consideró que la decisión de la Procuraduría podría tener un sesgo político electoral. (Baltazar Jiménez Rosales)
penalista Rafael Mendoza Ventura.
Desde su punto de vista, el también integrante de la Barra de Abogados de Chilpancingo con esta decisión, la Procuraduría “consiente la impunidad “al proteger a grupúsculos de personas que sin justificante dañan a la sociedad, a los gobiernos municipal y estatal y a la iniciativa privada”.
De esta manera, Mendoza Ventura se refirió a la liberación de los 39 vándalos que el pasado dos de octubre cometieron daños al equipamiento urbano de la ciudad al pintarrajear la alameda Granados Maldonado, edificios públicos y privados y destrozaron semáforos, además de cometer daños en tres instituciones bancarias y cometer el delito robo con violencia en la tienda OXXO ubicada en la esquina que forman la avenida Juan Ruiz de Alarcón y la calle Adrián Castrejón, en la contraesquina del Centro Escolar Chilpancingo.
En este sentido, el abogado penalista expresó que la decisión de la PGJE de poner en libertad a los 39 vándalos, fue “política y socialmente incorrecta porque está generando impunidad, independientemente del enfado de la sociedad por la salida que a este caso le dio el gobierno”.
Pero además, resaltó que no se debió dejar en libertad a los vándalos porque el delito que se cometió, aparte del de daños, fue el de “robo agravado” y éste no alcanza perdón, lo que sí podría ocurrir por los daños ocasionados.
—¿Por qué tipifica como robo agravado?, ¿cuáles son los elementos que conforman este delito?, preguntó el reportero.
—El robo agravado se da por la cuantía de lo sustraído, el robo agravado se da cuando el bien material sustraído rebasa los 500 salarios mínimos —cerca de 30 mil pesos—; otra de las agravantes es que el robo lo cometan dos o más personas y la tercera es cuando aplican violencia, por eso este delito no alcanza el perdón ni alcanza fianza.
En este caso, un dato que se merece apuntar es que el robo cometido en la tienda OXXO está cuantificado en 70 mil pesos.
—¿Y de cuántos años sería la sentencia para los inculpados si se llegara a ese nivel?
—Cuando se justifica el delito y la responsabilidad penal de las personas, la pena mínima para el robo agravado es de ocho años.
—¿Fue correcta la liberación de estos jóvenes?, se le cuestionó.
—Política y socialmente fue incorrecta porque está generando, independientemente del enfado de la sociedad, por el exceso de estas personas, la salida fácil de que el gobierno subsidiando, está protegiendo y generando la impunidad.
En otras palabras, expresó el abogado penalista, la determinación de la Procuraduría de poner en libertad a los 39 vándalos lo que provocará de aquí en adelante es “que la gente se agrupe para generar violencia o actos vandálicos porque ya saben que el gobierno los va a proteger”.
Aún más, Mendoza Ventura apuntó que si el gobierno del estado paga los daños ocasionados por los vándalos, será con el dinero de los ciudadanos que pagan impuestos.
Finalmente, señaló que por la cercanía del proceso electoral del 2012, el abogado también consideró que la decisión de la Procuraduría podría tener un sesgo político electoral. (Baltazar Jiménez Rosales)
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