Autoridades indígenas del Alto Balsas exigen a Almonte que no los inculpe

Comisarios de ocho comunidades indígenas de la zona del Alto Balsas demandaron al Secretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte Borja, que se retracte de sus señalamientos en el sentido de que los accesos “irregulares” que tiene la Autopista del Sol, son utilizados por delincuentes para
cometer fechorías y escapar de la justicia, pues en el caso de los dos accesos que dan comunicación a esta zona náhuatl, los caminos son utilizados por los pobladores, los comerciantes y las autoridades que no son delincuentes.
Indicaron que son miles de indígenas de unas 20 comunidades del Alto Balsas a los que se perjudicaría si se cierran los accesos que tienen a la Autopista, pues la carretera libre que comunica a estos pueblos con la vía federal Chilpancingo-Iguala está en pésimas condiciones, además de que existen tramos con derrumbes que hacen imposible el tráfico.
Los comisarios de: San Agustín Oapan, San Miguel Totolcintla, San Juan Tetelcingo, San Francisco Ozomatlán, Tula del Río entre otros, que pertenecen a los municipios de Eduardo Neri, Mártir de Cuilapan, Huitzuco y Tepecoacuilco, agregaron ayer en conferencia de prensa que desde hace semanas solicitaron una entrevista con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para pedirle que fije una postura al respecto y así poder tomar sus determinaciones, sin embargo el mandatario estatal no les ha respondido.
Los quejosos señalaron que cerrar esos accesos los colocaría en una situación de mayor marginación y aislamiento, sería retroceder 30 años en el tiempo, ya que tendrían que transitar en caminos sin pavimento, llenos de derrumbes, y con ellos se alejarían de los servicios que llegaron con la autopista, como son médicos, maestros, comercio, y muchas otras cosas.
Además comentaron que el acceso a la Autopista fue un ofrecimiento que se les hizo cuando se construía la carretera para que sin problema alguno cedieran sus terrenos, “van a tener acceso a la carretera y con ello una comunicación ágil”, sin embargo en este momento tratan de quitarles ese beneficio.
Precisaron que dichas comunidades, tienen un total de 30 mil habitantes que se van a ver perjudicados por el cierre de los accesos que de acuerdo con la SCT ya comenzaron, y aunque hasta el momento los dos accesos que tiene hacia la zona del Alto Balsas no ha sido tocados, temen resultar afectados.
Finalmente señalaron que la declaración del subsecretario es absurda, pues hasta este momento ahí no se ha encontrado a ninguna persona que tenga relación o esté señalada de ser parte de las bandas del crimen organizado, sin embargo muchas veces desde lo alto del puente Mezcala-Solidaridad, les han arrojado cadáveres de personas que no son de la región, sino que los llevan desde el Estado de Morelos, “entonces la solución no es quitarnos los accesos sino combatir las bandas delincuenciales de forma efectiva”. (Abel Miranda Ayala)