Podría estallar la violencia en Yextla por indolencia de la Reforma Agraria

*No vigiló la repartición de 39 millones 250 mil pesos que les dio como

indemnización por sus tierras y ahora hay encono entre los ejidatarios

Baltazar Jiménez Rosales

Por culpa de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) Delegación Guerrero, en el Núcleo Ejidal de Yextla, municipio de Leonardo Bravo, la sangre podría llegar al río por el encono que ya se registra entre sus mismos ejidatarios y ciudadanos debido a que esa dependencia federal no vigiló como se
debe el reparto de los 39 millones 250 mil pesos que se dio a tal ejido a manera de indemnización para darle solución a un conflicto de tierras que sostenía con la comunidad de Santiago Tlacotepec.
El caso se agrava debido a que al acudir a la misma SRA, el visitador agrario, Evaristo Rumbo Hernández, simplemente ignoró su demanda de que se realice una investigación por la mala distribución que se dio de los recursos y les dijo que en esta dependencia son absolutos y que sus decisiones no las pueden echar abajo ni las oficinas centrales de la Ciudad de México. Aún más, en la misma Procuraduría Agraria también los han ignorado.
Documentos en mano, los quejosos, Simón López Gómez, Benito Salgado Marino y Bruno Moreno Marino, que fueron nombrados por ejidatarios y ciudadanos de Yextla a quienes no les tocó nada en la repartición de los 39 millones 250 mil pesos, informaron que por muchos años el Núcleo Ejidal de Yextla sostuvo un conflicto de tierras —no se especifica la extensión— con Santiago Tlacotepec.
Para solucionar este conflicto, en el 2009, la SRA convence a los ejidatarios de Yextla, encabezados en ese entonces por Antonio Castro Hidalgo, en su calidad de Presidente del Comisariado Ejidal, de cederle a Santiago Tlacotepec las tierras en disputa y a cambio se les remuneraría con 39 millones 250 mil pesos, cuyo cheque le fue entregado al mismo Castro Hidalgo.
La condición de la SRA fue que de los 39 millones 250 mil pesos, el 50 por ciento se repartiera entre los ejidatarios y el otro 50 por ciento se ejecutara en obras de beneficio social y proyectos productivos. El problema fue que la dependencia federal no le dio seguimiento a estos acuerdos y es ahí donde iniciaron los problemas.
Por principio de cuentas, a la posterior asamblea general de ciudadanos realizada en Yextla, en la que se decidiría el destino de esos recursos, se presentaron Félix Castellanos Hernández, ex diputado del PRD y presidente de la organización social RAZA, y Audaz Cuauhtémoc Martínez, asesor jurídico de la organización PUEDES, y exigieron la entrega del 20 por ciento de los 39 millones 250 mil pesos, supuestamente porque gracias a su gestión se había solucionado el conflicto y les habían liberado ese dinero, lo cual, según los inconformes no fue cierto, pues nunca metieron las manos en el caso.
Pero como en esa asamblea “envolvieron” muy bien a los ejidatarios y ciudadanos, Antonio Castro terminó por darles 8 millones de pesos, “contantes y sonantes”.
Así, de los 31 millones 250 mil pesos que quedan, el Comisariado Ejidal de Yextla decide repartir 27 millones 860 mil 300 pesos entre ejidatarios y ciudadanos “con derecho”, a quienes les toca de a 37 mil 700 pesos por cabeza. De los restantes poco más de 3 millones de pesos, 2 millones 50 mil determina otorgarlo para la impermeabilización de la iglesia del lugar.
Lo malo es que en la repartición de los recursos, fueron ignorados 27 ejidatarios que cuentan con Certificado de Derechos Agrarios y 153 ciudadanos con derechos reconocidos ya que son sucesores de ejidatarios, que son los inconformes que desde esa fecha han hecho llegar documentos de inconformidad ante las autoridades federales sin lograr solución a su demanda.
Incluso, a pesar de que han pedido en reiteradas ocasionas la intervención de la Presidencia de la República, a través de Manuel Llera Blanco, titular de la Red Federal de Servicios a la Ciudadanía, no les han hecho caso, pues incluso han sido ignorados y tratados con prepotencia en la misma Delegación de la Procuraduría Agraria en el estado.
Lo que exigen los ejidatarios inconformes es que la autoridad correspondiente investigue el mal manejo de esos 39 millones 250 mil pesos, a la SRA Delegación Guerrero y que se sancione a los “líderes vividores” Félix Castellanos Hernández y Audaz Cuauhtémoc Martínez Uriarte y de paso advierten que la situación ha provocado tanto encono entre los mismos ciudadanos y ejidatarios de Yextla que podría derivar en un enfrentamiento.