LAS COSAS COMO SON…

Por Tomás Benítez Cano

DE VICTIMAS A VICTIMARIOS

Allá por el año 2007, el campesino “ecologista” Javier Torres Cruz alcanzó fama nacional e internacional por el hecho de haber denunciado --ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal-- al entonces dirigente estatal de los ganaderos guerrerenses, Rogaciano Alba, de haber ordenado el asesinato de la
destacada defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, acto que le permitió, además, alcanzar un estatus de férreo defensor de los bosques de aquella parte de la entidad.
La osadía de enfrentar abiertamente al poderoso ex alcalde de Petatlán Rogaciano Alba Alvarez, de quien se rumoraba que andaba bien metido en el narco y que después esas sospechas resultaron ciertas, pues el hombre está preso por ese delito, hizo que Torres Cruz recibiera el respaldo de organizaciones no gubernamentales y oficiales de derechos humanos nacionales e internacionales, lo que –a su vez-- le permitió convertirse en un referente en la Sierra Madre del Sur y una persona con mucha autoridad entre los ecologistas y defensores de derechos humanos.
De aquel año hasta el día de su muerte, 18 de abril del año en curso, sólo bastaba que Torres Cruz utilizara el celular para denunciar hostigamiento en contra suya y de su familia por parte de grupos paramilitares o del ejército, para que al otro día fuera la nota más destacada de algunos medios. Es más, sus corifeos –dirigentes o miembros de las famosas ONGs-- trataban de sacarle todo el jugo a tan valientes declaraciones, realizando conferencias, actos de protesta, festivales y otras actividades más para que el mundo se diera cuenta cómo sufría aquella honorable familia.
Sin embargo, su papel de víctima llegó a lo más alto cuando a finales del 2008, Javier Torres Cruz desapareció, y como era de esperarse, la familia culpó a Rogaciano y al ejército de ese acto. Nunca se comprobó dónde estuvo, él alegaba que fueron las fuerzas federales quienes lo detuvieron y a quienes se les escapó, lo cual, sobre todo esto último, ofende el sentido común. Lo que sí es cierto es que a partir de ahí todo mundo pidió protección para Javier y toda la familia Torres, quienes viven en el pueblo de La Morena. Esa sobreprotección, ahora lo sabemos, se convirtió en impunidad.
Era tanto el respaldo de las organizaciones de ecologistas y de derechos humanos a la familia Torres Cruz, que después del asesinato de Javier, el pasado 18 de abril, el gobierno del estado se vio obligado a proporcionar medidas cautelares a los nativos de La Morena, mandándoles un grupo de la policía estatal para que los cuide día y noche. Concretamente fue por recomendación de la CODEHUM que se tomó dicha medida, según la versión del subsecretario para Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaide.
Sin embargo, ahora resulta que de víctimas, los Torres Cruz pasaron a ser los verdugos y victimarios de las familias pobres de los pequeños pueblos vecinos de La Morena, como El Timbirichal, El Parazal, Banco Nuevo, entre otras. Lo anterior se desprende de la denuncia que presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado Natalia Ruiz Martínez, quien da pelos y señales de cómo los Torres Cruz asesinaron a su hermano Zenaido, quien era carpintero, pequeño ganadero y agricultor. Lo peor de todo es que lo mataron en estos días que la policía estatal resguarda a los primeros, y por el solo hecho de no querer unírseles como sicario o halcón, según explica la hermana.
La Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán, encabezada por Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón, desmintieron que los Torres Cruz sean miembros de esa agrupación o que sean ecologistas como se autoproclamaban, por el contrario, los acusaron de ser sicarios y narcotraficantes, por lo que le están brindando todo su apoyo a Natalia porque su hermano el difunto Zenaido Ruiz Martínez sí era su compañero.
Por si fuera poco, reportajes periodísticos también están desmitificando a los Torres Cruz, solo el gobierno del estado se está quedando en medio, o mejor dicho, sigue del lado de los agresores y transgresores que en un principio, cuando no salía a flote la verdad, se hacían pasar como agredidos. El funcionario Víctor Aguirre dice que el gobierno solo está cumpliendo la recomendación de la CODEHUM, que por eso se mantiene a los policías resguardando a la mencionada familia. Hay preguntas obligadas, ¿hasta cuándo los van a seguir protegiendo? ¿hasta que ellos acaben con los que no quieren pasarse a su bando de malhechores?
Que quede como lección: antes de tomar decisiones hay que investigar o no actuar sólo porque me lo pidió fulanito.