Denuncian inconsistencias en el proceso a inculpados por el caso Sánchez Nava

*Familiares de los 3 detenidos se quejan de que fueron torturados y que la PGJE “fabricó las actuaciones que propiciaron su detención”

Familiares de las tres personas detenidas por presuntas agresiones al perredista Guillermo Sánchez Nava, denunciaron ayer irregularidades en el proceso; en el expediente y en la Averiguación Previa número BRA/SC/06/0058/2011 y se quejaron además de que la Procuraduría General de Justicia del Estado “fabricó
de manera dolosa las actuaciones que propiciaron su detención”, así como también responsabilizaron a la dependencia de maltratos físicos y sicológicos de que son víctimas sus parientes.
Mediante un escrito dirigido a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos –CODDEHUM-, la señora Perla Adi Barrios Morales, esposa de Antonio López Velázquez, precisa que “al revisar las actuaciones notamos que el agente del Ministerio Público ordenó a las seis de la tarde la búsqueda y localización de mi esposo, así como la de los señores Eduardo Sánchez Abarca y Celso Manzano Flores. Sin embargo, los agentes de la Policía Ministerial los detuvieron a las cinco de la tarde con 45 minutos, es decir, 15 minutos antes de que la autoridad ministerial emitiera la orden de presentación y ordenara a los agentes policiacos su cumplimiento”.
Esto es, en tanto que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves, Pablo Alejandro Jasso Barrera acuerda a las 18 horas del día nueve de junio del 2011 la búsqueda, localización y presentación de los tres ahora inculpados, mediante el oficio PGJE/FEIDG/0512/2011, resulta que al responder a dicho documento, mediante el oficio PGJE/DGPM/CZC/722/2011, el coordinador de grupo habilitado de la Policía Ministerial del Estado, David Jesús Urquizo Molina y los agentes Régulo Ortiz Cabrera, Julio Cesar Guzmán Camacho y Leonardo Ramírez Pintor señalan poco más o menos que…
Siendo las 17:45 horas, a la entrada del fraccionamiento “Don Eli” en el tramo Chilpancingo Petaquillas observaron caminando a dos personas del sexo masculino, que resultaron ser dos de los que buscaban por lo que procedieron a su detención….
Acto seguido, puntualiza el informe, que los trasladaron a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado y después, los mismos policías, se dieron a la tarea de localizar al tercer individuo, cuya detención les fue ordenada, al que encontraron a un costado del edificio del Tribunal Superior de Justicia y en donde lo detuvieron.
De ahí la inconformidad de los familiares de los detenidos, que argumentan que es, hasta ridículo, que si entre las 17:45 y vaya usted a saber qué hora los policías ministeriales detuvieron primero a dos y luego al tercero de los ahora indiciados, el Ministerio Público ordene su búsqueda, localización y presentación, a las 18 horas, del mismo día por supuesto.
En la denuncia presentada ante el organismo defensor de los derechos humanos, la quejosa agrega copias del expediente que contiene la citada Averiguación Previa, además de que señala que en los mismos documentos se puede corroborar que cuando su esposo –Antonio López Velázquez- y los otros dos detenidos rindieron su declaración ante la autoridad ministerial, no existía acuerdo alguno o fecha que señale la hora o momento en que declararon ante la misma.
Por todo lo anterior, los familiares de los detenidos, encabezados por la señora Barrios Morales, agregan que al revisar todas y cada una de las diligencia señaladas, pueden asegurar con toda certeza que “la Procuraduría General de Justicia del Estado, al través de la Agencia de Delitos Graves, fabricó de manera dolosa las actuaciones que dieron como origen su detención, ya que las mismas no reúnen los requisitos establecidos por la Constitución General de la República en sus artículos 14,16 y 20, y mucho menos las formalidades que para tal efecto señala el Código de Procedimientos Penales”.
En el mismo documento presentado a la CODDEHUM, Barrios Morales solicita de manera urgente, dadas las irregularidades mencionadas, que se le conceda una medida cautelar consistente “en el cese de hostigamiento para mi esposo y mi familia, así como también pido que este organismo brinde la seguridad que se requiera de parte de la autoridad que se determine. Ello, para que en cualquier momento estemos protegidos de cualquier acción que se pretenda intentar en perjuicio de mi familia”.
Igualmente pidió que personal de la CODDEHUM analice todas y cada una de las diligencias que a partir del nueve de junio “está fabricando el Ministerio Público en contra de mi esposo, y que solicite al Tribunal Superior de Justicia del Estado que el fallo del Juzgado Tercero en Materia Penal, esté ajustado a Derecho y no reciba consigna del Gobierno del Estado o de la propia Procuraduría General de Justicia”.
La señora Barrios Morales precisa que “no es posible que en el Estado sigan ocurriendo este tipo de cosas, y sobre todo que las autoridades no hagan nada para que exista un Estado de Derecho”.
Agrega que es en este momento cuando la CODDEHUM debe dar a conocer la “verdad histórica y jurídica de esta actuación amañada, porque mi esposo es torturado todos los días; lo amenazan con quitarle la vida si no paga protección. Son personas que no tienen escrúpulos y los órganos de procurar justicia no los protegen, por eso exigimos que ya se acabe tanta mentira y le solicitamos al señor gobernador que ayude a nuestros familiares, porque también son guerrerenses honestos que se ganan la vida con su trabajo”.
Finalmente los familiares de los detenidos en cuestión se inconforman por un “detallito” que consiste en que, mientras al principio el Ministerio Público en el citado oficio PGJE/FEIDG/0512/2011, habla únicamente del delito de lesiones agravadas y los que resulten cometido en agravio de Guillermo Sánchez Nava, a la hora de consignar el expediente lo haya hecho por “homicidio agravado en grado de tentativa”.
En fin, esta noche se cumple el término que la ley concede al juez de la causa para determinar la situación legal de los tres detenidos en este asunto, y los familiares de estas personas dicen confiar en que el/la juez habrá de actuar con imparcialidad y sin ceder a presiones políticas. (Redacción)