Aplaude Tlachinollan que los militares puedan ser juzgados en el fuero común
El director del Centro de Derechos Humanos de la Monta, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, recibió con beneplácito la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena el cumplimiento cabal de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla
Pacheco, incluyendo que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles sean juzgadas en tribunales del orden civil y no en el militar como actualmente se emplea.
El defensor de los derechos humanos indicó que con esta resolución en Guerrero se está ante la oportunidad de escribir una nueva historia en materia de castigo a los militares por violaciones a los derechos humanos de civiles, dado que al fijar este criterio la Corte deja claro que los militares tienen que ser investigados y juzgados por los jueces civiles, y no en los juzgados militares que han sido un factor de impunidad y privilegio de castas.
Comentó que en base a este criterio los casos que ya ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) como los de las de las violaciones sexuales por militares a las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, así como el caso del desparecido en 1974 Rosendo Radilla y el de los ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, deben ser enviados inmediatamente a la Procuraduría General de la República (PGR) para su investigación y el castigo a los militares acusados.
Indicó que la resolución de la Suprema Corte se tiene que cumplir, aunque admitió que se trata de una “prueba de fuego” para el Estado Mexicano, pues la determinación de la Corte es que se tiene que restringir el fuero militar y con ellos las autoridades están obligadas a trasladar las investigaciones de los casos ya sentenciados por la COIDH al fuero civil.
Explicó que la resolución de la SCJN también implica que el Poder Legislativo tiene que hacer las reformas constitucionales pertinentes en cuanto a la limitación del fuero militar, porque como se encuentra actualmente dijo que contraviene lo que establece la Convención Americana, “pero por lo pronto los jueces civiles están obligados a cumplir lo que resolvió la Suprema Corte”, insistió.
El director de Tlachinollan dijo que éste es un “buen paso” y admitió que en el contenido de la resolución “no hay ambigüedad, ni hay medias tintas, es clara y contundente; las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares se tienen que revisar por la justicia civil”. (Abel Miranda Ayala)
Pacheco, incluyendo que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles sean juzgadas en tribunales del orden civil y no en el militar como actualmente se emplea.
El defensor de los derechos humanos indicó que con esta resolución en Guerrero se está ante la oportunidad de escribir una nueva historia en materia de castigo a los militares por violaciones a los derechos humanos de civiles, dado que al fijar este criterio la Corte deja claro que los militares tienen que ser investigados y juzgados por los jueces civiles, y no en los juzgados militares que han sido un factor de impunidad y privilegio de castas.
Comentó que en base a este criterio los casos que ya ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) como los de las de las violaciones sexuales por militares a las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, así como el caso del desparecido en 1974 Rosendo Radilla y el de los ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, deben ser enviados inmediatamente a la Procuraduría General de la República (PGR) para su investigación y el castigo a los militares acusados.
Indicó que la resolución de la Suprema Corte se tiene que cumplir, aunque admitió que se trata de una “prueba de fuego” para el Estado Mexicano, pues la determinación de la Corte es que se tiene que restringir el fuero militar y con ellos las autoridades están obligadas a trasladar las investigaciones de los casos ya sentenciados por la COIDH al fuero civil.
Explicó que la resolución de la SCJN también implica que el Poder Legislativo tiene que hacer las reformas constitucionales pertinentes en cuanto a la limitación del fuero militar, porque como se encuentra actualmente dijo que contraviene lo que establece la Convención Americana, “pero por lo pronto los jueces civiles están obligados a cumplir lo que resolvió la Suprema Corte”, insistió.
El director de Tlachinollan dijo que éste es un “buen paso” y admitió que en el contenido de la resolución “no hay ambigüedad, ni hay medias tintas, es clara y contundente; las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares se tienen que revisar por la justicia civil”. (Abel Miranda Ayala)
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